El exsíndico de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, junto a su sucesor, Antonio Estañ. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Al margen de las exigencias que Podemos viene realizando en las últimas semanas en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, la formación morada quiere dar impulso a otras leyes de carácter cívico y social. Entre ellas, la regularización del consumo de cannabis en la Comunidad Valenciana desde planteamientos científicos, sociales y ajustados a la legislación más avanzada sobre la materia.
Una iniciativa que el partido que dirige Antonio Estañ registró el pasado mes de junio en Les Corts a modo de Proposición No de Ley (PNL), pero que, según fuentes de la formación, aspiran a que se transforme en una normativa en el Congreso de los Diputados al tratarse de una competencia estatal.
De hecho, y para resucitar esta exigencia, el círculo sectorial Podem País Valencià celebra este sábado una jornada en el Grao de Castellón en la que participarán distintos agentes: el diputado autonómico e ideólogo de la iniciativa, Antonio Montiel; la neuropsicóloga, Noemí Sánchez; el abogado penalista, Andreu Moreno; la usuaria y activista, Lola Ramírez; y el representante y activista, Javier Miravete.
El objetivo es que se recupere el debate sobre esta cuestión y así revitalizar la PNL que el propio exsíndic y exsecretario general del partido, Montiel, y la actual coordinadora del grupo parlamentario, Beatriz Gascó, presentaron junto a PSPV y Compromís para instar al Consell y también al Gobierno central a dotar de un marco legal a esta sustancia "para regular el autocultivo para uso personal y que se modifiquen todos aquellos aspectos legales necesarios para que deje de ser sancionable". De esta manera, se deberían modificar la Ley de estupefacientes 17/1967 y la Ley del medicamento 29/2006.
Los tres grupos parlamentarios acordaron en esta PNL crear una Comisión Especial en Les Corts cuyo objetivo principal fuese estudiar la regularización del consumo de cannabis para los usuarios terapéuticos. Los expertos llamados a comparecer en este órgano parlamentario serían miembros procedentes de los colectivos sociales implicados como representantes de asociaciones de usuarios de esta sustancia, asociaciones de personas con dolencias y "psicólogos, médicos y trabajadores sociales" que pudieran desgranar las afecciones al cuerpo de esta sustancia.
Sin embargo, y al ser una competencia estatal, las fuerzas del Botànic instan al Ejecutivo central a través del Consell a crear en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas "una ponencia de estudio sobre el cannabis y su posible regulación, en el nuevo contexto del Estado español e internacional, desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de los colectivos vulnerables".
Ahora bien, también piden a las asociaciones que existen en la autonomía valenciana que establecezcan reglamentos internos que incluyan códigos de buenas prácticas y mantengan "una estrecha colaboración con la administración mientras no exista un marco legal específico que regule su actividad".
La PNL ideada por Podemos y secundada por los partidos que integran el Consell está basada en un informe que elaboró en su momento el partido de los círculos. Con una radiografía de la situación actual de los clubes de cannabis en España (Barcelona es la ciudad que más lugares cannabis-friendly dispone del territorio español), los morados justificaban esta nueva regulación con que liberaría "recursos policiales y judiciales para destinarlos realmente donde es necesario, es decir, para perseguir a capos y mafiosos".
Al argumento de mayor permisividad con los consumidores para cuestiones médicas, se sumaban las razones económicas. No en vano, Podemos esgrimía en su documento la inclusión del Instituto Nacional de Estadística, a petición de la Comisión Europea, de drogas como el cannabis dentro de la contabilidad nacional del PIB como la constatación que era una realidad socioeconómica. Derivado de su actividad, entienden que se podría aplicar una cierta imposición fiscal que contribuyera a obtener ingresos extra para destinarlos a fines sociales. Es decir, un modelo similar -aunque restringido a este tipo de consumidores- al del tabaco.
Con 4 millones de usuarios de cannabis en España, el informe también apuntaba a la modificación de determinadas leyes para que se hiciera realidad. La ley de seguridad ciudadana -que pena a los poseedores de este tipo de estupefaciente-, los artículos 368 y 369 del código penal y la derogación de la ley 17/67 del 8 de abril que prohíbe el consumo de esta sustancia, aunque sea para fines terapéuticos. El documento del círculo de cannabis de Podemos finalizaba con la reclamación de que en España se pueda "garantizar la libertad de consumir o plantar de forma individual o colectiva".
Pese a los obstáculos jurídicos, hay precedentes en otras comunidades autónomas. Sin ir muy lejos, el pasado mes de octubre el parlamento de La Rioja aprobó una PNL presentada por Ciudadanos y secundada por PSOE y Podemos para despenalizar el cannabis como remedio terapéutico. También Cantabria aprobó hace seis meses una iniciativa con el mismo sentido y fue apoyada por unanimidad por los cinco partidos con representación en la Cámara: PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La intención, según fuentes del partido, es generar un "clima favorable en diversas comunidades autónomas" en las que se consiga sacar adelante este tipo de iniciativas para, posteriormente, plantear una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.
