ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ofrecido este viernes una comparecencia pública -esta vez, sin preguntas- en la que ha respondido a la información publicada por eldiario.es sobre una vivienda de protección oficial adquirida por su esposa en 2006, y ha defendido que la operación se ajustó "escrupulosamente" a la normativa. En este sentido, ha denunciando que esa información se encuadra en una "cacería" personal contra él y su familia. Según ha explicado, la vivienda era de nueva construcción y había sido calificada como protección pública en abril de 2005 por la Conselleria de Territori, dentro de un conjunto de 12 inmuebles destinados exclusivamente al alquiler y no al uso propio de los compradores.

Barcala ha detallado que el régimen de estas viviendas permitía al promotor venderlas a terceros que asumieran el compromiso de mantenerlas en arrendamiento dentro de los precios máximos fijados oficialmente, sin exigir al comprador requisitos adicionales más allá de respetar ese régimen. Ha recalcado que no se trataba de un alquiler con opción a compra, como se ha publicado, sino de una vivienda calificada específicamente para arrendamiento, tal y como figura en la calificación definitiva y en la autorización de venta concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge en mayo de 2006.

El munícipe ha insistido en que la normativa permite que un comprador pueda adquirir varias viviendas bajo este régimen, dado que la obligación no es ocuparlas, sino destinarlas al alquiler dentro de los límites establecidos, y ha asegurado que en este caso todos los arrendamientos se han realizado siempre por debajo del precio máximo permitido.

Barcala ha explicado que su esposa conoció la existencia de estas promociones porque el plan parcial de Benisaudet, impulsado por el entonces Instituto Valenciano de Vivienda, fue una actuación ampliamente conocida en Alicante. Ha subrayado que este asunto "no tiene absolutamente nada que ver" con la polémica de las VPP de Les Naus, pero considera que demuestra que "se ha traspasado una línea" en la que "lo relevante ya no es esclarecer la verdad, sino atacar a la persona". El alcalde ha concluido señalando que esta situación no alterará su determinación para aclarar lo ocurrido con las viviendas de Les Naus e impedir que permanezcan en manos de quienes no cumplan la normativa. Así, ha insistido en garantizar que el Ayuntamiento actuará con total firmeza.

El PSOE insiste en su dimisión

La comparecencia de Barcala ha suscitado valoraciones posteriores de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En esta línea, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha vuelto a exigir este viernes la dimisión del primer edil tras las informaciones conocidas sobre el mantenimiento durante casi veinte años del alquiler de una vivienda de protección oficial por parte de su unidad familiar sin que haya constituido su residencia habitual. "La pregunta no es si se puede, sino si se debe. Cuando hablamos de vivienda pública, la ética no es opcional", ha afirmado Barceló, a través de un comunicado.

La portavoz socialista ha señalado que "lo que estamos conociendo estos días no es solo una cuestión legal, es una cuestión ética". En ese sentido, ha planteado una cuestión directa: "¿Es ético mantener durante casi veinte años el alquiler de una vivienda de protección oficial sin que sea tu residencia habitual? ¿Es ético que se lucre con ello la unidad familiar del propio alcalde?".

Barceló ha recordado que "la VPO está para vivir, no para especular" y ha advertido de que "en Alicante la vivienda protegida se ha convertido en terreno abonado para el privilegio y la cultura del pelotazo del Partido Popular". "La vivienda protegida no debería ser un privilegio familiar. Está pensada para quienes la necesitan para vivir, para jóvenes y para familias trabajadoras que no pueden acceder al mercado libre. No para generar ingresos durante décadas", ha subrayado.

La portavoz socialista ha enmarcado este caso en un contexto más amplio y ha alertado de que "no estamos ante un hecho aislado, sino ante un patrón preocupante en la gestión de la vivienda pública en nuestra ciudad". Según ha explicado, "en Alicante estamos viendo cómo personas vinculadas al Partido Popular acceden a vivienda protegida no para vivir en ella, sino para especular o mantener beneficios que no les corresponden", ha sostenido.

Para Barceló, la situación evidencia "una falta de ejemplaridad y una falta de control escandalosa". "Un alcalde debe ser el primero en dar ejemplo, especialmente cuando hablamos de vivienda pública y de derechos sociales básicos", ha añadido. Asimismo, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado ya están investigando distintos aspectos relacionados con el pelotazo en la gestión de vivienda protegida en la ciudad, pero ha insistido en que "la responsabilidad política es independiente de la judicial". "Más allá de lo que determinen los tribunales, el alcalde debe asumir su responsabilidad política, dar explicaciones claras a la ciudadanía y abandonar el cargo. Alicante no puede seguir instalada en la sospecha permanente en torno a la vivienda pública por el pelotazo del Partido Popular", ha concluido.