En unos días comenzará un nuevo curso político en la Comunitat Valenciana. Lo hace, como todos sabemos, con un indiscutible protagonista: el nuevo president Juan Francisco Pérez Llorca. Y un nuevo Gobierno valenciano. Aunque la oposición intenta hacer ver que hay seguidismo respecto a la etapa de Carlos Mazón, hay que reconocer que algunos matices hay, al menos en las formas. Es posible que en el grueso de las políticas todo siga igual, sobre todo si se quiere introducir algún cambio legislativo o unos nuevos presupuestos, porque siempre tendrán la última palabra de Vox.
Está claro que desde el 29 de octubre de 2024, la Dana lo ha copado todo. Y es posible que siga copando titulares: desde la declaración de Feijóo hasta que acabe la instrucción judicial, con la incógnita de saber si finalmente la juez hace una exposición razonada ante el TSJ y pide la declaración de Mazón en calidad de investigado, pasando por todos los pasos que dé la reconstrucción o la eficiencia en las ayudas.
Pero convendrán conmigo en que, con Mazón fuera del escenario, hay una nueva partida. Que ya la había antes, pero con el foco puesto en Mazón todo era más fácil: cualquier movimiento o declaración del ex president era motivo de réplica. Y cualquier auto o citación de la jueza de Catarroja, un paso para conocer la responsabilidad del ex jefe del Consell. Lo primero ha pasado a un segundo plano, aunque el PPCV se ha dejado una ventana abierta: el escaño de Mazón y la Oficina del ex president, con sus asesores. Lo segundo seguirá, y es posible que siga centrando parte de la actualidad, pese a que Pérez Llorca querrá poner el foco en otras cosas, como el avance de la reconstrucción y los incumplimientos del Gobierno central con la Comunitat.
En medio queda un flanco muy grande que PSPV y Compromís deberían aprovechar si quieren tener opciones de volver al Gobierno de la Generalitat. Aunque la oficialidad nos quiera hacer ver que todo va mejor que antes, los números de la ejecución presupuestaria en Educación y Servicios Sociales siguen dando mucho que desear. Según explicaba esta semana Víctor Romero en El Confidencial, “de los 1.862,9 millones de euros presupuestados en obras públicas, apenas se habían comprometido obligaciones por importe de 813,5 millones, el 43,67% del total, según los datos actualizados de la Intervención autonómica. En Educación apenas se ha llegado al 28% de ejecución de obras y en Servicios Sociales a duras penas se ha sobrepasado el 20%”.
Las cifras son paupérrimas, a pesar de que la Comunitat Valenciana tiene ahora dos velocidades: todo lo que se circunscribe a la recuperación de la zona de la Dana y todo lo que queda fuera de ella. Puedo comprender cualquier justificación. La de este Gobierno del PP (y de Vox) siempre ha sido que se ha ejecutado más con menos cantidad de lo que siempre proyectaba el Botànic. Pero el ciudadano no entiende de eso. Quiere saber por qué el centro social, de salud o el colegio de su municipio no está en marcha. En el caso de Educación, no hay que ser un lince para ver qué obras de nuevos institutos o colegios hay en marcha. No cunden. E incluso, en algún sitio, las aulas prefabricadas se han convertido en verdaderos salvavidas para la comunidad escolar de turno, hasta el punto de celebrar que la conselleria no se las quite.
Algo parecido ha pasado con los centros sociales incluidos en el Plan Convivint: a muchos ayuntamientos se les han retirado las competencias para ejecutarlos con la justificación de que no se pierdan los fondos europeos previstos, por miedo a no poder ser ejecutados en tiempo y forma (aunque algunos no se financiaran con fondos de la UE).
Podríamos seguir con otros proyectos y obras, pero ese trabajo le toca a la oposición. Y con el nuevo curso, PSPV y Compromís no solo deberían persistir en la denuncia de estas carencias o incumplimientos, sino también en las alternativas que proponen. Es verdad que en los últimos meses tanto dirigentes socialistas como valencianistas han multiplicado sus actos públicos para amplificar estas asignaturas pendientes, que son más y más significativas, incluso en algunos feudos en los que gobierna el PP.
Más allá de lo que también cumpla o incumpla Pedro Sánchez, y de todo lo que pueda derivar del debate político sobre la Dana y la investigación judicial, en estos primeros meses de este nuevo curso ya se deberían comenzar a vislumbrar las alternativas a esta baja ejecución presupuestaria de la Generalitat. Después pasará lo que tenga que pasar, pero cuando menos tocaría saber cuál es la respuesta o el plan B que tienen preparado PSPV y Compromís. En algunos casos se presupone, pero quien debe saberlo es la ciudadanía afectada por esa baja ejecución de las obras. Es decir, la oposición tiene materia, si quiere, para sacar los colores al PP, y aportar soluciones. Falta que se ponga, pero materia (después de la Dana) hay. (Y también puede exigir más celeridad y cumplimiento a las promesas al Gobierno de coalición que respaldan)
