Promotores de plantas solares instan a que con los párametros del PAT Vega Baja permita agilizar la tramitación

ALMORADÍ. El Ayuntamiento de Almoradí acogía este martes la mesa redonda “Diseñar la transición ecológica en la Vega Baja” para exponer detalles y abrir al público las cuestiones más importantes del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PATVB) en materia de instalación de plantas fotovoltaicas. El acto lo encabezaba Rosa Pardo, Directora General de Política Territorial y Paisaje y le acompañaban el presidente de la Asociación de Energía de la Comunidad Valenciana (AVAESEN), Marcos Lacruz, el delegado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) Lluís Calatayud y el delegado territorial de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Bernardo Luis.

Los tres representantes de las asociaciones, además de coincidir en la necesidad de que la energía renovable y en este caso, la fotovoltaica, es una oportunidad tanto económica como para combatir el cambio climático, insisten en que los parámetros y condiciones que fija la normativa –en exposición pública desde hace un mes y abierta dos más- sirva al menos para que la tramitación para instalar nuevas plantas no se bloqueen o se demoren y puedan implantarse de la forma más rápida.

“Tenemos un problema de tramitación muy grande” afirmaba el presidente de AVAESEN. Recalcaba, ante el peso en cuanto al impacto paisajístico que “no tendremos paisaje si no actuamos y se permite la instalación” en referencia a las consecuencias del cambio climático sobre la Vega Baja. Admitía algunos aspectos positivos que recoge el PAT como reservar hectáreas para los procesos de participación ciudadana con la que la gente tome conciencia y se estimule el autoconsumo.

“Si esto [el PAT] se aprueba, que no sea necesario ni un trámite o papel más, que sea rápido. Y si tenemos claro donde se quiere hacer y se cumple con la condiciones fijadas, que al día siguiente se permita la instalación” aseveraba el delegado de ANPIER. El representante de UNEF continuaba con esa misma reclamación de que la administración debe agilizar para que no se bloqueen los proyectos. Del mismo modo recalcaba sobre los beneficios en materia de empleo que estas instalaciones suponen para los municipios y la comarca.

Superficie máxima según la zona

Otra de las cuestiones más debatidas se centraba en las superficies máximas que el PAT fija para cada una de las subzonas en las que divide la comarca. El presidente de AVAESEN indicaba como aspectos que deben revisarse, los porcentajes de restricciones que el PAT fija para cada una de las zonas en las que divide la Vega Baja.

El objetivo del PAT, como señalaba la directora general, es priorizar el autoconsumo y las instalaciones de plantas solares de forma distribuida y evitar la acumulación. En cuanto a criterios específicos, el PAT fija que hay que distar al menos de 500 m de recursos paisajísticos de primer orden, evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %, no ocupar suelos de muy alta capacidad agrológica y el mínimo posible de alto valor agrológico, minimizar el sellado y suelos críticos para la recarga de acuíferos y alejar 100/50 metros de corredores fluviales.

Establece una serie de zonas con diferentes parámetros. En la zona 6A se permiten las plantas fotovoltaicas con índices de ocupación máximo del 1,5 % (280 ha). Esta corresponde a los regadíos prelitorales de Los Montesinos, Guardamar, San Miguel de Salinas, Torremendo y Pilar de la Horadada. Estas limitaciones afectan a proyectos como el que está tramitando la mercantil Atitlan en Torremendo, junto a Sierra Escalona, con la intención de instalar la planta de Itel y Bibey que entre las dos suman 300 ha. A la zona 6B, correspondiente a los regadíos surgidos del transvase Tajo-Segura en el piedemonte de la Sierra de Crevillent, parte alta de Benferri, la Murada y Albatera se fija un máximo de ocupación del 2,5 %, 355 ha.

También incluye el PAT que se permite como servicio público una ocupación de hasta 10 hectáreas por municipio en cualquier categoría de las zonas del suelo no urbanizable. Esto suma a la superficie que puede albergar estas plantas 270 ha en toda la Vega Baja.

Comunidad energética en Almoradí

Precisamente, este martes también, el Ayuntamiento, a través de un comunicado hacía público que el municipio contará en este 2022 con una de las primeras comunidades energéticas de la comarca.

El principal objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a la ciudadanía a la producción energética renovable “venciendo las barreras existentes en entornos urbanos, al tiempo que se facilita el acceso a la tecnología a las familias más vulnerables”.

Almoradí ya ha iniciado el proceso previo para estudiar la “viabilidad técnica, económica y jurídica para la constitución de una comunidad energética” en el municipio que, en sus primeras fases, contará con el acompañamiento del ayuntamiento, que será el generador de confianza para el proyecto, quien asuma los costes iniciales y busque las fórmulas de financiación más adecuadas. Para el análisis previo se cuenta con la asistencia del Grupo Enercoop, con experiencia demostrada en este tipo de proyectos al poner en marcha la primera comunidad energética del país.