SAN VICENTE DEL RASPEIG. San Vicente del Raspeig se prepara para la tercera prórroga forzosa del servicio más caro del municipio. Con los 13 votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y EU) y Podemos, las seis abstenciones de Compromís y Cs, y los cuatro votos en contra de PP, el Pleno ha aprobado, en la sesión del miércoles 29 de septiembre, el reajuste del gasto en el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, autorizando el gasto para la anualidad de 2030 por 3.326.291 euros para Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 2.973.290 para limpieza viaria, anulando el acuerdo del Ayuntamiento en pleno de octubre de 2020 para el ejercicio de 2022.
El concejal de Contratación, Guillermo García (PSOE), ha contextualizado la situación actual del nuevo contrato, cuyo procedimiento ha paralizado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. "Esto se debe a que tres empresas presentaron una serie de recursos por discrepancias en la valoración final realizada por el técnico municipal". Por este motivo, el contrato vigente se encuentra prorrogado hasta el 30 de noviembre, por lo que previsiblemente se llevará al siguiente pleno la tercera prórroga forzosa.
Se trata de "uno de los temas más importantes de San Vicente del Raspeig, porque es la imagen que ofrecemos a los vecinos y visitantes", como así ha manifestado el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, quien ha aprovechado su intervención para abogar por la municipalización del servicio, que "no es tan descabellada". Es por ello que ha planteado que los y las portavoces de los distintos grupos municipales se vuelvan a reunir con los técnicos municipales para hablar sobre la viabilidad de esta opción a largo plazo.
Por su parte, el portavoz de Podemos, David Navarro, ha evidenciado que se trata del contrato de mayor cuantía del Ayuntamiento, "con un montante anual de más de seis millones de euros". Y ha sido Cristian Gil, concejal del PP, quien ha culpado al equipo de Gobierno del "estado de suciedad que presenta San Vicente, ya que no es capaz de adjudicar un contrato que cumpla con las necesidades del municipio". Y considera que una nueva prórroga del contrato "empeorará aun más su aspecto".
Por su parte, Mariela Torregrosa, desde Ciudadanos, ha recordado que la primera prórroga se produjo hace un año, "después de que la empresa hubiera notificado dos años antes su intención de no seguir prestando el servicio; la segunda, en junio 2021 por un periodo de cinco meses, cuando según el equipo de Gobierno estarían valoradas las ofertas y adjudicado el contrato". Sin embargo, ha lamentado que no haya sido este el caso y ha subrayado que el actual contrato está "caducado desde hace un año y medio".
