ALICANTE. El grupo de Compromís-Sumar planteará al Congreso de los Diputados que apruebe el mismo acuerdo adoptado en la Diputación de Alicante para que el "Gobierno respete las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo, y que no se autorice ningún proyecto que incumpla la normativa autonómica de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, así como a desestimar los proyectos de competencia estatal que tengan informes desfavorables de los departamentos autonómicos competentes". Ese acuerdo salió, en el pleno del jueves, con el voto favorable del PP y Compromís, y la abstención del PSPV y Vox.
La iniciativa de Compromís contó con el respaldo del PP, en cuyos ayuntamientos en los que gobierna existen cierta contestación institucional y vecinal por la aprobación de proyectos de más de 100 Mw, que son de competencia del Estado, pero que se han aprobado contra la voluntad de los ayuntamientos y obviando informes desfavorables de la Generalitat Valenciana. En la actualidad, hay proyectos en trámite en Castalla (100Mw) y Villena, impulsados por empresa del conglomerado de Floretino Pérez; (140), El Serracal, que afecta a los términos de Monforte, Elche y Agost, y otros dos proyectos en el término municipal de Monóver. Algunos de estos municipios ha adoptado cambios urbanísticos con el objetivo de impedir o modular su impacto. De momento, apenas un par de proyectos de esta envergadura han decaído en la zona del Vinalopó, la más afectada por la proliferación de los megaproyectos.
Además del mensaje que el texto manda al Gobierno, en la misma iniciativa, también se reclama a la Diputación que inste a la Generalitat "a tomar las medidas necesarias para recurrir por la vía judicial las autorizaciones estatales que se hayan podido otorgar o se otorgan a estos proyectos que tienen informes negativos, así como a proseguir con las acciones legales iniciadas por el anterior ejecutivo valenciano frente a autorizaciones otorgadas por el Gobierno central a pesar de informes desfavorables de las consellerias".
También se reclama que la Generalitat haga las modificaciones normativas necesarias en el marco de sus competencias "para incrementar al máximo las garantías ambientales y paisajísticas a la hora de autorizar proyectos energéticos que estén dentro de las competencias autonómicas". Y que la Generalitat, como hace la institución provincial, "asesore, dé soporte legal y establezca una línea de ayuda económica a los municipios afectados para luchar contra la implantación de megaproyectos fotovoltaicos".
El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha lamentado que el PSPV no se sumara a esta iniciativa y pese a ello, "vamos a intentar liderar la transición energética para evitar los megaproyectos que se están promoviendo en las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana".
"Vamos a controlar y a fiscalizar la acción del Gobierno en la autorización de plantas fotovoltaicas y que la transición energética sea justa, democrática y planificada. Debe ser la mejor transición energética para las personas que viven en la Comunitat Valenciana", ha dicho Águeda Micó, portavoz de la coalición en el Congreso de los Diputados. Micó ha asegurado que el objetivo de la iniciativa es solicitar al Gobierno que todas las plantas fotovoltaicas que se pretenda instalar, y cuya competencia es del Gobierno, cumplan con la legislación autonómica.
La ex secretaria autonómica de Territorio, Imma Orozco, ha lamentado que no sea la administración pública la que lidere la ordenación y planificación de la transición energética. Y si para ello, hay que confrontar con Madrid, pues habrá que hacerlo para apliquen la planificación energética y ser firmes en una competencia como es la ordenación del territorio, que es propia de las autonomías. Orozco ha recomendado que se vaya a la vía judicial contra los proyectos que no tienen cabida en la ordenación urbanística de la Comunitat Valenciana.
