Ferran Puchades: “El porqué entra o sale alguien de la Conselleria de Justicia es competencia de Bravo”

VALÈNCIA. La figura de Ferran Puchades (València, 1967), secretario autonómico de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, queda oscurecida por la alargada sombra de la consellera Gabriela Bravo. “Estoy tranquilo, - Tengo muy claro cuál es el papel del secretario”, afirma él con naturalidad. A este funcionario de carrera, con formación en Derecho y Políticas, y vinculado a la Administración desde 1988, le interesa poco figurar. Sin embargo, no teme disentir de la titular del departamento, siendo él de Compromís y ella del PSPV, en cuestiones tan candentes como la polémina ley de Función Pública. Una representación a escala del ‘mestizaje’ en el seno del Consell.

Firme defensor del requisito lingüístico, supo hacer valer la postura de su grupo con respecto a la exigencia del valenciano, hasta que finalmente se alcanzó el acuerdo. Y eso que él es castellanoparlante. “Pero a mis hijos les hablo en valenciano, porque quiero que ellos recuperen la lengua de sus abuelos”, revela. Habrá que ver si esto no le deja fuera de las mesas negociadoras. No es la única batalla por librar: la movilidad de las plantillas funcionariales, la oficina judicial y la actualización de los juzgados valencianos son algunos de los próximos retos de su departamento, donde además los despachos andan revueltos.

Bravo ha demostrado que no le tiembla el pulso. Así lo demuestra el reciente cese del subsecretario de la Conselleria, Luis Felipe Martínez, y la dimisión de la directora general de Justicia, Maria Àngels García Vidal, por discrepancias internas.

- ¿A qué responde tanta agitación en Justicia?
- Supongo que a la evolución normal de cualquier Gobierno. Estamos hablando de cargos que designa el Consell, por lo que la competencia de proponer cualquier cese recae única y exclusivamente en la titular de la Conselleria. Está en manos de Gabriela. Es cierto que hay un pacto político de por medio, el del Govern del Botànic, que conlleva justificar los cambios de alguna manera. Pero en este caso, el Consell lo ha visto oportuno, porque si los socios no estuvieran de acuerdo, tanto PSPV como Compromís, no se habría llevado a cabo. Solo puedo decir que yo, el ‘mestizaje’ del que habla Mónica (Oltra), lo llevo a rajatabla.

- Imagino que Bravo le pediría opinión.
- No me lo comentó, ni tenía por qué comentármelo. Con Luis Felipe, que era el único militante socialista de la Conselleria, he tenido una relación magnifica, y Àngels ha llevado a cabo un trabajo ejemplar de coordinación. No tengo nada que reprocharles. Pero por qué entra o por qué sale el personal es una competencia de la consellera.

"Soy muy disciplinado y tengo un alto sentido de la jerarquía: El conseller dirige la Conselleria. Sabía a lo que venía"

- ¿Normalmente no le comenta las cosas?
- (Risas). Yo no he hecho la mili, pero soy muy disciplinado y tengo un alto sentido de la jerarquía. El conseller dirige la Conselleria, por lo que las grandes líneas políticas le corresponden exclusivamente a ella. Luego hay una serie de decisiones que ya son de Gobierno y, por ende, es necesario consensuar y negociar. Así evitamos que suceda lo que se ha echado en cara a otras autonomías, donde todo está parcelado. La gran virtud del famoso mestizaje es que todos estamos detrás de todas las decisiones, lo que implica una responsabilidad compartida. Por ejemplo, Compromís está detrás de las decisiones de Sanidad y el PSPV también responde las de Educación, aunque los principales titulares sean de partidos distintos.

- A título personal, ¿se ha sentido arrinconado dentro de Justicia?
- Tengo muy claro cuál es el papel del secretario autonómico. No sé si es políticamente correcto, pero mi hermano es funcionario de Les Corts desde hace años. Recuerdo que en su día le pregunté: “Oye, ¿y qué hace el secretario?”. Y él me dijo: “Pues mira, se come los marrones del conseller”. (Risas) También en un acto coincidí con Paco Camps, fíjate tú, y me contó que lo de secretario autonómico se lo había inventado él porque era una figura de refuerzo. Sabía a lo que venía, no tengo ningún problema. Asumo que somos figuras de representación, no tenemos competencias directas, ni presupuesto, ni personal. Cumplimos con encargos concretos que nos realizan los propios consellers.

- ¿No habría sido lógico que liderara la negociación de la ley de Función Pública?
- Eso está por ver. La ley se ha estado moviendo en el ámbito interno, ya ha pasado por la Abogacía, pero las negociaciones sindicales empiezan ahora. Veremos qué papel asumo en ellas, es una decisión que dependerá de la consellera. En su día se me encargó coordinar el informe de los expertos para la reforma de esta ley, y lo hice durante los seis o siete meses que duró. Hay otras secretarías autonómicas que tienen asignadas competencias concretas, pero en Justicia no hay una tarea específica. Cumplo con lo que se me asigna y, como representante de uno de los socios en el Gobierno, también intento que las medidas se ajusten al programa electoral de nuestro partido.

"la Administración tiene la obligación de preservar el derecho lingüístico de TODOS los ciudadanos, no solo de los funcionarios"

- Esta diferencia ideológica le llevó a defender, frente al criterio de Bravo, la exigencia de un requisito lingüístico para los funcionarios autonómicos.
- Sí, es evidente, ha salido en todas partes. Hubo una diferencia de apreciaciones, pero lo importante es que al final hemos encontrado una solución de consenso. Es un tema conflictivo. Han pasado más de 30 años desde que se promulgara la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, pero seguimos con la misma letanía. En realidad el PP ya implantó un requisito lingüístico entre los docentes; si se hizo para 65.000 personas, ¿por qué no debería ser igual para otros 15.000 funcionarios? Todos los jóvenes de hoy en día hablan valenciano por formación, así que no supone un problema si es que quieren presentarse a una oposición.

- ¿Sin exenciones territoriales?
- Este es otro karma que venimos arrastrando de la época del PP. Su política trataba el valenciano como una cuestión folclórica y exótica, cuando realmente estamos ante una lengua oficial en todo el territorio. La Llei d'Ús contempla exenciones solo en el ámbito educativo. Con los funcionarios, es comprensible que si el Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel convoca una plaza pública, module o suavice el nivel de valenciano al de una zona castellanoparlante. No que lo elimine. El ciudadano tiene todo el derecho a ir al ayuntamiento y presentar un escrito en valenciano. Y la Administración tiene la obligación de preservar el derecho de los ciudadanos, no solo de los funcionarios.

La necesidad de más funcionarios

- Más allá de la lengua, ¿cuál es el talón de Aquiles del funcionariado valenciano?
- El envejecimiento de las plantillas. Somos la autonomía con el menor ratio de funcionario por habitante, y aproximadamente la mitad se jubilará en los próximos diez años. Si ya no llegamos a cumplir los mínimos deseados, imagínate en el futuro. Esta situación es consecuencia de las bajas tasas de reposición, sí, pero también de la política anterior del PP. Vendían que ellos eran más austeros que nadie, que con pocos funcionarios podían hacer mucho, y tenían congelado el capítulo de gasto en las plantillas desde hacia una década. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Luego creaban empresas públicas, consorcios, fundaciones… y claro, eso no sale en el capítulo I. La maquinaria no dejaba de crecer, pero digamos que no lo hacía por la parte transparente. Era todo por la puerta trasera.

"Con el PP la única movilidad posible de los funcionarios se daba mediante comisiones de servicios y adscripciones temporales. ¿Y cómo se consigue eso? Pidiendo favores"

- Otro de los grandes retos es la movilidad.
- Teníamos una ley de Función Pública del año 2010. Nos tocó redactar un nuevo decreto para convocar los concursos de traslado, que llevaban paralizados nueve años. En todo este tiempo, los funcionarios valencianos no se han podido cambiar de puesto. La única movilidad posible se daba mediante comisiones de servicios y adscripciones temporales. ¿Y cómo se consigue eso? Pidiendo favores. Hablando con un subdirector, apelando a motivos personal, generado lo que yo llamo una ‘relación feudovasallática’. Como yo te hago un favor, tú me la debes. Una de las grandes sorpresas que nos llevamos al llegar a la Conselleria es que nadie estaba en el puesto que le correspondía.

- También apelan a la movilidad interadministrativa, entre autonomía y Estado. 
- Y entre autonomía y municipio. La ley ya permite este cambio, pero una vez te mueves, te quedas fosilizado. No puedes ascender ni promocionar. Te ves condenado por los restos de los restos a permanecer en un determinado puesto, y esto es lo que queremos cambiar. Si te cambias de Administración, debes integrarte en igualdad de condiciones al resto. Es nuestro propóstico, y me consta que el del Ministerio también.

"En la Comunitat estamos hartos de ofrendar nuevas glorias a España. solo queremos lo nuestro, ni más, ni menos"

- Es curioso que mencione al Ministerio, ¿la relación con Montoro es todo lo buena que cabría? 
- Por mi cargo, yo no me relaciono con ministros, pero es cierto que con Justicia hay reuniones más frecuentes y temas concretos. Una mayor fluidez. En el ámbito de la función pública no sucede lo mismo, y eso que debemos tratar aspectos básicos, como la cuestión retributiva, la reposición, las ofertas de empleo público (OPE). Querríamos comprensión, porque no todas las autonomías están en la misma situación.

- No ha habido comprensión en lo relativo a la financiación autonómica. 
- Somos una conselleria pequeña con recursos limitadísimos, así que todo incremento presupuestario resultaría crucial. Pero el tema de la financiación autonómica no es tanto por parcelas, sino a nivel global. Somos la única autonomía pobre que aporta como si fuera rica al conjunto del Estado. Esto es algo inaudito en toda Europa, en el sistema federal alemán estaría ya en el Tribunal Constitucional. En la Comunitat estamos hartos de ofrendar nuevas glorias a España y solo queremos lo nuestro, ni más, ni menos.

La modernización de la Justicia

- ¿Cree, como Bravo, que nos estamos precipitando con la digitalización?
- ¿Precipitando? ¡Si vamos por detrás de todos! Lo que ha explicado la consellera, de que no estamos preparados para cumplir con los plazos estipulados por el Estado, es totalmente real. Pero eso no significa que tengamos que paralizar el proceso. Debemos realizar un esfuerzo para ponernos al nivel de otras autonomías en el mal llamado papel cero. Yo quiero es estar en la locomotora, no en el vagón de cola. Una cuestión clave es cambiar el sistema de gestión procesal, el famoso Cicerone, que no da más de sí. A eso se refería Bravo con dejar de tunear el 600; a que debemos buscar un Volkswagen o un Audi.

"Hay que cambiar Cicerone, no da más de sí. MÁS ALlÁ DE TUNEAR EL 600, QUE DECÍA BRAVO, debemos buscar un Volkswagen o un Audi"

- Pero la modernización de la Justicia hunde sus raíces más allá.
- Claro, aquí no hemos venido a estar de campo y playa. Quitando el ordenador de la mesa, nuestros funcionarios siguen trabajando como hace cien años, con las mismas rutinas. Es lo que queremos cambiar con la Nueva Oficina Judicial. Decimos nueva, pero viene de los tiempos de Zapatero, aunque el PP la dejó paralizada. Aspira a crear centros más grandes (pasaremos de tener 600 a poco más de 100), con más personas y más flexibles. La idea es que si en algún punto se acumula el trabajo, se puedan mover funcionarios. Por ejemplo, en València se asumieron centenares de denuncias por el caso de las preferentes, pero no pudimos destinar a personas para prestar ayudar.

- Después de las vacaciones, ¿qué deberes están en la lista?
- Aquí no tenemos vacaciones, la gente está muy equivocada con eso de que los juzgados cierran en agosto (Risas). En primer lugar, debemos sacar adelante la ley de Función Pública antes de terminar el año; espero que sea una negociación rápida porque el texto ya está en manos de todos. También convocar los concursos de traslado para que los funcionarios vean un cambio real. En el ámbito de la Justicia, seguiremos implantación de la oficina judicial y el cambio de gestión procesal. Esto que parece una chorrada puede determinar el futuro de la Justicia durante los próximos veinte años.