Mireia Mollà, consellera de Agricultura y Transición Ecológica, durante una reciente entrevista. Foto: RAFA MOLINAELCHE. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha reactivado, dentro del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, el proyecto de sellado del vertedero conocido como El Búho, en Elche.
Según ha recordado la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, "el sellado del vertedero es una obra que quedó paralizada ante la falta de presupuesto del anterior Ejecutivo, cuando Isabel Bonig dirigía la conselleria de Territorio, momento en que se adeudaron varios meses las certificaciones de esta obra al contratista, la mercantil Cleop, que interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV)".
La decisión de la Conselleria de recuperar el proyecto, ejecuta así la sentencia firme 157/2018 del TSJCV, que estima el recurso y da la razón a la adjudicataria de las obras al considerar que el impago sistemático de la Administración justifica que la empresa no llevará a cabo el proyecto.
El procedimiento, retomado ahora, consistirá en la finalización del contrato por el importe a ejecutar inicialmente previsto pendiente, unos 369.677 euros, sin IVA, a través de una modificación del proyecto de obras, sin sobrecoste para la Administración.
Una vez finalizado este contrato, de acuerdo con la sentencia, el personal técnico de la Generalitat deberá habilitar un procedimiento de contratación adicional que cubra la finalización de la parte de las obras ocasionadas por la degradación sufrida entre enero de 2015 y la actualidad, y que no se puede concluir con el contrato inicialmente adjudicado.
Mireia Mollà ha explicado que las obras se han degradado por el paso del tiempo, los vientos de la zona, la erosión y el arrastre de las láminas de sellado del vertedero, "de modo que el sellado acabará costando más dinero del previsto al erario de la Generalitat Valenciana".
"En casos como este se evidencia que un acuerdo intermedio en tiempo y forma puede ser mejor que una sentencia a favor o en contra al cabo de tres o cuatro años, en asuntos relacionados con obras, que, por estar paralizadas largo tiempo pueden degradarse enormemente antes de ser recuperadas", ha señalado la consellera.
