La casualidad ha hecho que el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante a la concejal de Urbanismo, y a familiares de funcionarios, del notario y de otra gente con información privilegiada y cero escrúpulos, haya coincidido con la detención, en València, de dos abogados, un "conocido" notario y la cuidadora de una anciana con alzhéimer a la que, presuntamente, estaban despojando de todos sus bienes con operaciones inmobiliarias tan ilógicas como incompresibles para una persona con las facultades mentales mermadas. Se investiga si la mujer sufrió incluso un intento de envenenamiento, según han publicado estos días Las Provincias y Levante-EMV.

Al lado de este último caso, lo de Alicante parece un asunto menor, pero no lo es. En tiempos de crisis siempre ha habido estraperlistas desalmados, mercaderes que se lucran de la necesidad ajena, ventajistas de las ayudas públicas dispuestos a correr el riesgo de que les coloreen la cara y poco más, porque en estos casos las condenas son una excepción. Los hay en las guerras, los hubo en la pandemia y no faltan a su cita infame ahora que la necesidad de vivienda se ha convertido en un problema nacional.

Algunos de los oportunistas de Alicante han tenido la decencia de dimitir en cuanto se han hecho públicos sus nombres o los de sus familiares, aunque no hayan devuelto el piso ni tengan intención de hacerlo.

Esas dimisiones, especialmente la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que fue número tres en la lista municipal del Partido Popular en las elecciones de 2023, dejan sin escudo al principal responsable político de este escándalo mayúsculo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que en cualquier país de tradición democrática también habría dimitido.

Pero en España la única tradición que hay es la de la picaresca y el ventajismo, la España retratada por Rafael Azcona y Marco Ferreri en El pisito –que se asemeja más al caso de la anciana de València–, o la de Berlanga en La escopeta nacional, también con guion de Azcona. 

No ha dimitido Óscar Puente con 47 muertos, ¿voy a dimitir yo por unos cuantos pisos protegidos mal adjudicados?, pensará el alcalde. Al menos Barcala ha pedido perdón, cosa que no ha hecho el ministro.

El vergonzoso episodio pone en evidencia, una vez más, la falta de control de las administraciones sobre aquellos servicios que deja en manos de las empresas, en este caso de una cooperativa que manejó una lista de amiguetes en lugar de una de demandantes de VPP.

La picaresca en la compra de vivienda protegida ha existido siempre porque el premio es muy goloso en comparación con el improbable castigo. Información privilegiada, buenos contactos dentro y algún funcionario o político corrupto es el cóctel necesario para arrebatar esas viviendas a quienes más las necesitan.

Pasa hasta en las mejores familias que dan lecciones de ética. Recordemos el caso del exdirigente de Podemos Ramón Espinar, que se adjudicó una vivienda protegida en Madrid y la revendió pocos meses después sin haber llegado a vivir en ella con una ganancia de 20.000 euros.

En el peor de los casos, esas viviendas ni siquiera las quieren para vivir sino para alquilar y dar un pelotazo en unos años vendiendo el piso a precio de mercado y cobrando la diferencia en dinero negro. Algo que se evitaría si se les prohibiera hacer negocio con las viviendas que compraron a buen precio gracias a que estaban subvencionadas. Y con más inspecciones contra el uso fraudulento.

PS: Las tres diputaciones vascas han iniciado los trámites para imponer una tasa turística en todo el territorio. Hasta 7,5 euros por persona y noche. No es porque lo necesiten, que allí atan los perros con longanizas. Es porque es de justicia. ¿Seremos los valencianos los últimos?