BENIDORM. El pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana ya tiene respuesta a la petición del Ayuntamiento de Benidorm sobre la urbanización del PAU-1 Murtal: "No procede la resolución del convenio urbanístico". Así lo ha trasladado en un dictamen preceptivo que ahora el Consistorio estudia para conocer cuál es el siguiente paso a dar para dar salida a un terreno que se extiende por 931.815,30 metros cuadrados en la zona de la Cala.

La mercantil Prometosa Construcciones SL de Francisco Gómez, alias El Paloma, ha ganado la partida y de momento, seguirá al frente de la ejecucición de una de las bolsas de suelo pendiente de desarrollar en Benidorm. Tema aparte es el conflicto abierto con Andra Patrimonio, que asegura haberle comprado el derecho de la condición de agente urbanizador a la mercantil.

Como es sabido, el Ayuntamiento inició el expediente para resolver el convenio urbanístico alegando incumplimientos de la empresa. Esta se opuso y la administración local derivó el asunto al Consultiu para que emitiera un dictamen preceptivo, como marca la ley para estos casos. Según consta en la resolución a la que ha tenido acceso Plaza y firmada el pasado 2 de mayo por la presidenta del CJC, Margarita Soler, los motivos de la empresa se pueden dividir en varios apartados. Sobre el primero, en esencia, el pleno considera que sí lleva a confusión la redacción del acuerdo del inicio de expediente, como defiende Prometosa, al concluir que "puede entenderse que se invocaban dos causas de resolución y que en todo caso no podrían haber sido objeto de acumulación, por ser de consecuencias económicas muy distintas". 

En cuanto al segundo, la sociedad aseguraba que el expediente era nulo "por arbitrariedad o subsidiaria improcedencia del acuerdo" afirmando que se fundaba en "un motivo inexistente", refiriéndose a la presentación en plazo del proyecto de urbanización. La conclusión del Consultiu apunta a que sí que se hizo por una persona con poder para hacerlo en nombre de Prometosa, que es lo que cuestionaba el Ayuntamiento. "Por último, en el supuesto que hubiera existido duda sobre el poder, debió efectuarse un requerimiento de subsanación, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/20215 de PCAP", añade la entidad autonómica. 

Al mismo tiempo, el Consultiu señala que "no puede negarse que la instancia con el proyecto se presentó", afirmando que de ello tuvo conocimiento la jefa de Negociado de Planeamiento y Gestión del Departamento de Urbanismo, remitiéndolo a los departamentos interesados insertándolo en el registro de entrada. "De lo practicado, no puede inferirse con certeza si se efectuó o no la descarga del enlace del proyecto, pero ello no obstante, si hubiera existido algún impedimento, o considerado que debería presentarse de nuevo a través de la plataforma del ayuntamiento, consideramos que hubiera procedido requerir de subsanación a la mercantil", continúan.

Finalmente, el Consell resuelve que no ha quedado acreditada la voluntad deliberada del urbanizador de no dar cumplimiento al requerimiento del Ayuntamiento para presentar el proyecto, y por tanto, "no cabe dar lugar a la resolución el contrato por esta causa". Además, el pleno no considera necesario entrar en el estudio del resto de las alegaciones formuladas por la mercantil urbanizadora ya que no estima que concurra la causa de resolución invocada por la administración local.

Y ahora, ¿qué?

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Benidorm ya está preparando los informes técnicos "y se actuará en base a lo que establezcan en los mismos", informan fuentes municipales a este diario. 

Una incógnita que se suma a la mantenida con Andra Patrimonio, que asegura haber adquirido el derecho a ejecutar la urbanización de la bolsa de suelo. Sobre este asunto, el Consultiu decide no pronunciarse "por no ser objeto de este dictamen" e indican que no tienen acreditada la transmisión de estos derechos derivados del estatuto de Agente Urbanizador del PAU. Andra también se había presentado en el procedimiento, en este caso, oponiéndose a la resolución del convenio. El conflicto no parece estar cerca de resolverse, según recoge la resolución, Prometosa compareció el 9 de abril en la sede del Consultiu para la vista del expediente y presentó nuevas elagaciones cinco días después "negando haber trasmitido la condición de agente". A su vez, aportaba copia de una resolución de un juzgado de instrucción en el que no admitía a trámite una querella a instancia de Andra. Si bien es cierto que mantiene otras causas pendientes por este motivo, como ya explicara Plaza.