El Consell 'ayuda' al Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa con el pago a Acuamed

BENIDORM. La Generalitat Valenciana, a través de Presidencia, ha otorgado una subvención de 793.800 euros a solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Según explica el decreto firmado el 3 de agosto por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se trata de una manera de paliar el problema generado por la falta de un convenio con Acuamed, que se ha ido subsanando con acuerdos puntuales para la utilización provisional de la infraestructura con la que sustituir las extracciones de recursos subterráneos sobreexplotados por caudales superficiales del río Júcar, con destino a usos de regadío.

Aunque el último de los acuerdos suscritos, de 31 de marzo de 2017, contemplaba una transferencia hasta la cantidad máxima de 15 hm³, solo se suministraran un total de 8,7hm³, por lo que quedan 6,3 hm³, para los que la sociedad pública Acuamed, de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio, "pide unas condiciones económicas inasumibles por la Junta Central y para los usuarios integrados en ella", afirma el documento al que ha tenido acceso este diario.

Esta subvención irá a compensar la diferencia entre el precio que ha cuantificado Acuamed (0,356 €/m³) y el importe máximo (0,230 €/m³) que puede asumir la Junta Central para el pago de los caudales del Júcar, destinados a sustituir recursos subterráneos.

En cualquier caso, avisan, el otorgamiento de la subvención queda condicionado a la firma del correspondiente acuerdo económico entre Acuamed y la Junta Central de Usuarios, y al hecho de que se obtenga la autorización coyuntural de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la derivación de los caudales del río Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí.

La subvención se ha realizado de manera directa por su interés público que justifican con las 18.000 hectáreas de cultivos afectadas en las comarcas del Vinalopó, especialmente uva de mesa, hortícolas y otros frutos, así como el impacto socioeconómico que tendría la posible pérdida de las cosechas en el tejido económico de la zona, a través de un entramado de empresas y puestos de trabajo asociados al complejo agroalimentario en los sectores del transporte, logística, empaquetado, distribución y otros.