El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El sindicato Manos Limpias ha entregado al juez que abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó contra Begoña Gómez un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia y en el que apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "presunto encubridor y cooperador necesario de los negocios" de su esposa.
Así lo ha avanzado este viernes el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una rueda de prensa en la que ha comunicado que el sindicato ha ampliado su denuncia contra Gómez, por la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias en abril por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Bernad ha indicado que el informe presentado en la ampliación de la denuncia es "serio y contundente", se ajusta a "la legalidad más absoluta" y "tiene base sólida para que el juez investigue".
"Está basado en algo que no nos hemos inventado nosotros, seríamos unos insensatos si presentáramos un informe basado en conjeturas y especulaciones", ha dicho, para añadir que cree que va a suponer "un impulso al procedimiento".
El dirigente de Manos Limpias, que para no desvelar el contenido completo se ha escudado en que las actuaciones del juez están declaradas secretas, ha explicado que el informe se centra fundamentalmente en Globalia y ha subrayado que puede ser "el punto de inflexión" para "demostrar que el presidente del Gobierno, presuntamente, puede estar también implicado en los negocios de su esposa y era conocedor de todas las actividades de su esposa".
Bernad ha precisado que "de momento" figura solo como denunciada Gómez y "en principio" no prevén extender la lista de denunciados a ningún familiar más, tampoco a Sánchez.
Según ha contado, en el informe adjuntan "referencias de boletines oficiales, documentación y algún pantallazo". En concreto, Manos Limpias pone el foco en dos ayudas concedidas a Globalia por 475 y 320 millones de euros que "aprueba el Consejo de Ministros sin pasar el control que pasaron la mayoría de empresas" para ser beneficiadas por un fondo de apoyo a la solvencia de compañías estratégicas a raíz de la pandemia del coronavirus.
"La sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalia y esto no es ninguna denuncia falsa, es la realidad, el sentido común te lo dice. Donde se aprobaron esas ayudas fue en un Consejo de Ministros presidido por Sánchez. El Gobierno se saltó todas las normas, todos los requisitos, había otras alternativas, él sabía la relación muy íntima que había entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez", ha señalado.
Y ha indicado que uno de los requisitos para recibir ayudas era que las empresas que las solicitaran tenían que estar al corriente de las obligaciones tributarias y "Globalia no cumplía ese requisito".
Para Bernad, Sánchez debió de inhibirse en la aprobación de esas ayudas y no lo hizo al menos en la primera, la de 475 millones, según un acta que ha exhibido en la rueda de prensa, si bien desde Manos Limpias no saben si el jefe del Ejecutivo se abstuvo en la segunda pero deducen que tampoco, ya que el Gobierno -a su juicio- "lo hubiera anunciado" de haberse abstenido.
Sobre si cree que la esposa de Sánchez será citada por el juez, Bernad ha sostenido que con lo que tiene el juzgado sobre la mesa hay "suficiente para imputarla".
Manos Limpias, además, ha pedido al juzgado que reclame el cruce de llamadas de Gómez, tanto de los teléfonos adscritos a Presidencia del Gobierno como de particulares, con los empresarios Carlos Barrabés, Javier Hidalgo (ex consejero delegado de Globalia) y Víctor de Aldama, con los que tiene "una relación de amistad que no ha desmentido".
"Lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber ante un mirar para otro lado de la Fiscalía, que no ha cumplido con su deber de defender el interés público general y la legalidad vigente", ha defendido.
Manos Limpias presentó el pasado 9 de abril la denuncia que dio pie a las diligencias y en ella sostiene que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".
En la misma, a la que tuvo acceso Europa Press, el sindicato señala que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", indica, añadiendo que la cátedra de Gómez fichó como profesor asociado a ese empresario.
Sobre Barrabés, precisamente, Manos Limpias aportó al juez días después un informe en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó el ente público 'Red.es' a la mercantil del empresario, Innova Next SL.
Por otro lado, en la denuncia apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".
A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa de Sánchez y su equipo.
El sindicato apoya su denuncia contra la esposa del jefe del Ejecutivo en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa posterior, Bernad recalcaba que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".
Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la causa mediante un recurso de apelación directa en el que solicita que se revoque el auto de 16 de abril por el que el juez decidió abrir diligencias, que se encuentran bajo secreto.
