José María Badía, director general de Afín-SGRVALÈNCIA. La Sociedad de Garantías Recíprocas de la Comunitat Valenciana (Afín-SGR) deja de estar bajo la estricta vigilancia del Banco de España. Casi una década después de tener que ser rescatada por la Generalitat con un coste público superior a los 400 millones, el supervisor le retira el control reforzado una vez completado su saneamiento y recuperados los niveles reglamentarios de solvencia.
Con esta decisión, Afín-SGR queda de nuevo sometida a una supervisión normalizada, como la del resto de SGR de España, después de varios ejercicios de tener que reportar de forma permanente al Banco de España su situación financiera y patrimonial así como trasladar todos los datos de evolución del negocio.
Según el conseller de Hacienda, Arcadi España, esto suponía "un estigma constante" sobre la calidad crediticia de sus operaciones que perjudicaba tanto a los clientes, normalmente empresarios y pymes con difícil acceso a financiación ordinaria, y las entidades financieras con operaciones avaladas por Afín-SGR.
La Generalitat Valenciana tuvo que tomar el control de la SGR hace ahora una década después de que el Banco de España obligara a recapitalizarla y a apartar a los gestores que la han llevaron al borde de la quiebra por su excesiva exposición al riesgo inmobiliario. El "agujero patrimonial" del que la Generalitat tuvo que hacerse cargo, financiado en parte con cargo al FLA, se calcula en más de 420 millones.
Casi la mitad de ellos corresponden al aval de 200 millones de euros y vencimiento en 2018 con el que la Generalitat salvó a la SGR de la quiebra en verano de 2013. Pocos meses antes, una inspección del Banco de España afloró un primer agujero que ya fue cubierto por la administración valenciana con otros 60 millones.
La diferencia entre esos 260 millones y los más de 420 que se ha tragado el rescate público de esta sociedad, son los millones de euros que la Generalitat ha tenido que ir aportando para cargar con los fallidos de la SGR de los últimos años. Esta losa deriva del contrato de reafianzamiento (avales sobre avales) suscrito a principios de la década pasada por el cual el IVF se comprometió a cubrir el 40% de los avales que resultasen fallidos.
Este contrato de reaseguramiento de avales financieros se canceló en 2013 para las operaciones formalizadas desde entonces, pero como muchas de las garantías otorgadas corresponde a deuda viva, la carga que ha tenido que asumir la Generalitat se ha disparado.
Al respecto, Arcadi España destaca que el "agujero" que se encontró el actual Consell a su llegada a la Generalitat en 2015 ha tenido que ser cubierto "por parte de los valencianos y valencianas" y "gracias al esfuerzo del Consell de Ximo Puig".
Tras una reunión mantenida esta semana con el presidente y el director general de Afin-SGR, Manuel Illueca y José María Badía, respectivamente, el Banco de España confirmó que la entidad volverá a estar controlada de forma estándar "en base a sus resultados patrimoniales y financieros y en base al correcto funcionamiento y escasa morosidad de sus avales actuales, pasa a estar bajo una supervisión normalizada como el resto de SGRs de España", asegura España.
"Ha quedado demostrado el papel eficiente de control y supervisión que está llevando a cabo la Generalitat a través del IVF en la gestión de la SGR, con total respeto a su independencia, pero con firmeza en la exigencia de rigor, control, transparencia y criterios objetivos en la concesión de nuevos avales", considera el conseller de Hacienda.
