ALICANTE.- Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha respondido a la información publicada por eldiario.es sobre una vivienda de protección oficial adquirida por su esposa en 2006, y ha defendido que la operación se ajustó “escrupulosamente” a la normativa y denunciando que forma parte de una “cacería” personal contra él y su familia. Según ha explicado, la vivienda era de nueva construcción y había sido calificada como protección pública en abril de 2005 por la Conselleria de Territori, dentro de un conjunto de 12 inmuebles destinados exclusivamente al alquiler y no al uso propio de los compradores.

Barcala ha detallado que el régimen de estas viviendas permitía al promotor venderlas a terceros que asumieran el compromiso de mantenerlas en arrendamiento dentro de los precios máximos fijados oficialmente, sin exigir al comprador requisitos adicionales más allá de respetar ese régimen. Ha recalcado que no se trataba de un alquiler con opción a compra, como se ha publicado, sino de una vivienda calificada específicamente para arrendamiento, tal y como figura en la calificación definitiva y en la autorización de venta concedida por la Conselleria de Territorio i Habitatge en mayo de 2006.

El munícipe ha insistido en que la normativa permite que un comprador pueda adquirir varias viviendas bajo este régimen, dado que la obligación no es ocuparlas sino destinarlas al alquiler dentro de los límites establecidos, y ha asegurado que en este caso todos los arrendamientos se han realizado siempre por debajo del precio máximo permitido.

Barcala ha explicado que su esposa conoció la existencia de estas promociones porque el plan parcial de Benisaudet, impulsado por el entonces Instituto Valenciano de Vivienda, fue una actuación ampliamente conocida en Alicante. Ha subrayado que este asunto “no tiene absolutamente nada que ver” con la polémica de las VPP de Les Naus, pero considera que demuestra que “se ha traspasado una línea” en la que lo relevante ya no es esclarecer la verdad, sino atacar a la persona. El alcalde ha concluido que esta situación no alterará su determinación para aclarar lo ocurrido con las viviendas de Les Naus, impedir que permanezcan en manos de quienes no cumplan la normativa y garantizar que el Ayuntamiento actúe con total firmeza.