ALICANTE.- La batalla judicial emprendida por el agente de la Policía Local de Castalla e inspector de Santa Pola (sin poder haber tomado todavía la posesión del puesto), Iñaki Cantonnet Vicuña, para que se reconociera el carácter laboral de sus bajas médicas entre 2019 y 2021 ha concluido definitivamente en diciembre de 2025. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró firme la sentencia que calificaba dichas incapacidades temporales como derivadas de accidente de trabajo, tras desestimar los recursos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la mutua Umivale Activa, y de los ayuntamientos de Castalla y Santa Pola.

El caso, marcado por la conflictividad institucional y por la condición del agente como denunciante protegido de la Agencia Valenciana Antifraude, ha recorrido varias instancias judiciales hasta consolidar un fallo que vincula la enfermedad diagnosticada —ansiedad y depresión— con el conflicto laboral surgido en el Ayuntamiento de Santa Pola. En este consistorio aprobó la oposición para ascender a la inspector de la Policía Local, pero se le negó el acceso tanto a la formación como al puesto por supuestas irregularidades en la prueba. La Justicia también ha revocado alguno de estos fallos y ha obligado al consistorio a darle uniforme y registrarle en las prácticas del Ivaspe.

La batalla judicial arranca en 2019 y 2021, cuando Iñaki Cantonnet inicia dos procesos de incapacidad temporal (IT) diagnosticados como reacción de adaptación con ansiedad y depresión. Solicita al INSS que se reconozca la contingencia como accidente laboral. El organismo lo rechaza y lo califica como enfermedad común.

En diciembre de 2022, el Juzgado de lo Social nº 4 de Alicante estima la demanda del agente y declara que las bajas derivan de accidente de trabajo. El fallo vincula la dolencia al conflicto judicial con el Ayuntamiento de Santa Pola tras su nombramiento como inspector en prácticas. Los efectos económicos se limitan a tres meses desde la solicitud.

En octubre de 2025, el TSJCV, a través de la Sala de lo Social, desestima los recursos del INSS y de la mutua Umivale Activa. Ratifica la resolución de primera instancia y subraya la existencia de un nexo causal entre la enfermedad y el conflicto laboral. El tribunal insiste en que la dolencia tuvo su causa exclusiva en el trabajo. En este mes de diciembre, transcurrido el plazo legal sin que ninguna de las partes prepare recurso de casación para la unificación de doctrina, la sentencia queda firme. Se cierra así un proceso de más de seis años desde el inicio de las bajas médicas.

La firmeza de la sentencia supone un precedente relevante en la interpretación del artículo 156.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social, que considera accidente de trabajo las enfermedades contraídas con motivo de la realización del mismo, siempre que se pruebe que la causa exclusiva es laboral. El tribunal valenciano ha confirmado que el conflicto institucional y judicial fue el desencadenante de la patología, independientemente de que las decisiones administrativas fueran o no ilícitas.

Y cabe recordar que el caso se enmarca en un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa Pola para cubrir una plaza de inspector de Policía Local. El nombramiento de Cantonnet como funcionario en prácticas fue revocado en 2020 tras un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, lo que generó un largo litigio. Pese a ello, la Audiencia sí que reconoció la condición de funcionario en prácticas y obligó al consistorio a proporcionarle el uniforme y a registrarle en el Ivaspe para realizar las prácticas. Paralelamente, el agente fue reconocido como denunciante protegido por la Agencia Valenciana Antifraude, al colaborar en investigaciones sobre el consistorio.