ALICANTE. Ignacio Gally Muñoz es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante desde octubre de 2023, aunque tomó posesión del cargo meses más tarde. No era nuevo en la entidad colegial porque ya ejercía de vicedecano con el anterior presidente. Es abogado especialista en Derecho Penal Económico y Compliance Officer. Dirige el despacho Gally Abogados, fundado por su padre, José María Gally Fernández, en 1965. Ha tenido y tiene una extrecha relación con la Universidad de Alicante, de la que es profesor asociado al Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la UA, profesor de Derecho Penal en la Escuela de Práctica Jurídica del ICALI y en el Máster de la Abogacía y Procura. Y también conoce todo lo relacionado con la Igualdad, pues fue responsable del Servicio Jurídico dentro del Departamento de Igualdad (Concejalía de Acción Social) del Ayuntamiento de Alicante (en asuntos de violencia de género, penal y asesoramiento en general) desde 2009 hasta 2015. En esta conversación con Alicante Plaza, aborda toda las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Justicia y sus novedades. 

-¿Sigue siendo lenta la Justicia?

-En mi opinión, sí. De hecho, una de las iniciativas que quiero poner en marcha —y que ya estoy comentando con los compañeros responsables de la sección de conciliación y mediación— es recuperar un proyecto que teníamos aparcado: la creación de un tribunal de arbitraje. Considero que la resolución de un conflicto que se prolonga más de un año es lenta, y una justicia lenta deja de ser justicia. En esto creo que estamos todos de acuerdo. El problema es estructural y tiene que ver con la falta de medios, no con la falta de capacidad. Jueces, fiscales, LAJ (letrados de la administración de Justicia) y, en general, la mayoría de funcionarios son profesionales muy preparados y muy capaces. Me consta, además, que muchos trabajan por las tardes en sus casas, más allá del horario que les corresponde. El problema es que la Administración de Justicia necesitaría estar mucho mejor dotada: más profesionales, más medios y, sobre todo, más jueces y menos carga de trabajo. Como esto no ocurre, lo que tenemos es una justicia lenta que genera incertidumbre e inseguridad. Ante esta situación, quienes formamos parte del ámbito jurídico debemos ofrecer herramientas alternativas que ayuden a paliar este problema estructural.

-Y ahora que has mencionado esa novedad: desde el 1 de enero, la Ley 1/2025 ha puesto en marcha —o pretende poner en marcha de forma escalonada— los tribunales de instancia. ¿Cómo ves esa medida? ¿Crees que puede ayudar?

-A mí la idea, en principio, no me parece mala. El problema es que puede ocurrir lo de siempre: se diseña una medida que sobre el papel parece buena, pero a veces se hace con cierto desconocimiento de lo que es un juzgado y de cómo funciona realmente. Y eso va a generar muchos problemas de adaptación a todos los niveles: a nivel interno, dentro de los propios juzgados y tribunales, y también a nivel de usuarios y profesionales.

-No deja de ser una reordenación...

-Exacto. Y como profesionales tenemos dudas sobre cómo se nos va a atender, con quién vamos a tener que hablar, qué acceso tendremos a los documentos… Todo eso todavía no está claro. Pero creo que, en un futuro —dos o tres años vista—, cuando todo esté asentado, una organización de este tipo, con funcionarios focalizados y especializados en determinadas materias o trámites dentro del proceso, siempre que esté bien coordinada, podría agilizar algo la tramitación. Ahora bien, insisto: para agilizar de verdad la tramitación no basta con reestructurar. Haría falta más dotación: más jueces, más letrados de la Administración de Justicia, más funcionarios y más medios. No se trata solo de cambiar la organización, sino de tener más equipo y más recursos, tanto personales como materiales, para que la Administración de Justicia funcione como debería.

-Otra de las ideas que plantea el Gobierno —creo que está en el Congreso, aunque aún no se ha aprobado— es la modificación en el ámbito penal para que los fiscales asuman la instrucción. ¿Qué te parece? ¿Crees que puede ayudar a reducir los plazos?

-No creo que vaya a modificar nada en cuanto a plazos. Que los fiscales lleven la instrucción no va a acelerar los procedimientos; es más, incluso podría ralentizarlos, porque los fiscales también tienen una carga de trabajo muy elevada. A mí, personalmente, me gusta más el modelo actual, con la instrucción a cargo del juez instructor. La propuesta plantea que el fiscal instruya y que el juez pase a ser un juez de garantías. Pero, en la práctica, ya tenemos un juez que cumple esa función de control: el propio juez instructor. Y me parece un sistema que respeta mejor el principio de igualdad de partes, porque acusaciones y defensas están en un plano más equilibrado. Es cierto que en la jurisdicción de Menores la instrucción la lleva el fiscal desde hace muchos años y funciona con normalidad, sin vulneración de garantías ni del derecho de defensa. Pero si me pides mi opinión, prefiero que la figura del juez instructor se mantenga en el ámbito penal general.

-Otra de las medidas que está ahora en debate es el acceso a la carrera judicial. El Ministerio de Justicia propone un sistema más flexible y abierto, menos centrado exclusivamente en la oposición teórica y más en la parte práctica. ¿Qué te parece esta propuesta?

-A mí esta idea me da cierto miedo. Me preocupa que permitir el acceso a la carrera judicial mediante sistemas distintos pueda derivar en nombramientos que no sigan los mismos criterios de objetividad. Creo que quienes acceden actualmente a la carrera judicial —los alumnos que luego se convierten en jueces— tienen una formación teórica muy sólida. Son personas muy capaces que lo han demostrado a través de exámenes diseñados precisamente para evaluar sus conocimientos y su preparación. Además, el complemento formativo lo reciben en la Escuela Judicial de Barcelona, donde pasan un tiempo importante, y después a través del sistema de jueces tutores y de las prácticas que realizan. Todo eso los introduce suficientemente en el día a día de la profesión.

Por eso no creo que la solución pase por crear vías alternativas de acceso, sino por incrementar el número de jueces que realmente hacen falta. Que todos entren por la misma puerta, que reciban la misma formación y que, si se necesitan cien jueces al año, salgan cien jueces al año de la Escuela Judicial. No cincuenta por oposición y otros cincuenta por un sistema distinto.

Sí que creo —y esto lo añado por iniciativa propia— que quizá debería reforzarse la formación en algo fundamental: el conocimiento de las profesiones jurídicas. Que jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales entiendan mejor qué hacemos los profesionales, en qué circunstancias trabajamos y cómo nos relacionamos. A veces se echa de menos esa empatía y ese conocimiento mutuo, y eso puede generar tensiones.

En mi caso, siempre he recibido un trato excelente por parte de quienes llevan más tiempo en la judicatura o en la Fiscalía. Pero es verdad que, cuando alguien empieza, la falta de experiencia genera inseguridad: se guardan distancias, cuesta más comunicarse, hay cierto temor. Con el tiempo eso desaparece y la relación se vuelve más cercana y natural, siempre dentro de la corrección y la legalidad. Quizá ese proceso podría acelerarse si se trabajara más en la formación inicial, fomentando esa empatía y ese conocimiento de la realidad profesional. Creo que ahí sí hay margen de mejora.

¿Crees que la Justicia se ha contaminado un poco de la política, o que la política ha puesto demasiado foco —por interés partidista o institucional— en la Justicia?

-Yo no creo que la Justicia se haya politizado, pero sí creo que la política se ha judicializado. Se están utilizando procesos judiciales todos los días para hacer política en los juzgados y tribunales, y eso es algo que deberíamos corregir. Sinceramente, creo que la mayoría de jueces y fiscales lo tienen claro y evitan entrar en ese juego, pero es evidente que a veces se utiliza la Justicia para hacer política. Y eso no me gusta.

-Y cuando escuchas a determinados políticos hablar de lawfare, ¿qué piensas?

-Me parece una barbaridad. Una barbaridad desde dos puntos de vista. Primero, desde la experiencia: nunca he visto que un juez actúe guiado por criterios políticos. Podrá tener, como todos, sus ideas, pero los juristas se rigen por la ley, por su aplicación y por la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia. Y segundo, me parece una barbaridad porque, en la práctica, yo veo que no es así. Creo que llevo suficiente tiempo en esto como para decirlo con cierto criterio. Además, que lo digan los políticos demuestra un desconocimiento total de los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho, especialmente de la independencia de poderes. Un juez, cuando dicta una sentencia, o un fiscal, cuando acusa, no lo hace pensando en política. Lo hace pensando en el Derecho, en las pruebas y en cómo interpretarlas con el mejor criterio posible y con las reglas que tenemos. No con criterios políticos. Que esto se debata, que salga a la luz y que sea noticia, a mí me duele. Porque supone cuestionar un sistema que nunca había estado en duda y que debería estar plenamente consolidado desde nuestra Constitución.

¿Has tenido ocasión de leerte la sentencia del caso del fiscal general?

-Sí, me la he leído.

-¿Había pruebas para condenarlo?

Vamos a ver. Yo no entro a valorar las pruebas, porque es el Tribunal Supremo quien tiene que hacerlo. Y no puedo discutirlas porque, aunque sí me he leído la sentencia, no conozco el proceso en su integridad. Es cierto que la sentencia considera acreditado que el fiscal general fue quien filtró —o a través de quien se filtró— ese correo electrónico en el que se planteaba una posible conformidad. Sobre eso no entro. Pero sí hay algo que me parece muy grave: el propio fiscal general reconoce haber redactado una nota de prensa. Y esa nota de prensa, aunque él justifique por qué la redacta, la redacta revelando un secreto que es sagrado: la confidencialidad que debe regir cualquier negociación de conformidad con un fiscal. Da igual que esa información ya hubiera llegado a los medios; lo que hace el fiscal general del Estado en ese caso es no respetar ese secreto y revelar algo que está obligado a proteger. Me parece un error muy grave por su parte. Si te fijas, la sentencia no solo lo condena porque concluye que el correo se filtró por él o a través de él —algo que podría ser discutible desde el punto de vista probatorio—, sino también porque él mismo reconoce haber redactado ese comunicado. Yo creo que la sentencia va más por eso, por la revelación de datos.

-Creo que va por la revelación de datos.

-¿Qué ocurre? Que desde hace mucho tiempo existe un protocolo de conformidad, firmado no por este fiscal general, sino por uno anterior, entre la Fiscalía General del Estado y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Ese protocolo se basa precisamente en la confidencialidad y en el secreto. ¿Cómo te vas a sentar a negociar con un fiscal —o incluso a defender una absolución— si se revela que has intentado negociar? Las negociaciones entre compañeros, y las negociaciones con un fiscal, están sometidas a secreto. No se pueden revelar. Me parece algo tan evidente que sorprende que no se vea así.

-Cambiemos de tercio. Sobre los juzgados de Violencia de Género: hace poco se habló de una reordenación, incluso de cierres o cambios en Novelda, Benidorm o La Vila. ¿En qué quedó aquello? ¿Siguen siendo suficientes los juzgados de violencia en la provincia de Alicante? ¿Y existe abuso de denuncias?

-Son muchas preguntas. Empiezo por la comarcalización de los juzgados. El problema de los juzgados de violencia de género es que afectan a ámbitos territoriales que corresponden a distintos colegios de abogados. Nosotros somos un colegio provincial, pero en la provincia también están el Colegio de Elche, el de Alcoy y el de Orihuela. La relación con todos ellos es buenísima, y en mi caso especialmente con los decanos de los otros tres colegios. Con Diego, el decano de Elche, solemos decir que este es un problema heredado, no impuesto.

Lo mismo ocurre en Alzira con Valencia, y ha ocurrido en otros territorios. Al final, hemos encontrado un sistema que funciona: si un colegiado nuestro asiste a una víctima de violencia de género o a un presunto maltratador, aunque el procedimiento se tramite después en Elche, lo lleva por nuestra designación del turno de oficio. Y si la asistencia inicial la presta un abogado de Elche, lo tramitan ellos. Es decir, lo que el legislador ha impuesto se resuelve hablando con criterio y sentido común. Si al otro lado tienes a alguien con quien puedes entenderte, como en este caso, el problema se soluciona. Donde había un conflicto, hemos puesto orden, y ya está. No queda otra.

Sobre si hay suficientes juzgados, creo que tienen una carga de trabajo muy elevada. Además, ahora se les han añadido materias como los casos de trata, y son juzgados que también llevan la tramitación del proceso civil. Eso los sobrecarga muchísimo. Yo no diría que la solución sea crear más juzgados de violencia, sino no cargarles tanto de trabajo. En mi opinión, no es necesario que tramiten los procesos civiles. Deberían centrarse en el ámbito penal: en la instrucción y, posteriormente, en el enjuiciamiento por el juzgado que corresponda. Porque lo que ocurre es similar a lo que pasa con los juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción: son órganos que, por acumulación de competencias, no pueden desarrollar con plenitud —o con la amplitud que merecen— todas sus funciones.

-¿La Ley de los Tribunales de Instancia quiere solventar ese problema?

-Claro, efectivamente. Por eso digo que puede funcionar bien, aunque va a costar mucho adaptarse. Los juzgados de violencia de género son una buena idea, pero la solución no pasa por crear más, sino por descargarles de trabajo. Hay materias que no es necesario que lleve un juzgado de violencia; las puede asumir perfectamente un juzgado de familia o un juzgado de primera instancia. ¿Por qué un juzgado de violencia tiene que tramitar un proceso de disolución o liquidación de una sociedad de gananciales? Me parece lógico que adopten determinadas medidas urgentes con efectos civiles —por ejemplo, cuando se solicita una orden de protección, que además del alejamiento puede incluir medidas civiles con una vigencia de 30 días para presentar la demanda—, pero esa demanda no tiene por qué tramitarla necesariamente el juzgado de violencia.

Si descargas al juzgado de violencia de esas materias y permites que las lleve un juzgado de familia, que está especializado en ello, aunque el origen esté en un asunto de violencia, y mantienes en el juzgado de violencia lo esencial —la protección de la víctima y la parte penal—, probablemente se podría trabajar mejor y con menos saturación. Por eso creo que crear más juzgados no es la solución.

-En cuanto al número de denuncias que reciben, ¿crees que es elevado? ¿Sería posible un sistema previo de conciliación como el que existe para otros ámbitos?

-La conciliación no está prevista obligatoriamente para los procesos penales, solo para los civiles y mercantiles. La mediación existe y es válida en esos ámbitos, pero en penal no se aplica. Por tanto, un sistema previo de conciliación no encaja en este tipo de procedimientos. Yo no tengo datos sobre si hay muchas o pocas denuncias, así que no puedo darte una respuesta precisa. Y respecto a si existe abuso —ese porcentaje del 20% del que a veces se habla— tampoco dispongo de cifras. Es cierto que hay denuncias que luego quedan en nada y siempre puede quedar la duda de si eran ciertas o no, pero hay que proteger. Creo que, si en algo debemos excedernos, es en la tutela de quien realmente necesita protección. Utilizando un término sencillo: si hay que pecar de prudentes para proteger a quien lo merece, a mí eso no me parece mal.