ALICANTE.- En este segunda parte de la entrevista con Alicante Plaza, Ignacio Gally responde a la situación actual del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante; a la formación de futuros letrados/as, al nuevo servicio de mediación implantado recientemente y a las futuras instalaciones de la Ciudad de la Justicia, que dotarán a la capital de un edificio moderno y con todas las prestaciones. 

-¿Qué situación vive actualmente el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante? 

-Bueno, al final un colegio profesional funciona, en muchos aspectos, como una empresa, porque comparte muchas pautas de gestión. Desde ese punto de vista, yo diría que el enfoque debe ser precisamente empresarial. Ahora bien, tiene una particularidad esencial: trabajas para compañeros y compañeras que esperan que les prestes un servicio útil y que la cuota que pagan tenga sentido. La colegiación es obligatoria, sí, pero no se trata solo de cumplir un requisito, sino de que el colegio aporte valor real. Nuestro trabajo está centrado en ofrecer servicios de calidad, principalmente en dos grandes ámbitos. Por un lado, la formación, especialmente la formación especializada. Por otro, toda la gestión de los servicios internos del colegio: biblioteca, asesoramiento, y también el nuevo servicio de conciliación previa que hemos puesto en marcha y que luego te explicaré con más detalle. Esa es nuestra finalidad principal, lo que guía nuestro día a día. En resumen, trabajamos sobre dos pilares: gestión y servicios. Sobre esas dos patas se sostiene la actividad cotidiana del colegio.

-Antes de entrar en la parte de gestión, comentabas que también impartes clases. ¿Hay vocación?

-Sí, hay mucha vocación por ser abogado o abogada. Creo que la abogacía es, en esencia, una profesión vocacional. Y dentro de esa vocación, uno de sus ámbitos naturales es la docencia. A quienes nos gusta enseñar, solemos estar vinculados desde hace años a la universidad o al Máster de la Abogacía.
Es algo que disfrutas tanto que acabas sacrificando otras cosas precisamente por esa vocación docente. Está muy unido: la práctica profesional y la enseñanza. De hecho, muchos compañeros y compañeras ejercientes son profesores asociados en la universidad y también imparten clases en el máster.

-¿Y desde el punto de vista estudiantil? ¿Se están formando demasiados abogados o, como ocurre en otras profesiones, sigue habiendo falta de mano de obra?
-Si analizamos esta cuestión a nivel nacional, el porcentaje de nuevas colegiaciones ha bajado. Es un fenómeno curioso, porque hay colegios que no solo están registrando menos incorporaciones, sino que además pierden colegiados por el efecto lógico de las jubilaciones. En esos casos, el número total de miembros desciende.

-Hablemos ahora de la gestión del colegio. Antes has comentado que tenéis el servicio de mediación. ¿Desde cuándo funciona y qué objetivos persigue?

-El Colegio de la Abogacía de Alicante fue uno de los primeros en poner en marcha un servicio de mediación propio, con un Instituto de Mediación integrado en la estructura colegial. Es un proyecto que lleva muchos años desarrollándose y que ha sido posible gracias a que, tanto en la Junta de Gobierno como en la Sección de Mediación, contamos con profesionales de referencia a nivel nacional. En ese sentido, hemos sido pioneros. Con la entrada en vigor —o la inminente entrada en vigor— de la Ley de Mejora de la Eficiencia Judicial, que introduce cambios importantes en el funcionamiento de la justicia, los juzgados y los tribunales de instancia, se estableció un nuevo requisito de procedibilidad: los MASC, los medios adecuados de solución de controversias. En la práctica, esto significa que, antes de acudir a la vía judicial, debes acreditar que has intentado iniciar una actividad negociadora, con independencia de que el resultado sea positivo o negativo.

Este requisito generaba dudas y cierta preocupación, porque no estaba claro cómo debía cumplirse ni qué mecanismos serían válidos. Para dar respuesta a esa necesidad, creamos el ICA-MASC —ICA por el Colegio de Alicante y MASC por los medios adecuados de solución de controversias— con el objetivo de ofrecer a los colegiados un servicio ágil, económico y seguro para cumplir con ese trámite.

La modificación legislativa entró en vigor el 3 de abril de 2025 y, aunque nuestra intención era tener el servicio operativo desde ese mismo día, finalmente lo pusimos en marcha en la segunda quincena de abril. Desde entonces hemos tramitado cerca de 1.500 conciliaciones, una cifra muy razonable y que previsiblemente seguirá creciendo.

Lo más relevante es que el servicio está funcionando muy bien en dos planos. En primer lugar, por el porcentaje de acuerdos alcanzados, que ronda el 15%. Y ese 15% no refleja del todo la realidad, porque hay muchos casos en los que una de las partes no acude, de modo que el porcentaje real de acuerdos efectivos es más alto. En algunas materias, como separaciones y divorcios, estamos alcanzando incluso un 40% de acuerdos, lo cual es muy significativo porque evita directamente el proceso judicial. En segundo lugar, el servicio está siendo un éxito porque los juzgados no están poniendo objeciones al cumplimiento del requisito de procedibilidad. Esa era la gran incógnita: si valdría un burofax, un correo electrónico, un requerimiento notarial… Con este sistema, al intervenir un tercero neutral que dirige la actividad negociadora, se garantiza el cumplimiento de la exigencia legal. Y los compañeros pueden estar tranquilos: por un coste ligeramente superior al de un burofax o un requerimiento notarial, cumplen el trámite y, además, tienen la posibilidad real de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.

-¿Tiene mínimos o máximos de cuantía en algunas materias parara solicitar la mediación?  
-A qué te refieres exactamente con cantidades...

-Es decir, ¿por menos de 2.000 euros, por ejemplo, no se puede?
-No, no, no. La conciliación puede solicitarla cualquier persona y para cualquier tipo de asunto, con independencia de la cuantía. El coste del servicio es idéntico reclames 200 euros o reclames 3 millones. Lo hemos estructurado así porque el colegio asume las notificaciones fehacientes y la constancia formal de la citación a la parte llamada a conciliación o mediación, además del pago de los honorarios del conciliador. Esto también garantiza que lo que exige el legislador se haga por juristas. Si se impone una negociación previa cuyo objetivo es evitar un juicio, lo lógico es que esa negociación la dirijan profesionales del Derecho. Por eso contamos con conciliadores —terceros neutrales— formados específicamente, y para muchos compañeros supone además una línea de trabajo adicional dentro de su especialización en conciliación.

—Una especie de turno de oficio de la mediación...
—Sí, una especie de turno interno. Por ejemplo, ahora mismo hay dos despachos celebrando conciliaciones. Cada conciliación genera una retribución, de modo que si un compañero celebra cuatro en una mañana, rentabiliza su tiempo y su dedicación al servicio.

-¿Ese servicio ha tenido ya algún impacto en la reducción de litigios en los juzgados, aunque sea pronto para medirlo?
-Dicen que sí, aunque yo no dispongo del dato exacto. Lo que sí es cierto es que, con la modificación legislativa, hubo un parón en la entrada de demandas. De hecho, antes del 3 de abril mucha gente presentó demandas para evitar tener que cumplir con el nuevo requisito. Después, según han comentado algunos jueces y letrados de la Administración de Justicia, se produjo un descenso temporal. Ahora, por lo que sabemos, la situación ha vuelto a la normalidad.

-No sé si tienes datos de cuándo podrá estrenarse una infraestructura tan necesaria como la Ciudad de la Justicia de Alicante. ¿Crees que, una vez en marcha, ayudará a que la justicia sea más justa y menos lenta?

-Las previsiones apuntan a 2027. En la última visita que tuvimos con la consellera y con la empresa que ejecuta la obra, incluso se habló de principios de 2027. Ya sabes que estas cosas a veces se retrasan y quizá acabe siendo a finales de ese año.

-Bueno, ese año hay elecciones...

-Sí, igual por eso se dan prisa. El edificio está muy bien. Lo han adaptado a las nuevas exigencias de los tribunales de instancia y creo que, por fin, Alicante va a tener el Palacio de Justicia que se merece desde hace mucho tiempo. Somos la última capital de provincia en disponer de uno, hemos sido los últimos, y la suerte es que ahora tendremos un edificio moderno, en condiciones y preparado para el nuevo modelo organizativo. Eso, sin duda, es positivo. Pero que eso vaya a agilizar la justicia… yo no lo creo. Para agilizar la justicia hace falta más personal: más jueces, más funcionarios, más letrados de la Administración de Justicia y más medios. Solo así todo irá más rápido, más ágil y será más eficaz. El edificio, por sí solo, no va a tener un efecto real en la duración de los procedimientos. Además, cuando empecemos a funcionar con los tribunales de instancia, lo normal es que los primeros meses sean un caos. No sabremos muy bien por dónde vamos, los funcionarios tendrán que adaptarse a un sistema completamente nuevo y costará. Quizá a finales de 2026 tengamos ya un sistema rodado que funcione bien. Veremos si es así.

En Alicante, para esta transición, han nombrado a un letrado de la Administración de Justicia —Jesús, del Juzgado de Primera Instancia nº 7— que se encargará de toda la gestión. Es una persona muy capaz y ha asumido el encargo con mucha ilusión. En Elche está Jorge, otro letrado muy potente. Estoy seguro de que harán lo mejor posible dentro de los medios disponibles. Es probable que durante unos meses vayamos un poco perdidos, pero confío en que en un futuro próximo consigamos mejorar el sistema, que es un sistema que necesita una mejora profunda.