Unos 180 letrados judiciales de Alicante llamados a la huelga para exigir un incremento salarial

ALICANTE (EFE).- Los cerca de 180 trabajadores del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de la provincia de Alicante están llamados este martes día 24 a sumarse a la convocatoria nacional de huelga indefinida promovida por las asociaciones que les representan para reclamar un incremento salarial, entre otras mejoras en sus condiciones laborales.

Se trata de una medida de protesta ante el "incumplimiento" de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia con el comité de huelga, durante la negociación abordada el pasado mes de abril.

Dicho proceso de negociación se abordó después de que los LAJ (antiguos secretarios judiciales) emprendiesen una campaña de movilizaciones para reclamar compensaciones por las más de 300 funciones nuevas que pasaron a sumir, a partir de la reforma legislativa aprobada en 2009, según ha venido defendiendo el comité de huelga.

Por lo pronto, este martes se ha producido una primera acción de protesta con concentraciones a las puertas de las principales sedes judiciales de Alicante.

La convocatoria de paro indefinido puede acabar afectando al funcionamiento diario del conjunto de los juzgados distribuidos en la provincia (hay un Letrado de la administración de Justicia por cada órgano judicial) en cuestiones como la celebración de juicios y el desarrollo de declaraciones.

Además, también puede afectar a la dispensación de sumas económicas consignadas en las cuentas de los juzgados como las relacionadas con embargo, con pensiones alimenticias, con abonos de costas o con el depósito de fianzas, por ejemplo, que también dependen de la autorización de los Letrados de la Administración de Justicia.

Las jornadas de protesta previas celebradas hasta ahora han alcanzado un alto índice de seguimiento, superior al 90 % en la provincia de Alicante, en los paros registrados los pasados 9 y 10 de marzo, 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre.

El Ministerio de Justicia ha fijado servicios mínimos con el fin de garantizar la atención de todas aquellas actuaciones que afecten a la libertad de las personas, como las causas con preso o las sometidas a plazo que puedan causar una pérdida o perjuicio de derechos de carácter irreparable, por ejemplo, así como las medidas cautelares y el funcionamiento de los juzgados de guardia.