Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha sacado adelante una moción conjunta del PP y Cs en el que recogen las "siete medidas fundamentales" para solicitar la implantación de un sistema especial de protección del sector turístico español. La propuesta se aprobó por parte de los dos proponentes, mientras que el PSOE se abstuvo porque pedía mayor consenso con todos los ejes del sector.
En esencia, recoge las peticiones realizadas por la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Hosbec, enriquecida con la perspectiva de la Alianza de Municipios Turísticos (AMT) de Sol y Playa, cuya presidencia ostenta Benidorm. Como se decía, el documento se divide en siete conceptos: el vinculado con el sanitario, protocolo y la fecha de reapertura; la comunicación; la coordinación y colaboración; de carácter laboral; financiero; fiscal; y de transporte y conectividad.
Por lo que respecta al "sanitario, protocolo y la fecha de apertura", reclaman que "mientras no se den las condiciones de seguridad necesarias, se debe mantener, con carácter general, la suspensión legal de la actividad de alojamiento turístico generalizado más allá del estado de alarma". Pero se podrá incluir excepciones por productos y territorios en los que se pueda garantizar una actividad hotelera y turística en condiciones seguras.
Entre otros asuntos, consideran "imprescindibles" los test rápidos para que se pueda habilitar una certificación o pasaporte sanitario, tanto para trabajadores como para visitantes. Reclaman un control sanitario en las fronteras con diferentes técnicas, como puede ser también controles térmicos con videocámaras, o mediante termómetros rápidos. Con todo, manifiestan la importancia de crear un protocolo único de actuación a nivel nacional. Otra de las reclamaciones versa sobre "en la medida de lo posible" saber las fechas de desescalado, desconfinamiento y re-apertura, "aunque sean estimadas, para poder planificar la actividad. Sin estas fechas, todas las medidas planteadas serán mucho menos efectivas".
En segundo lugar, mencionan una política de comunicación que invite a volver a los turistas y que genere confianza y seguridad en el destino. "Debemos transmitir que el cierre es por la propia seguridad de los turistas y del entorno. Debemos comunicar que trabajamos durante este cierre para que el regreso sea una experiencia inolvidable y todavía mejor que antes", recoge el documento.
Así, señalan que la comunicación debe diferenciarse en dos periodos. El primero, a corto plazo, basado en la oferta de destinos seguros "con vivencias turísticas enriquecedoras, basadas en seguridad y vivencias reales con trato personalizado, cuidando mucho la imagen de distanciamiento social. Dando oportunidades al turismo rural, natural, activo…". El segundo periodo, pensado para el largo plazo, cuando exista una seguridad sanitaria. "Una campaña que refuerce de nuevo nuestro destino España y todas y cada una de nuestras zonas turísticas". Además, proponen un Imserso joven, "utilizar el fondo previsto para viajes del Imserso y destinarlo a viajeros menores de 30 años".
En tercer lugar, valoran como "una palanca importante para la eficiencia de las medidas a plantear es la coordinación entre diferentes administraciones; local, autonómica, nacional e internacional", así como los entes públicos y privados.
En cuarto lugar, respecto a los aspectos relativos a las medidas laborales, reclaman la prórroga de hasta un periodo de 12 meses de los ERTES por Fuerza Mayor con la bonificación en cuotas empresariales a la seguridad social en los términos actuales. Además, "será necesaria una protección reforzada para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico cuya bonificación debería alcanzar el 100% de la cuota empresarial en cualquier tamaño de empresa".
En esta línea, consideran "importante generar incentivos fiscales especiales dirigidos a las empresas y autónomos que mantengan los puestos de trabajo".
En quinto lugar, se ocupan de los asuntos financieros, que entre otros asuntos, piden un periodo de carencia de 12 meses generalizado para préstamos hipotecarios y otros instrumentos que afecten a empresas turísticas, tanto para el principal como para intereses. Al mismo tiempo, requieren una agilizar las licencias de obra para la remodelación de establecimientos hoteleros, permitiendo aplazar el pago de estas licencias y recortar las tasas que se deriven.
En sexto lugar, relativo a la materia fiscal, dicen que "se debe diseñar un plan específico de 12 meses de duración que contenga medidas de exención, bonificación y aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos a cuenta durante este periodo de protección". De igual forma, piden que el Estado tiene flexibilice su postura en materia económica y permita "usar no solo la totalidad del superávit del ejercicio 2019 sin limitaciones, sino también otra parte importante del remanente de tesorería acumulado en los últimos años en los bancos y que corresponde al ahorro generado en los años anteriores a 2019".
Dentro de la motivación fiscal, también requieren destinar fondos para impulsar un plan de infraestructuras turísticas. De esa manera, "estaríamos inyectando capital público en la economía municipal, promoviendo la creación de puestos de trabajo y apostando por la renovación y modernización de nuestros destinos a fin de ser más competitivos", argumentan.
Por último, en séptimo lugar, relativo al transporte y con especial atención a los destinos insulares, solicitan exención de las tasas aéreas durante al menos un año así como la creación de un fondo de rescate de rutas aéreas: una primera fase analizando las rutas en función de un conjunto de indicadores (tamaño, competencia, tipo de línea aérea, tráfico directo/indirecto) para luego desarrollar acciones para incentivar el desarrollo de la ruta (incentivando la puesta en marcha acelerada desde que sea viable comercialmente en función de la naturaleza de las restricciones por país de origen y las nuestras). Examinar paquetes de incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de bases aéreas, agilización de los reembolsos de la subvención de residentes o suavizar las reglas de asignación de franjas horarias (slots), etc.
El acuerdo aprobado por el pleno se dará traslado al Consell, a les Corts Valencianes, al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, "para que adopten las medidas necesarias y dar cumplimiento al Sistema Especial de Protección del sector turístico español", concluye el texto.
