Hay crisis pasajeras, pero hay crisis que pueden durar una o varias temporadas. Y la de las viviendas de protección pública en la ciudad de Alicante va camino de convertirse en un culebrón político, de consecuencias, en estos momentos, incontrolables en lo judicial y quién sabe si en lo político. El chanchulleo que desprende la adjudicación de las viviendas del Residencial Les Naus, en la zona dorada de la Playa de San Juan de Alicante, ha sido como una gotita de limón en una herida que es la crisis de la vivienda, que es transversal y que afecta a cualquier franja de edad, a excepción de aquellos que disponen de más de una vivienda en su patrimonio. Y, claro está, en el centro de la polémica está el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por haberse producido el supuesto privilegio en el seno de la institución que preside y, no lo olvidemos, en la Conselleria de Vivienda, por las supuestas faltas de control en la adjudicación de los inmuebles. Es posible que en esta polémica haya mucha hipérbole —que la hay—; es posible que haya incluso visos de legalidad, pero lo que el ciudadano de a pie no entiende es ese tufillo a privilegio de rentas medias-altas afortunadas (que siempre ha funcionado en las clases nobles de la ciudad) y que a la administración autonómica se la hayan colado de esta manera.

Así que, más allá de las responsabilidades judiciales, que, como siempre, se dilucidarán con el tiempo (aunque el primer posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción será clave para entender la magnitud del agujero legal perpetrado), aquí lo mollar está en la responsabilidad política por la doble vertiente antes comentada: el privilegio (difícil de probar en una causa judicial, pero patente en alguna planta de la casa consistorial), letal en lo político, y la posible dejadez in vigilando en la Conselleria de Vivienda a la hora de visar las peticiones para optar a un inmueble. Incluso, en lo administrativo, podría ser todo legal (los ordenamientos no entienden de parejas no casadas), porque si de una cosa se ha vanagloriado el PP con su llegada a la Generalitat ha sido de la simplificación y la laxitud administrativa —ahí está la ampliación de los límites de renta para optar a una vivienda de este tipo—, pero lo que la calle no acepta es esa conjunción de casualidades: que una concejal, sus familiares, los hijos de una alta funcionaria, un arquitecto municipal, etc., perfiles económicamente poco vulnerables, se hayan beneficiado de una vivienda de protección pública en la milla de oro de la zona residencial de Alicante, la Playa de San Juan, a un precio muy inferior al de mercado. Y el recochineo ya es que posteriormente se alquile o se revenda con una parte del pago en B.

Así que es posible que las responsabilidades judiciales estén en la Conselleria de Vivienda, pero el foco de las políticas está y ha estado en el Ayuntamiento de Alicante y en su presidencia. Y de ahí que toda la oposición en bloque, incluido Vox, haya exigido la dimisión de Luis Barcala. A diferencia de otras crisis, es verdad que en esta, vistas las dimensiones y la sensibilidad generada, el PP, tanto en el consistorio como en el Gobierno valenciano, ha tenido una actitud proactiva para esclarecer los hechos. Y la disculpla. Falta saber si conocemos toda la verdad: si todos los solicitantes tuvieron igualdad de oportunidades; por qué fueron admitidos determinados perfiles y otros no; si pasaron los controles; si hubo o no una posterior verificación de que todo estaba correcto y cuándo se detectó.

Ese trabajo corresponde ahora a la Fiscalía y a las comisiones de investigación que se vayan a celebrar tanto en el ayuntamiento como en las Cortes Valencianas. Pase lo que pase, esto no va a ser un nubarrón que escampará con el tiempo; da la sensación de que va a ser actualidad durante meses. Y, mientras, la figura de Luis Barcala estará durante un tiempo en la diana porque el asunto tiene mucha magnitud. Y, por extensión, Pérez Llorca, por la responsabilidad que corresponda al departamento de Susana Camarero.

¿Qué va a pasar? De primeras, mucho desgaste para el PP. No solo desde la izquierda. Vox intentará pescar en el descontento generado entre votantes y simpatizantes del PP. ¿Hasta el punto de hacer dimitir al alcalde? De primeras, lo veo complicado. El PP de Alicante acaba de estrenar un presupuesto aprobado y podría gestionar sin dificultad hasta el final del mandato. Ahora bien, las medidas de calado no podrían aprobarse. Y se podría visualizar un “todos contra uno” en el pleno de la corporación hasta el punto de que Barcala se convierta en un problema para futuras alianzas con Vox. Pero mientras el PP sea la fuerza más votada, siempre tendrá margen. Incluso para después de 2027, aunque podría persistir el bloqueo en la gestión municipal, con un nuevo reparto de representatividad.

Y ahí es donde entrará a jugar el papel de Núñez Feijóo. Hasta el momento, Barcala siempre se ha desentendido de tejer alianzas internas en la Comunitat Valenciana. Así que habría que ver si tiene el respaldo de un PPCV en el que el propio Juan Francisco Pérez Llorca sigue haciendo puntos para ser el próximo candidato a la Presidència de la Generalitat. El propio Llorca lo podría dejar caer ante Génova. Pero si en algún sitio puede agarrarse el primer edil es en algunas fuerzas intermedias de Madrid, como Martínez-Almeida u otros alcaldes con mucho peso y con línea directa con Feijóo. Si alguno de ellos también duda y algún sondeo hace peligrar la Alcaldía de Alicante, Barcala, mal que le pese, puede ser carne de cañón para volver a ser candidato. Pero, paso a paso. Primero hay que certificar que la información privilegiada funcionó y que los controles fallaron. Escuchando a Feijóo esta semana todavía defendiendo a Carlos Mazón en la gestión de la Dana, todavía queda. Desde luego, el argumento de que “fueron los otros” ya no cala.

P.D  No son solo las VPP de Alicante. Hace tiempo que el PPCV va detrás de los acontecimientos y sólo con el sanchismo no se apagan los incendios. Cualquier revelación sobre la Dana, la inorportuna compararación de las indemnizaciónes de las víctimas; los ecos de las polémicas de los hospitales públicos de gestión privada de Madrid en la Comunitat...Alguien debería pensar en el Palau que el president, o el partido, deben llevar la iniciativa en algo. No ya las criticas de las izquierdas, es que da la sensación de que Vox huele sangre.