BENIDORM. El PAU-1 Murtal sigue enmarañándose. El Ayuntamiento de Benidorm aprobará en el próximo pleno la caducidad del procedimiento que se abrió hace un año para resolver el convenio urbanístico que mantiene con el agente urbanizador, Prometosa Construcciones SL, desde junio de 2006. Una fecha que cobra especial importancia ahora. Después de casi 20 años, los precios se han disparado hasta el punto de que se podría incrementar el presupuesto del proyecto de urbanización en un 120%. Una cuantía muy superior a lo permitido por la ley, como ha ocurrido recientemente con el plan urbanístico del polígono industrial.

El Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector PAU 1 'Murtal' ordena una de las bolsas de suelo más importantes que tiene pendiente de desarollar, ubicada frente al CEIP El Murtal. El proyecto se extiende por una superficie de 931.815,30 metros cuadrados y hay proyectadas unas 2.942 viviendas.

Lo útlimo que se sabía hasta el momento es que el pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana dictaminó que no procedía resolver el convenio urbanístico como así pretendía el Ayuntamiento de Benidorm. Este había iniciado el proceso hace ahora un año, y ante la oposición de la mercantil, el Consistorio derivó el asunto al organismo autonómico, que terminó por dar la razón a la empresa de Francisco Gómez, alias El Paloma. Entre las diferentes conclusiones, la entidad decidió que no había quedado acreditada la voluntad deliberada del urbanizador de incumplir con el requerimiento del Ayuntamiento para presentar el proyecto.

Según recoge la moción elevada al próximo pleno del lunes por la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, el plazo para resolver el procedimiento que retiraría la condición de agente urbanizador es de ocho meses, que los técnicos municipales consideran superado aún habiéndose suspendido por un tiempo a la espera del pronunciamiento del Consultiu. Por tanto, ahora corresponde la caducidad y el archivo de las actuaciones. Un asunto que terminará por determinar el pleno en el que el gobierno del PP cuenta con mayoría absoluta.

Pero, ¿qué pasará después? Caselles explica a Plaza que el Ayuntamiento estudiará el proyecto de urbanización para ver si cumple y en qué condiciones, en orden de continuar con el procedimiento de aprobación del documento. Sin embargo, existe un nuevo capítulo que no es nuevo en la ciudad: el incremento de costes por el paso del tiempo. Una apreciación que estudian desde el Consistorio para saber cómo continuar con el desarrollo de estos terrenos.

Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la última versión del proyecto de urbanización presentado por la empresa es del 7 de julio de 2025. Y en el presupuesto de coste de urbanización hay diferencias sustanciales. El Presupuesto Base Valor Estimado del proyecto de urbanización, sin IVA, reflejado en la oferta de la mercantil en mayo del 2000 estaba todavía en pesetas y ascendía a 1.627.282.668,19, que equivalen a 9.780.165,81 euros. Pero más de 25 años después, es de 21.521.695,04 euros, es decir, un 120,05% más, (26.041.251 euros con IVA).

Por ello, en sus conclusiones, el informe del área de Ingenería recuerda que la ley actual fija el máximo en una subida del 50%, "por lo que no cabría su continuación por el actual agente urbanizador en ese sentido", recoge el texto. No obstante, requiere que sea informado por los servicios jurídicos municipales. Una tesis que se apoya también en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de julio de 2023 que determinó que concurría causa de resolución de la adjudicación si se supera en un 20%.

Al margen de ello, el informe también se refiere a las diferentes deficiencias en el proyecto presentado, que tienen que ver con el suministro de agua potable, la recogida de aguas pluviales, el servicio de energía eléctrica, la actualización de los elementos de tráfico previstos o incluso la inexistencia de documentación que corrobore que haya iniciado las gestiones con los organismos supramunicipales para definir infraestructuras necesarias, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Transportes y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.