ALICANTE. La semana pasada, 11 de los 102 clubes que competirán el curso 2020/21 en Segunda División B se dirigían por carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para denunciar el, según ellos, "incumplimiento de las normas de rigor económico" y la competencia desleal que practican otros clubes de la categoría.
Badajoz, Cultural Leonesa, Ibiza, Internacional de Madrid, Numancia, Racing Ferrol, Rayo Majadahonda, Salamanca, San Fernando, UCAM Murcia, Unionistas y Zamora apuntaban en su escrito a supuestas prácticas de algunos clubes de la categoría en relación con la contratación de futbolistas como, por ejemplo, la existencia de "pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial" e incluso acusaban al sindicato mayoritario, a la Asociación de Futbolistas Españoles, de "amparar dicha situación con su falta de actuación". Los firmantes también ponían el acento en "determinados comportamientos económicos o de gestión de clubes que crean o pueden crear una situación de desventaja competitiva" como mantener deudas en situación irregular con la Administración y, en consecuencia, exigían a la RFEF "una respuesta" a su denuncia y, más concretamente, conocer "antes de que se inicie la competición qué medidas va a llevar a cabo para tener un mayor control económico de los clubes de Segunda División B y las sanciones correspondientes".
La contestación desde Las Rozas no tardó en llegar. Andreu Camps, secretario general de la RFEF, emplazaba a los clubes firmantes de la misiva a presentar "toda la documentación que obra en su poder que prueba lo que afirman" para que pudieran actuar de forma inmediata, al tiempo que presumía del sistema de control económico que están implementando. El problema es que ese sistema se encuentra ahora mismo en una primera fase de implantación (de nada menos que tres cursos de duración, de los que este es el segundo), una fase en la que tan solo se exige a los clubes la presentación de información económica de manera periódica y a efectos meramente informativos, algo que no parece suficiente para los mencionados once clubes.
A día de hoy, salvo los descensos administrativos por impagos a jugadores que ya se contemplaban en el Reglamento General, a nivel RFEF poco más se puede hacer para sancionar a clubes de Segunda B que incumplen lo que entenderíamos por 'fair play' financiero (otra cosa es que se los denuncie ante la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo o la Fiscalía por pagos 'en B', blanqueo de capitales o tener trabajadores sin contrato, por ejemplo).
'Fair play' financiero en el fútbol no profesional
El citado sistema de control económico que la RFEF decidió empezar a implantar hace un año, tal y como el secretario de la RFEF apunta en su escrito, se condensa en lo dispuesto en la circular 99 del curso 2019/20, publicada el pasado 1 de julio y relativa a las normas en materia de control, supervisión económica en las competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional, y en la circular 7 de esta temporada, sobre las normas reguladores y bases de competición en esas competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional.
Estamos ante un control económico que a día de hoy consiste básicamente en:
- lo previsto en los artículos 101 (la participación en las competiciones dependerá de los méritos deportivos, pero también se puede hacer depender del cumplimiento de otros requisitos en materia de infraestructuras, administrativos, jurídicos y financieros) y 192 (se refiere a los requisitos económicos y a las sanciones (descenso, por ejemplo) para los clubes que mantengan obligaciones económicas vencidas con futbolistas, técnicos u otros clubes) del Reglamento General de la RFEF.
- la obligación de los clubes de presentar cierta documentación económica "a efectos informativos y de valoración general del estado económico-financiero de cada una de las divisiones y en aras a una mejora de los mecanismos de control y salvaguarda de los intereses de la competición": el 21 de septiembre, por ejemplo, finalizaba el plazo que tenían para presentar telemáticamente una previsión de cierre de la cuenta de explotación y balance a 30 de junio del ejercicio 2019/20, un proyecto de presupuesto para la temporada 2020/21 y los contratos de trabajo de la plantilla y los entrenadores (esto han de hacerlo en cualquier momento, cada vez que contraten). Antes del 31 de diciembre los clubes deberán hacer llegar a la RFEF el cierre definitivo a 30 de junio de la cuenta de explotación y el balance definitivo de la temporada 2019/20 y antes del 30 de marzo del año que viene el estado de las cuentas de explotación y el balance cerrado a 31 de diciembre correspondiente al primer semestre de la temporada 2020/21. Además, han de remitir mensual o trimestralmente, según corresponda, toda la documentación que acredite liquidación de cotizaciones sociales y las declaraciones de IVA, IRPF y aplazamientos.
Y así parece que seguirá siendo el próximo curso
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Aunque hace un mes se deslizaba desde Las Rozas que para poder participar la próxima temporada en la Segunda B-Pro (hoy sabemos que se llamará Primera División RFEF) se exigiría el cumplimiento de nuevos (en el fútbol no profesional) requisitos económicos como el encontrarse al día con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social o mantener una deuda con estos organismos pero también un acuerdo de aplazamiento, la realidad es que de lo anterior no se ha sabido más. A la vista de las últimas circulares, el sistema de control económico no solo sigue en su primera fase o fase de implantación, es que todo apunta a que continuará así la próxima temporada también.
Lo anterior implica que si el Hércules no logra a la finalización de la 2020/21 el ansiado ascenso a Segunda División A, no tendrá que resolver la situación irregular de su deuda con la Agencia Tributaria (tanto si con base a los resultados deportivos tiene derecho en la 2021/22 a competir en la Primera División RFEF como en la Segunda División RFEF).
A día de hoy el Hércules mantiene con Hacienda una deuda vencida y exigible que ronda los 3,5 millones de euros. Ahora bien, pese a no contar con un acuerdo de aplazamiento (el último fue cancelado unilateralmente por el fisco una vez el club suspendió pagos), el Hércules la redujo en más de 740.000 euros en la 2019/20 gracias a las ayudas económicas de la RFEF que le correspondían y que esta le ingresó al fisco en su nombre (563.494 euros, exactamente) y a los embargos de los créditos a su favor derivados de contratos de publicidad, patrocinios y televisión (algo menos de 200.000 euros).
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