ELCHE. El próximo jueves, el Consejo de Administración del medio municipal Pimesa tiene previsto hacer la clasificación de las mercantiles que se presentaron al Plan Casa Fácil impulsado por el Ayuntamiento, y que en su primera fase prevé la construcción de 231 viviendas protegidas (VPP). Como ya se sabe, las dos compañías que se han presentado son las ilicitanas Grupo Alcudia, y Fama Rehabilitaciones, que ya se ha llevado la adjudicación de nuevas viviendas protegidasen Alicante. Una de ellas se ha presentado a un lote y la otra a los dos, así que el jueves con la adjudicación provisional se conocerá quién se encarga de construir los inmuebles. La novedad más allá de los plazos es que el Ayuntamiento ha anunciado que llevará a cabo una serie de medidas extra para evitar situaciones como el escándalo de las adjudicaciones de VPP en Alicante. Si bien desde el Consistorio señalan que se hace para garantizar que las viviendas irán para quien lo necesite, no se puede obviar el impacto que ha tenido la situación en la ciudad vecina.

Supervisión de Pimesa de conflictos de interés en las VPP públicas y privadas

Así, aunque la propia legislación (Ley 9/2017) ya establece cuáles son las incompatibilidades de adjudicación de la vivienda protegida, la premisa es en cierta medida estrechar las medidas sobre todo sobre aquellas personas responsables de las futuras adjudicaciones. Ello pasa por que Pimesa revise y se encargue de pasar el filtro no solo a las viviendas públicas que le corresponderán, sino también que sus medidas se extenderán a las de las constructoras que finalmente sean adjudicatarias, ya que ellas podrán establecerán sus propios pliegos de condiciones a la hora de comercializar sus viviendas, que seguirán siendo protegidas, pero de gestión privada.

Por un lado se habilitará un canal de denuncias, explica el alcalde Pablo Ruz, para que si alguien detecta alguna posible irregularidad, pueda denunciarlo de forma anónima. Por otro, la legislación ya indica que las viviendas no se podrán adjudicar a quien ya tenga otra u otras en propiedad, a quien incumpla la ley, a quien falsifique información para acceder al procedimiento, y tampoco a los cargos electos ni altos cargos de la administración.

En este sentido, el regidor explica que sobre este último ámbito es sobre el que se hará especial hincapié. "Ningún asesor del Ayuntamiento podrá inscribirse en el procedimiento. Será cesado de forma automática". Y añade que no se trata de "endurecer los criterios, sino de proteger a quienes lo necesitan", para garantizar que las viviendas protegidas recaigan en quien no lo necesita. 

El vicealcalde Francisco Soler recalca en cualquier caso que esto último ya lo recoge la Ley: "Cualquier funcionario público que tenga conflictos de interés o información privilegiada que tenga que ver con el asunto no podrá participar". En lo que se mejorarán las garantías ya establecidas es con ese filtro directo de Pimesa, a través del canal de denuncia, sus medidas contra el blanqueo de capitales o antifraude, las cuales ya lleva aplicando desde hace años a raíz de la absorción de fondos europeos. 

Este jueves con la adjudicación provisional, se aprobarán también esos condicionantes que se extenderán también a los pliegos de comercialización que redacten las promotoras privadas. Y que posteriormente Pimesa supervisaría en los procesos de adjudicación y elección de las viviendas, analizando si hay o no posibles conflictos de interés con los responsables municipales de las adjudicaciones, así como de los encargados en el caso de la parte privada.  

Preguntado sobre la cuestión, Ruz considera que en cualquier caso, "este es un modelo diferente al de Alicante, que al ser un modelo de cooperativa podía permitir otras interpretaciones de la ley". Eso sí, rechaza de plano las declaraciones de Compromís sobre que el modelo sae el mismo que el de la mencionada polémica, y asegura que "es inmoral, estamos en un procedimiento aún incipiente y no puede hablar ya como si siquiera estuvieran adjudicadas". El alcalde pide "aflojar" en esta cuestión y añade que además es integrante del Consejo de Pimesa.

Los plazos, la construcción y los listados

Respecto a lo estrictamente relacionado con el procedimiento, hay que recordar que aunque los pliegos iniciales del programa Casa Fácil hablan ya de proporciones, aún no se conoce cuántas viviendas le tocarán a la parte pública, que gestionará Pimesa, y con cuántas se queda la privada. Las públicas serán únicamente para alquiler joven, cuya edad límite aún no se ha fijado. Y sobre su precio, Ruz señala que "aún es pronto, pero será similar al de las 76 viviendas de alquiler asequible de Travalón". Y cuyo precio de arrendamiento mensual oscilará entre los 221 y los 572 euros.

En el caso de las viviendas privadas que se quedarán los promotores para comercializar, en su caso sí podrán ser destinadas a la venta, como se había venido contando, aunque con los precios topados que establece la legislación estatal. 

En lo referente a los plazos, esta semana será la preadjudicación, después habrá que adjudicar definitivamente una vez toda la documentación esté conforme. A partir de ahí, las aspirantes, en este caso Fama y Grupo Alcudia se caulcula que entre tres y seis meses elaboren los proyectos de construcción de sus edificios, que además tendrán que ser visados por la Generalitat Valenciana para comprobar que reúnen los requisitos para ser consideradas vivienda protegida. Las firmas ya tienen sus precontratos con las empresas de construcción. Así pues, se prevé que el inicio de obras pueda ser a finales de este año. 

Contando esos tiempos, y que la construcción suele ser de entre año y medio o dos, se cuenta con que las mismas podrían estar finalizadas en el verano de 2027. Y en cuanto a la confección de listados, también se prevé que puedan abrirse en año y medio para que empiecen a adjudicarse los pisos. Ruz añadía que "no tiene sentido empezar ya a abrir listados cuando ni siquiera hemos empezado la construcción, así que será cuando esta ya esté avanzada". Además, en todo caso, llegado el momento el análisis de los aspirantes se hará en base a criterios técnicos, no por orden de presentación.

Las viviendas de la primera fase

El programa que ahora empieza supondrá la construcción en su primera fase en El Pla, Carrús y Torrellano, tras unas permutas cuyo valor máximo de la operación se tasaba en 10,4 millones de euros. En el lote 2 está la parcela del Pla de Sant Josep, en la calle Enrique Pire García, donde se ubicaba el viejo mercado brutalista de El Pla, hoy aparcamiento. Es un terreno de 1.164,37  metros cuadrados, con una edificabilidad residencial de 5.821,77 metros, y 2.385 metros para el garaje. En él se estiman 67 viviendas en cinco plantas, y 78 plazas de aparcamiento. 

El lote 1 está compuesto por tres parcelas. La principal, también en El Pla, en la calle Presidente Adolfo Suárez, 15 (sector E-27), en la zona de El Corte Inglés. Se trata de un gran solar de 4.567 metros de superficie, con una edificabilidad residencial de 14.054 metros, y casi 1.000 comerciales. Le corresponderían unas 150 viviendas en 8 plantas y 193 plazas de aparcamiento. 

Pequeñas promociones en Carrús y Torrellano

Ya en un segundo plano a nivel de precios, en el casco urbano Pimesa cuenta con una parcela en Carrús, en la calle Carmelo Serrano García, 19. Un solar de 85 metros, con un techo residencial potencial de casi 330 metros. Saldrían 4 viviendas en cuatro plantas y el precio de salida es de 107.371,69 metros. Por último, en Torrellano, en la calle Hispanoamérica, 18, la parcela es de 211,5 metros, con edificabilidad de 922,77 metros. 10 viviendas en 5 plantas y un precio de salida de 295.562,05 euros. En total, potenciales 231 viviendas y 271 plazas de aparcamiento.

Compromís vuelve a enmendar la plana a las medidas

Por último, desde Compromís han vuelto a cargar contras el anuncio de las medidas, ya que considera que "no suponen ningún avance significativo en materia de control". Y asevera que serán las constructoras las que se encargarán "de la publicidad, del registro y de demandar la información". Y añade la portavoz Esther Díez que "también se supone que la administración pública verificaba a posteriori el proceso en el caso de Alicante y ya conocemos el resultado, por eso lo fundamental es que el Ayuntamiento se encargue del cien por cien del proceso".

Asimismo, achaca a Ruz estos "anuncios de postureo", ya que sostiene que "lo que no ha dicho Pablo Ruz es que podrán seguir accediendo a estas viviendas personas con ingresos de hasta 66.000 euros porque así lo aprobó el PP en 2024, que también ha subido el precio al que las constructoras podrán vender el metro cuadrado, además de que sólo revertirá al Ayuntamiento un 16% aproximadamente del total de casas". No obstante, preguntado sobre esa proporción que revertiría al Ayuntamiento, el regidor ha señalado que es algo que darán a conocer el jueves y que aún no se sabría.