La bronca política por el caso de la residencial Les Naus va a más y es muy posible que empeore en función de la gente medio “vip” que usó influencias y contactos políticos para acceder a este resort de La Condomina, Playa San Juan, con 140 viviendas de protección, y que se están vendiendo a un precio en torno a los 230.000 euros más otros 200.000 en dinero negro. ¿Todos han pagado el extra en negro o solo los más pardillos de este selecto club que nació en 2018 en formato de cooperativa? Me cuenta F., el boticario que me suele atender en mi farmacia habitual, que él y su novia viven de alquiler enfrente de Les Naus y que hicieron un intento de ver uno de los pisos: no hubo manera. “En las urbanizaciones cercanas- matiza- hay un clima de malestar desde hace meses; muchos se olían que había algo oscuro”.

La semana pasada dije que tal vez este asunto no tuviera recorrido judicial y me veo en la obligación de recapitular tras las demandas interpuestas por PSOE, Sumar, Conselleria de Vivienda, y el propio Ayuntamiento (no cuento a Manos Limpias) y que van a ser tramitadas por la Fiscalía Anti-Corrupción. Prevaricación, negociación prohibida a los funcionarios, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley reza la denuncia de los socialistas comandados por Ana Barceló. Mientras, IU, Manolo Copé,  desliza presentar una moción de censura a sabiendas de que no va a prosperar por muy encabronados que estén en Vox; sin ellos no hay censura: aún así casi nadie esperaba el tono de los ultras fustigando sin piedad al alcalde Luis Barcala; tiene a todos en su contra. Lo más sorpresivo en todo caso, insisto, es lo de Vox; Carmen Robledillo y los suyos se han tirado al monte en frontal batalla contra Barcala. También se ha quedado solo en el propio PPCV donde los dirigentes más destacados se han quedado mudos (han escarmentado y están todos un poco socarrados de tanto defender lo indefendible: Carlos Mazón).

Es muy previsible que el mayúsculo escándalo, esta suerte de bono-loto para adjudicar viviendas protegidas entre gente acomodada, tenga un coste político para Barcala: no repetir en las próximas elecciones municipales y culminar así un tercer mandato. El secretario municipal no puso ninguna pega en la tramitación de las 140 viviendas pero en el área de Patrimonio sí se expresaron severas dudas a cargo de la técnica que lleva el área. ¿Por qué hizo caso al primero y no al segundo?. ¿Cómo no olió que uno de sus directores generales María Pérez-Hickman medió en la compra de tres pisos, dos para sus hijos y uno para un sobrino? Un director general municipal (hasta ahora eran cuatro) manda a todos los efectos igual que un concejal. Y aún para más inri los hijos de la tal Hickman ni han ocupado las viviendas bajo no sé qué pretexto. Se ve que las quieren alquilar, cosa que está taxativamente prohibida en el mercado de la vivienda protegida salvo alguna excepción. Hickman, funcionaria de carrera que en 2018 era jefa de Contratación que es cuando se engendraron Les Naus.

Asegura Barcala que es la Generalitat y más en concreto la Conselleria de Vivienda que preside Susana Camarero la responsable de fiscalizar las adjudicaciones. Quitándose el muerto, don Luis. El caso es que nadie ha controlado nada hasta el punto de que un técnico de la delegación territorial de dicha Conselleria participó en la rifa en beneficio de su mujer y en perjuicio de alguna que otra persona, apunta el diario Información. Tenían el enemigo en casa, con mando en plaza,  y nadie se dio cuenta.

La Cooperativa Les Naus se funda en 2018, el mismo año en que el Ayuntamiento tramitaba la venta de un solar en La Condomina, Playa San Juan. Tardó 0,1 segundos en presentarse al concurso: luego lo hicieron varios operadores más. ¿Tenían una bolita mágica para averiguar el día del anuncio? ¿O alguien les dio presuntamente un chivatazo previo? La cosa es muy turbia. Y se tendrá que analizar en las comisiones de investigación que se creen en el Ayuntamiento y en Les Corts.

Los vecinos de Les Naus están algo así como indignados por el clima social que se ha generado, pintadas incluidas, y que se ha extendido a otro proyecto similar que se está gestando en Rabasa. O la urbanización que se va a ejecutar en El Campello, también de vivienda protegida, con 50 viviendas para alquiler y otras sesenta en régimen de venta, promovida por una mercantil , Sogeviso,  que hasta el momento operaba fundamentalmente en Madrid.

Barcala no va a dimitir por mucho que se lo pidan todos los grupos municipales, incluidos los ultras. Aguantará el tipo como pueda, aunque el caso se haya cobrado la dimisión de la concejala de Urbanismo Rocío Gómez (trajinando ahora una permuta de su piso en Les Naus) que va a ser sustituida por el todoterreno Toño Peral, un posible alcaldable, quién sabe. El asunto es grave como escribía el pasado domingo: un selecto grupo de pijos al asalto de viviendas protegidas, reservadas por ley a las personas más desfavorecidas. Unos aprovechones. Quedan ahora los cuidados paliativos: Barcala y la Conselleria van a poner en marcha el derecho de tanteo y retracto, recompra,  para quedarse con los pisos que quedan en Les Naus. Un premio de consolación que yo creo que va a aliviar poco o nada.