VALÈNCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este martes un nuevo paquete de medidas para frenar la expansión de la covid-19. Unas medidas que tendrán efecto sobre todo el territorio de la Comunitat Valenciana y que entrarán en vigor este mismo jueves, con un periodo de duración mínimo de 14 días. Las restricciones, más severas que las que se habían decretado anteriormente contemplan, entre otras muchas cuestiones, el cierre total de la hostelería, salvo en el caso de la comida para llevar. Por su parte, todo el comercio no esencial tendrá que cerrar a la seis de la tarde, mientras que las instalaciones deportivas también permanecerán clausuradas.
Del mismo modo, Puig también anunciaba el levantamiento del cierre perimetral que pendía sobre 29 municipios valencianos a causa de su alta incidencia de covid-19. Una decisión que basaba, principalmente, en el poco efecto que había tenido esta medida a la hora de rebajar, en realidad, la tasa de contagios. Así, también explicaba que el endurecimiento generalizado de las restricciones a nivel autonómico ha eliminado la necesidad de una limitación de estas características. Por último, el president también explicó durante su intervención que, si el Ministerio de Sanidad aceptaba la propuesta, rebajaría el toque de queda a las 8 de la noche. Una decisión que por el momento no podrá materializarse puesto que el área dirigida por Salvador Illa lo ha descartado en primera instancia.
El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha hecho un llamamiento para "sumar esfuerzos" y hacer frente a la "gravedad" de la situación por la pandemia. "En estas circunstancias, solo podemos plantearnos un objetivo: la salud de todos", ha indicado. "No es momento para otras valoraciones, de buscar causas o responsabilidades, sino de sumar entre todos para el objetivo común de parar los contagios". "Como Ayuntamiento no tenemos margen para adoptar más restricciones y lo que nos toca es colaborar con la Generalitat en la aplicación de las medidas que el Consell ha acordado", ha indicado el alcalde.
El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, por su parte, ha calificado las medidas del Consell como "difíciles e indudablemente dolorosas. Medidas que son complejas de adoptar. Aun así, todos somos conscientes de que, aunque afectan a un sector fundamental como es la hostelería y el comercio, son necesarias y adecuadas para frenar el ritmo de propagación de la pandemia, y así reducir la presión sobre nuestro sistema sanitario", ha declarado a Alicante Plaza.
Para el alcalde ilicitano las restricciones son "absolutamente necesarias, proporcionadas y adecuadas para frenar una presión sanitaria que ahora mismo es insoportable. Necesitamos una reducción drástica del contacto social y estas imposiciones lo que hacen es limitar de forma severa las relaciones sociales no esenciales". Y además, ha añadido: "Las medidas del Consell ni señalan a ningún sector de actividad ni mucho menos criminalizan a ninguna actividad. Son medidas que se plantean para llevar a cabo una reducción de ese contacto social como medio de frenar la transmisión. La hostelería y el comercio son vehículos que favorecen el contacto social", concluía al respecto.
En los municipios del área metropolitana de València, la noticia de nuevas restricciones se ha acogido con relativo optimismo. Así, los alcaldes de las ciudades con tasas de incidencia más altas ven con buenos ojos la imposición de medidas orientadas a reducir el número de contactos entre los vecinos. Este es el caso, por ejemplo, de la localidad de Torrent. "Yo creo que son medidas adecuadas. En la Comunitat Valenciana siempre se han tomado decisiones en función de la situación epidemiológica de cada momento. En Navidades ya fuimos uno de los territorios con las medidas más restrictivas y, si ahora los datos dicen que tenemos que endurecer las restricciones, pues nosotros las acatamos porque es lo que tenemos que hacer", explicaba el segundo teniente de alcalde, el socialista Andrés Campos.
En este sentido, no ha querido entrar a valorar si las nuevas restricciones de la Generalitat Valenciana son suficientes, o si llegan o no en el momento oportuno: "son medidas muy duras porque afectan económicamente a muchos negocios y vecinos, pero también pensamos que se han tomado desde el sentido común". Por último, Campos ha querido recordar que frenar la expansión del virus también depende de la responsabilidad colectiva, por lo que ha instado a sus propios vecinos a actuar con moderación en los próximos días. El municipio, con cerca de 88.000 habitantes, tiene ahora mismo una incidencia acumulada de 1.078 casos por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, el alcalde de Alfafar, el popular Juan Ramón Adsuara, también ha visto con buenos ojos la imposición de medidas más duras. Aunque, a su juicio, deberían haber llegado "mucho antes". "Es una opinión personal, yo no estoy en la piel de los gobiernos ni tengo los mismos detalles que ellos. Pero sí que pienso que se debería haber intervenido antes y más drásticamente. En marzo se actuó firmemente y eso fue lo único que nos permitió aplanar la curva y vivir un verano más o menos normal".
Aun así, entiende que la decisión de acotar la movilidad y cerrar negocios es muy compleja: "La dicotomía entre economía y sanidad siempre es complicada". Por ello, lamenta que el sector más afectado por esta restricción, el de la hostelería, no haya recibido ayudas de antes: "Primero se tendría que haber puesto en marcha una línea de subvenciones más ambiciosa, y luego tomar decisiones como esta", explica, en relación al Plan Resiste anunciado por Ximo Puig. Aun así, matiza: "Según los datos que nos llegan de los expertos, la mayoría de los contagios se producen en el ámbito de los domicilios, y no en locales de hostelería".
En la Ribera Alta, el único municipio confinado hasta el momento, Guadassuar, respira un poco más tranquilo. Con las fiestas patronales a la vuelta de la esquina -este mismo viernes- el alcalde de la localidad, Salvador Montañana, ha asegurado que las reservas en los bares del pueblo, e incluso de los alrededores, estaban completas. "Por desgracia, somos un pueblo pequeño y no podíamos hacer un control como es debido. Yo estaba sufriendo por lo que pudiera pasar el viernes. Por eso, cuando ayer anunciaron que se cerraban todos los locales de hostelería, respiré tranquilo". Aun así, el primer edil de Compromís comprende la difícil situación que está atravesando la hostelería y critica "la falta de responsabilidad" de una parte de la población: "La mayoría de las personas están cumpliendo, y hay que agradecérselo, pero otros están saltándose el confinamiento", censura.
Sin embargo, para el alcalde, las medidas deberían haberse tomado mucho antes: "Nos tendríamos que haber quedado cada uno en su casa durante las fiestas navideñas. Habríamos tenido menos contagios, la vuelta en la escuela hubiera sido menos polémica y no estaríamos hablando de la situación en la que estamos". Hay que recordar que la incidencia acumulada en el municipio, que rodaba los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes cuando se decretó el confinamiento, ha crecido hasta los 3.028.
Diego Gómez, alcalde de Alzira por Compromís, comparte el diagnóstico: "Estas medidas se tendrían que haber tomado con mucha anterioridad". Pese a ello, el primer edil de la capital de la Ribera Alta que ya había solicitado en anteriores ocasiones un confinamiento parcial, valora positivamente las nuevas medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana.
A la espera del efecto de las nuevas restricciones, Gómez considera que el cierre de la hostelería ayudará a reducir las relaciones sociales y, con ellas, los contagios. Además, insiste en la necesidad de que el gobierno central autorice el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde. "Más del 50% de las poblaciones del área de salud de la Ribera tienen una incidencia de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, también es alarmante el número de muertes, y la situación en el hospital es muy complicada", alerta el dirigente.
Por su parte, el primer edil de Xàtiva, Roger Cerdà, considera que las medidas que ha tomado el Consell "están siendo las adecuadas". Eso sí, el alcalde socialista reconoce que el cierre de la hostelería provoca una situación "muy complicada" en la ciudad. Por ello, defiende la puesta en marcha de ayudas económicas, tal como ya ha anunciado el propio consistorio, para "ayudar a salir del pozo en el que se encuentra un sector muy concreto". Desde el consistorio, que ya se ha reunido con los hosteleros de la ciudad, comprenden la "frustración y el desaliento" y aseguran que "muchas veces hay que fijarse más en el comportamiento individual que en un sector económico en concreto".
Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent por La Vall Ens Uneix, considera que las medidas a nivel autonómico serán mucho más efectivas que el cierre localizado de los municipios: "El confinamiento se ha demostrado como un mecanismo totalmente indeficiente para frenar la expansión del virus, principalmente porque no había medios suficientes para garantizarlo", afirmaba tajantemente. En este sentido, también ha valorado que un problema generalizado también debería recibir soluciones generalizadas. Así, y ante la difícil situación que presenta toda la Comunitat Valenciana en su conjunto, entiende que lo más lógico es adoptar medidas coordinadas para todo el territorio.
Unas declaraciones que llegaban justamente el mismo día en el que el municipio salía de su cierre perimetral de 14 días, este mismo miércoles. "Decisiones como adelantar el toque de queda a las ocho de la noche nos parecen más eficaces, porque solo así se puede asegurar una reducción de la movilidad para todos los ciudadanos a la misma hora". Aun así, su valoración de las restricciones ha quedado exclusivamente acotada al ámbito territorial, pues el alcalde ha preferido no hacer declaraciones sobre la idoneidad de las medidas ni tampoco sobre el momento en el que han sido interpuestas.
Una visión que también comparte el alcalde de Sagunto, el socialista Darío Moreno: "El cierre perimetral solo es efectivo cuando un municipio tiene mucha incidencia acumulada pero los de alrededor no. Si todos están igual, pierde su sentido", explicaba, a pesar de que la capital del Camp de Morvedre nunca ha llegado a estar confinada. Aun así, era una opción que desde el Ayuntamiento veían plausible ante la alta incidencia que presenta el núcleo urbano: 1.088 casos por cada 100.000 habitantes.
En cuanto a las medidas que ha impuesto la Generalitat Valenciana, Moreno se muestra de acuerdo: "Son decisiones que a nadie le gusta tomar porque tienen un impacto muy grande en la vida de las familias, pero llegados a este punto eran imprescindibles. En todo momento se ha intentado equilibrar el interés económico con la situación sanitaria". Así, considera que las restricciones se han ido adoptando paulatinamente atendiendo a las necesidades de cada periodo: "A toro pasado es muy fácil opinar, pero las decisiones se tomaron acorde con los datos epidemiológicos que existían en aquel momento", alude, en referencia a la Navidad. "Ahora que la situación ha empeorado, es normal que se tomen medidas más duras".
Uno de los municipios confinados en la provincia de Castellón, Atzeneta del Maestrat, ha hecho una valoración muy positiva de las normas impuestas por la Generalitat Valenciana. Aunque su alcalde, el socialista Santiago Agustina, reconoce que le hubiera gustado que se hubieran tomado "un poco antes". Aun así, toma con optimismo este nuevo avance: "Nosotros venimos del cierre perimetral, así que no vamos a notar a penas el cambio porque nuestros bares ya estaban cerrados". En este mismo sentido, ha añadido para Castellón Plaza: "El confinamiento ya nos sirvió para reducir contagios y frenar la velocidad de la propagación. Son medidas muy duras pero hay que tomarlas, porque sino el siguiente paso ya es que nos cierren en casa".