Los informes de tres bufetes contradicen el informe de la Junta de Contratación sobre el contrato del agua de Orihuela

ORIHUELA. Los informes presentados por el Ayuntamiento de Orihuela en la comisión para estudiar, analizar y determinar si son procedentes los convenios y prórrogas suscritas entre el Ayuntamiento y la mercantil Hidraqua sobre los contratos para la gestión del agua en la ciudad contradicen al informe elaborado por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat. Los despachos de abogados contratados por el Ayuntamiento indican que no procede la nulidad del contrato con la mercantil que ofrece este servicio, Hidraqua, mientras que el organismo público señalaba, y así lo admitió el juzgado, que los contratos con la mercantil "deben considerarse extinguidos".

La comisión informativa no permanente encabezada por el portavoz del PP y edil de Hacienda solicitó el 1 de julio un informe al área de asesoría jurídica, externalizada en el despacho de abogados Ros & Castejón. En septiembre la junta de gobierno local (PP y Cs) renovó el contrato por 63.000 euros (más IVA) al año para un periodo de cuatro años. En las conclusiones del informe señala en un primer momento que "sería valorable por el pleno [...] la propia inadmisión de la solicitud de nulidad de las prórrogas". Sin embargo concluye el párrafo indicando que "dado el tiempo transcurrido dicha solicitud es contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares".  

Otro de los informes solicitados a terceros señala que las amplicaciones del contrato de los servicios de depuración de aguas residuales y alcantarillado responden "a mandatos del derecho internacional y europeo" y además, añaden, estaban previstas como clásula de progreso en el pliego de condiciones -de 1986. En cuanto a las prórrogas, la primera solicitada en 2001 para 10 años y la segunda en 2004 para 20, "se ajustan al régimen jurídico" atendiendo a una ley de 2017. El Ayuntamiento pagó al bufete barcelonés Marfá la elaboración de este informe por 9.075 euros. Sin embargo, la Junta Superior Consultiva, en su informe fue muy contundente: "los tres contratos celebrados por el Ayuntamiento de Orihuela para la gestión del servicio municipal de agua potable, gestión del saneamiento y la gestión de depuración deben considerarse extinguidos en la fecha de expiración de su plazo inicial, no pudiendo considerarse conformes a derecho las prórrgas contractuales de todos ellos". 

El tercer informe que llega a la comisión no permante lo hace tras la contratación a Sala Abogados por 9.014 euros para su elaboración. En sus conclusiones señala que "resultaría procedente" que el pleno aprobara la inadmisión de la solicitud de revisión de los contratos formulado por el grupo municipal Cambiemos Orihuela. Califica -antes de las conclusiones-  de "innegables perjuicios económicos" para el Ayuntamiento la anulación de las prórrogas aprobadas por la junta de gobierno local en mayo de 2004.

Hidraqua, como parte interesada, también ha incluido a la comisión un dictamen que elaboró ATornos Abogados tras el informe de la Junta Superior de Contratación. En él argumentan su defensa señalando que las prórrogas estaban previstas en el pliego "hasta el límite temporal legamente establecido" condicionadas por la ejecución y financiación de obras por parte de la empresa. Ese límite lo fijan en los 50 años.

El informe de la Junta de Contratación concluía que el contrato de concesión del servicio municipal de agua potable, adjudicado en 1988 debería estar extinguido desde 2008. Desde Cambiemos consideran que los informes presentados a la comisión atienden a "nuevas maniobras dilatorias del gobierno local para ocultar y normalizar la ilegalidad de los contratos".  

La comisión no permanente

Cambiemos Orihuela denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 2017 la situación contraactual en el servicio de gestión del agua en Orihuela y en 2018, el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela abrió diligencias previas para investigar los contratos. En el pleno de febrero de 2020 la formación presentó una proposición para solicitar la revisión de oficio con la que declarar la nulidad de los contratos que dieron lugar a las prórrogas. PP y Cs en el equipo de gobierno presentaron una enmienda parcial para a posteriori solicitar la creación de una comisión, dejando la petición de Cambiemos supeditada a los resultados de dicha comisión. 

La primera reunión se celebró el 19 de junio. En ella se consideró solicitar informes jurídicos sobre los contratos. El 27 de julio se decidió ampliar el plazo de emisión de dichos informes. Cambiemos criticó ambos procedimientos calificándolos de una "estrategia dilatoria" con la que beneficiar a la mercantil.

En septiembre, el juzgado número 1 de Orihuela reabrió el caso después de que se archivara ocho meses antes "de forma provisional" al no haberse dado la declaración de ningún sujeto como investigado, calificando la instrucción como "compleja". Rafael Almagro, presidente de la comisión -portavoz del PP y edil de Hacienda- suspendió las convocatorias -las retomó la semana pasa- de la comisión después de que el juzgado solicitara al Ayuntamiento que facilitara la documentación de los contratos. Almagro culpó a Cambiemos, acusándoles de abrir de nuevo la causa y de "impedir de manera torticera" los trabajos de la comisión. Carlos Bernabé, coportavoz de Cambiemos, desmintió que presentaran nuevas denuncias.

En 1988 el Ayuntamiento adjudicó a Aquagest -luego renombrada Hidraqua- la gestión del agua por un periodo de 20 años. En 2001 solicitaron la primera prórroga, de diez años. Cuatro años después, en 2004, de que finalizara el contrato primitivo solicitaron la segunda prórroga, pero para 20 años. Esto llevaría el contrato hasta 2038.