BENIDORM. Nuevo intento. El Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a poner sobre la mesa la retirada de Prometosa Construcciones sobre los terrenos del Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada del Sector PAU-1 Murtal. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la propuesta de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, que procede a iniciar los trámites para resolver el convenio urbanístico entre esta, como agente urbanizadora, y el Consistorio para la programación y desarrollo del suelo. Despúes de un primer intento fallido, los nuevos informes apuntan a una "imposibilidad objetiva".

El acuerdo que pretenden romper ahora data de junio de 2006 y prevé la ordenación de 931.815,30 metros cuadrados, permitiendo la construcción de unas 3.000 viviendas. Está llamada a ser la próxima zona de expansión en la Cala, después de que TM Grupo Inmobiliario haya desarrollado casi por completo toda la bolsa de suelo que compró hace siete años en PP 2/1 Poniente. 

Como ha venido contando este diario, en el primer intento para resolver el contrato, el Ayuntamiento de Benidorm solició dictamen al Consell Jurídic Consultiu sobre la decisión después de que la empresa se opusiera. Tras esto, el organismo valenciano consideró que no procedía la resolución del convenio. Tras lo cual, el Consistorio requirió a Prometosa que presentara el proyecto de urbanización, que finalmente aportó. En paralelo, la administración local requirió informes a los servicios técnicos municipales sobre la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo -que fundamenta la el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2023- por si podría alterar las condiciones de la adjudicación del programa por más del 20%, el límite de la ley actual. 

Ha sido en este mes de diciembre cuando el Ayuntamiento ha obtenido informe técnico final firmado conjuntamente por la jefatura de Ingeniería y la arquitecta municipal. Este concluye que "a partir de los datos de la prueba pericial practicada a instancia del urbanizador", la resolución del TSJ "justifica que la alteración económica derivada de la sentencia es de 8.050.662 €, lo que representa un 34,34% respecto al total de las cargas y costes del programa (23.445.487,89 €)". De este modo, consideran que "supone una alteración económica significativa y, por tanto, concurre causa objetiva para la resolución del contrato".

Además, el informe jurídico del letrado externo concluye que "puede entenderse adecuadamente sustentado el fundamento de la imposibilidad objetiva" para continuar la relación contractual. 

Vista esta situación, además de reiniciar el procedimiento, deciden retener la garantía de promoción que correspone al 7% de las cargas de urbanización, que asciende a 1.641.184,15 euros y está depositada en la Tesorería Municipal, que sirve para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio frente a posibles incumplimientos. Su incautación se toma como medida provisional hasta la finalización del procedimiento de resolución del programa.

No obstante, el todavía urbanizador tiene la posibilidad de presentar un recurso contra el acuerdo, que volvería a someterse al dicatmen del Consultiu. 

Historia de la urbanización

En su propuesta, la edil relata la historia de la programación del suelo desde el 2000, apuntando a los supuestos incumplimientos de la empresa. En julio de ese año el pleno aprobó la Alternativa Técnica y se adjudicó de manera provisional la condición de agente urbanizador a Prometosa. Se fijaba entonces la retribución del urbanizador en el 58,4%. Sin embargo, tres meses después, el pleno acordó rebajarlo hasta el 50%, quedando pendiente de aprobación definitiva, que llegó en abril de 2003. Desde entonces, la empresa asume la responsabilidad pública de promover la ejecución de la urbanización: los propietarios del suelo obtendrían solares urbanizados, retribuyendo a la mercantil por la labor urbanizadora.

Es en 2006 cuando se firma el convenio en el que se deja negro sobre blanco los compromisos, entre los que se encuentra la ejecución de las obras de urbanización y aportar el proyecto de reparcelación. "Después de diversos avatares administrativos y judiciales", dice el texto, llega la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, fijando el coeficiente en el 37,79% de retribución a la empresa.

El Ayuntamiento en 2011 le pide que aporte el texto refundido del proyecto de reparcelación forzosa, incorporando las correcciones y variaciones derivadas del nuevo coeficiente. Pero el Ayuntamiento considera que la empresa hace "incumplimiento expreso", por lo que entienden decaído su derecho a redactar el proyecto de reparcelación y lo elabora la administración local de manera subsidiaria licitando un contrato para tal fin, que recae en José Luis Llorente Tallada SL. Este lo presenta en septiembre de 2012 para su tramitación reglamentaria y se aprueba en Junta de Gobierno Local de agosto de 2015. 

A ello añaden que la mercantil se niega a pagar o consignar las indemnizaciones que correspondían a los acreedores netos en la reparcelación, que era necesario para poder inscribirlo en el Registro de la Propiedad. En 2018 se le requirió el pago, pero Prometosa interpuso un recurso contencioso administrativo que se terminó desestimando en noviembre de 2020. 

La propuesta de Caselles habla de "praxis obstruccionista" que terminan solventando con el ofrecimiento voluntario de varios propietarios del sector adelantando el pago, como ingreso voluntario de caracter finalista. Esto permite el cobro de los acreedores netos por importe total de las indemnizaciones y se termina inscribiendo en julio de 2019. Desde entonces, el Ayuntamiento pone el contador, disponiendo de un plazo máximo de 36 meses para la urbanización, asumiendo también las obras públicas extrasectoriales, como el depósito de abastecimiento de agua. En diciembre de 2019 inicia el procedimiento de aprobación, con diversa documentación que requiere de corrección de deficiencias que reclama el Ayuntamiento durante tres años. "Los reiterados incumplimientos de subsanación impiden que haya sido sometido el documento a información pública", recoge la resolución. 

Además de ello, el informe aportado en el anterior intento recogía que habían constatado la existencia de un incremento del 118% de los costes de urbanización inicialmente previstos en 2020.