Uno de los contenedores de ropa usada no autorizados, en imagen de archivo.ALICANTE. Los contenedores para el depósito de ropa y calzado usado distribuidos por la ciudad de Alicante sin la preceptiva autorización vuelven a quedar bajo el foco del debate político a instancias del PSOE. El grupo mayoritario de la oposición ha registrado una solicitud dirigida al departamento de Limpieza y Gestión de Residuos en la que pone de manifiesto la persistencia de la instalación supuestamente irregular de esos receptáculos e insta al equipo de gobierno, el bipartito formado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a retirarlos a la mayor brevedad posible.
Sobre todo, según fuentes del PSOE, con el propósito de evitar que su permanencia pueda poner en riesgo la labor social que desarrolla la entidad Proyecto Lázaro como única autorizada para gestionar el reciclaje y reutilización de los residuos textiles, ya que su funcionamiento presuntamente irregular podría restar el rendimiento económico requerido por dicha entidad para mantener sus puestos de trabajo.
Proyecto Lázaro se convirtió en la concesionaria del servicio el pasado mes de octubre, en el concurso reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción convocado por el departamento de Limpieza para regular la prestación el pasado mes de abril. La entidad, que promueve la inserción laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad, presentó la oferta más ventajosa para el interés municipal, por un importe de 572.000 euros, con lo que consiguió retener el servicio que venía prestando con anterioridad, a través de la firma de un convenio de colaboración.
A partir de la firma del contrato, Proyecto Lázaro quedó como la única entidad autorizada para posicionar contenedores en la vía pública y gestionar el reciclaje de la ropa usada por un plazo de cuatro años. De este modo, quedaba comprometida por contrato a situar hasta 300 contenedores en otros tantos puntos de la ciudad para favorecer la recuperación de ese tipo de residuos.
Con la regulación de ese servicio, el departamento de Limpieza tenía vía libre para retirar cualquier otra instalación destinada al mismo fin al carecer de permiso para ejercer la actividad. De hecho, antes de que se produjese esa regularización, el mismo departamento ya había desplegado varias campañas de retirada de los receptáculos alegales, durante el tiempo en el que Proyecto Lázaro venía prestando el servicio tras la concesión de una prórroga.
No obstante, el escrito de denuncia registrado por el PSOE, a través de su edil Lola Vílchez, incide ahora en que la situación de supuesta alegalidad persiste en al menos 22 calles de la ciudad, como la calle Cefeo, la Plaza Castalla, la calle Castell de Castells o la Rotonda de Historiador Vicente Ramos, entre otras detalladas en su solicitud, por lo que apremia a Limpieza a promover su retirada. Además, requiere a la misma concejalía para que precise cuántos contenedores "carentes de licencia" existen en la ciudad y qué acciones se prevé poner en marcha para que pueda proliferar su instalación.
Por su parte, el edil de Limpieza, Manuel Villar, incidió en que su departamento ya ha activado distintas campañas de retirada de contenedores alegales y que seguirá haciéndolo en el supuesto de que se confirme la permanencia de nuevos contenedores irregulares. Por lo pronto, fuentes del departamento de Limpieza han señalado que los contenedores apuntados en el escrito del PSOE están posicionados en solares de titularidad privada, por lo que no estarían ocupando la vía pública sin autorización. En todo caso, Villar recalcó también que la retirada de instalaciones destinados el depósito de ropa sin permiso se ha extendido a otro tipo de receptáculos, como los contenedores de recogida de aceite usado, que tampoco disponen de autorización, como informó este diario.
