La planta de Cemex en Buñol, vendida el pasado abril a la turca ÇimsaALICANTE. La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha impuesto sanciones económicas que suman más de 200.000 euros a varias canteras de empresas cementeras que operan en la Comunitat Valenciana, por incumplir la normativa respecto a las emisiones a la atmósfera. Las sanciones, firmes en todos los casos excepto en dos (en uno la empresa ha recurrido a la justicia ordinaria), han llegado como consecuencia de las sucesivas denuncias del colectivo Ecologistes en Acció, y afectan especialmente a dos empresas: Lafarge Holcim y Cemex.
Como ya contó Alicante Plaza, a finales del año pasado la Conselleria había abierto expedientes sancionadores a todas estas canteras por no estar al día en la normativa de control de emisiones (específicamente, por carecer del certificado que es preceptivo desde 2007). Ahora, la mayoría de estos expedientes se han concretado en sanciones económicas que ya son firmes excepto en dos casos. Lafarge, de hecho, incluso admitió los hechos para reducir el importe de la sanción a su cantera en Alicante, como adelantó este diario en su momento.
Así, el Consell ha multado con 26.000 euros a la cantera 'La Senyoreta' de Cemex, y con la misma cantidad a 'La rabosera', de la misma empresa. La multinacional mexicana ha sido multada con otros 26.000 euros por su cantera de Ribarroja. A estas cantidades se suman los 18.000 euros aceptados por Lafarge por sus dos canteras en Foncalent, a las afueras de la capital alicantina. En total, las dos multinacionales suman casi 100.000 euros en multas, la mitad de la cantidad impuesta en todos los expedientes.
A Lafarge y Cemex hay que sumar otras multas, impuestas a la cantera de la valenciana Pavasal por su cantera en Cheste (26.000 euros), los 20.000 euros a Áridos Romafé, y los 26.000 euros a Áridos Llaurí. Al margen, quedan por convertirse en definitivas dos propuestas de resolución contra Ricardo Chanzá e Hijos (26.000 euros) y Pala-Arre (20.000 euros). En total, 213.000 euros. Una de las denuncias de Ecologistes en Acció contra Áridos Llaurí se sobreseyó.
La primera denuncia se interpuso en mayo de 2016, por presunto incumplimiento de algunas canteras de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, "dado que no nos constaba que tuvieran en su poder la preceptiva autorización de emisiones a la atmósfera", según el colectivo. Tras más de un año sin tramitar, esa denuncia se amplió a otras canteras de la provincia de València, y el Servicio de Inspección Ambiental se puso en marcha.
Tras las oportunas investigaciones, incluidas visitas de la Policía a las instalaciones, comenzaron a iniciarse los expedientes sancionadores. En la mayoría de los casos las mercantiles recurrieron administrativamente las resoluciones sancionadoras por carecer de los controles ambientales y de las preceptivas autorizaciones, pero en algún caso, como el de Lafarge, se aceptaron los hechos y las propuestas de sanción. Los recursos fueron desestimados en todos los casos, aunque las resoluciones finales redujeron el importe de las sanciones, colocándose en la parte baja del rango (entre 20.001 y 200.000 euros). Solamente se ha interpuesto un recurso antes los tribunales.
"Estos hechos demuestran la necesidad de una mayor dotación de personal que ejerza el control ambiental de las actividades extractivas e industriales, y que sea capaz de hacer cumplir la normativa ambiental", señala el portavoz del colectivo, Carlos Arribas. El cambio de responsable de la Conselleria de Medio Ambiente (a la que llega Mireia Mollà) es, a su juicio, "una magnífica oportunidad para reivindicar un mayor presupuesto y dotación de personal en la Conselleria que es la competente en garantizar la calidad ambiental a todos los valencianos".
