ALICANTE. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha decidido terciar en la crisis entre los regantes del trasvase Júcar-Vinalopó y la Conselleria de Medio Ambiente de Elena Cebrián, y lo ha hecho reforzando la posición de los usuarios de la transferencia, críticos con la política hídrica de la nueva Generalitat. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante publica este jueves una resolución de la presidenta del organismo de cuenca, María Ángeles Ureña, que otorga a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que preside el empresario Andrés Martínez, la potestad para gestionar todos los caudales disponibles en su área de influencia.
La resolución, firmada el pasado 13 de diciembre pero publicada ahora, recuerda "la obligación de los usuarios de las masas de aguas subterráneas que no se encuentren en buen estado cuantitativo y los de las masas de agua superficial asociadas de integrarse en una Comunidad de usuarios", de acuerdo con el artículo 81 y 87 del texto refundido de la Ley de Aguas. Asimismo, indica que en el ámbito específico del Vinalopó-Alacantí ya existe la Junta que preside Martínez, "integrada por usuarios individuales y comunidades que representan gran parte de los aprovechamientos del sistema de explotación". Por tanto, concluye, la Junta Central "constituye el elemento vertebrador ya existente en la consecución de una explotación racional y sostenible de los recursos hídricos".
En definitiva, la resolución de Ureña viene a reforzar a la Junta Central que preside el empresario villenense, al reconocerla como el ente con la potestad para gestionar la distribución de los caudales disponibles en el sistema, tanto los propios como los que lleguen a través del trasvase Júcar-Vinalopó, y hacer obligatoria la integración en dicha entidad. Dicho de otro modo, quien no esté dentro de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, no podrá recibir agua de la transferencia.
Así, Ureña resuelve en el segundo punto "ordenar la obligatoria integración" en la Junta "de los usuarios de aprovechamientos en las masas de aguas subterráneas que no se encuentran en buen estado", y también los de "las aguas superficiales asociadas", y advierte: "La integración en ella será asimismo requisito indispensable para la recepción de recursos alternativos destinados a la sustitución de recursos de origen subterráneo". Es decir, el agua trasvasada.
La intervención de Ureña a favor de la Junta Central se produce después de que comunidades de regantes críticas con Martínez hayan buscado un acercamiento al Consell al margen de la entidad que éste preside, e incluso se hayan ofrecido a recibir caudales del trasvase 'puenteando' a la Junta, como muestra de respaldo a la toma en el azud de la Marquesa (en lugar de la original en Cortes de Pallás, o la alternativa en Alarcón), que nunca ha convencido al villenense. La distancia entre la Junta Central de Usuarios y el director general del Agua, Manuel Aldeguer, se agrandó cuando éste, siguiendo un informe de la Abogacía, consideró el embalse del Toscar como "de dominio público" y apartó de su gestión a los regantes, para asumirla directamente y revertir así la decisión que había adoptado el último conseller de Agua del PP, José Císcar. El presidente provincial del PP de Alicante considera que quien mejor puede gestionar el agua son precisamente los regantes, y por eso les otorgó la gestión luego revocada por el nuevo Consell.
Algunas comunidades de regantes críticas consultadas este jueves lamentaban la decisión de Ureña, al considerar que "los grandes beneficiarios del trasvase son los Ayuntamientos y Aguas de Alicante, con los que no se ha contado". Asimismo, indican que "el titular del agua es la propia Confederación, no la Junta Central, por lo que debería haberse creado un órgano que uniera a regantes y consistorios". De momento, los regantes de Andrés Martínez ganan peso en la gestión del agua y en las negociaciones sobre el agua trasvasada.