Sanitat se esconde tras el CSD cuya intervención en favor de la presencia de público reclama ProLiga 

ALICANTE. La conselleria de Sanitat aprobó el pasado viernes un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a combatir la transmisión del Covid-19 entre las que se encuentra la prohibición de que los partidos se jueguen con público.

Lo hizo por medio de una resolución cuya eficacia decae el 9 de diciembre, si bien Sanitat pretende que la citada medida esté vigente mientras el Consejo Superior de Deportes (CSD) no cambie su postura en relación a la presencia de aficionados en las gradas de los estadios y pabellones en que se disputan partidos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), es decir, permita la vuelta de público.

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, se mostró muy crítico con la decisión de Sanitat este martes en una entrevista concedida a Alicante Plaza, pero no solo con la prohibición en sí, contra la que huelga decir que se han posicionado mayoritariamente los clubes (de fútbol y de otras disciplinas), también con que la conselleria hubiera renunciado a ejercer una competencia que ostenta, la de decidir sobre la presencia o no de público en los estadios: "Por qué hasta el 6 de noviembre la Comunitat ha podido establecer por sí sola que haya público y en qué condiciones y ahora parece que nosotros mismos hemos decidido que ya no somos mayores para hacerlo a diferencia de otras Comunidades Autónomas", decía Gomar que interpretaba que con el paso dado desde el departamento de Ana Barceló se busca que todas las miradas, para bien y especialmente para mal, pasen a centrarse en el CSD. 

Pues bien, justo un día después de esas declaraciones de Gomar, ProLiga, una asociación que engloba a 250 clubes de Segunda B y de Tercera, anunciaba que había solicitado la intermediación del organismo que preside Irene Lozano para que "cumpliendo con absolutamente todas las medidas de seguridad en materia de salud que sean necesarias, se autorice la presencia de espectadores en los encuentros de Segunda B, Tercera, Juvenil División de Honor y Juvenil Nacional". 

ProLiga no solo fundamenta su petición en "la merma de ingresos" que están sufriendo los clubes al no poder vender entradas y abonos o haber perdido patrocinios, también en el agravio comparativo que se está cometiendo con el fútbol en relación con otros sectores ("Si la presencia de público en otros espectáculos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, es posible, respetando las estrictas medidas de seguridad y limitación de aforo, debería ser igual en estadios de fútbol", dice la asociación en un comunicado) y en la adulteración de la competición que se produce al permitirse la presencia de espectadores en unos campos y en otros no, en función de la Comunidad Autónoma: el pasado lunes, sin ir más lejos, en este medio destacábamos que a la misma hora que en el Rico Pérez se jugaba a puerta cerrada el Hércules-Peña Deportiva, en el Municipal de Can Misses se daban cita un millar de aficionados para asistir al partido entre el Ibiza y el Atzeneta. Dos partidos en el mismo subgrupo de Segunda B bajo diferentes regulaciones: a diferencia de la Generalitat Valenciana, que ha pasado de permitir hasta un 75% por aforo a obligar a jugar a puerta cerrada, el Govern Balear mantiene la presencia de aficionados con un tope del 75% aforo y/o 1.000 personas. Al respecto, el presidente de la FFCV pedía "preguntarle a la señora Barceló cómo es posible que en un estadio como el Rico Pérez con 30.000 localidades ahora no puedan entrar ni 1.000 personas, pero el Hércules pueda jugar en campos infinitamente más pequeños con público en Baleares".

Veremos en qué acaba todo porque casualmente la presidenta del CSD, Irene Lozano, reaparecía este miércoles ante las cámaras de La Sexta para, al calor del anuncio de la primera vacuna contra el Covid-19, manifestar su deseo de que la misma permita la vuelta de público a los estadios "antes de que acabe la presente temporada".