ALICANTE. El Consell no baja los brazos. Volverá a sondear la vía de la negociación para concertar un nuevo acuerdo paralelo al convenio de 240 millones suscrito con el Ministerio de Transportes en 2022 para la ejecución de infraestructuras en la Comunitat, ahora prorrogado hasta finales de 2029. Una vez conseguido ese margen de maniobra por otros cuatro años más, el propósito del ejecutivo autonómico es que se amplíe la consignación presupuestaria más allá de las aportaciones contempladas en ese primer pacto.

Se trataría, en consecuencia, de procurar la llegada de más fondos con los que poder cubrir los costes reales de los 73 proyectos contemplados en el convenio primigenio, firmado hace tres años. Entonces, se estableció que la mayoría de esas actuaciones -hasta 33- debían ejecutarse en la provincia de Alicante, por un importe global de más de 77,2 millones; otras 27 se referían a proyectos a realizar en la provincia de Valencia, por otros 87,5; y finalmente, otras 13 en la de Castellón, por otros 35,3. Algunas de ellas ya están en ejecución y otras están en proceso de licitación o contratación, según ha venido argumentando la Conselleria de Infraestructuras hasta ahora, durante los meses en los que ha transcurrido la negociación de la prórroga.

No obstante, otros no se han llegado a licitar. Y podrían quedar en el aire si no se cuenta con la partida necesaria para darles cobertura, toda vez que, según el departamento autonómico, su presupuesto de ejecución supera las previsiones de desembolso estimadas en 2022. En concreto, la redacción de los proyectos de esa batería de obras habría permitido constatar que su presupuesto glboal asciende a 358,5 millones. Es decir, 118,4 millones más de lo previsto.

Así lo subrayaron fuentes de la Generalitat este viernes, después de que el pleno del Consell validase la adenda del acuerdo suscrito hace tres años. "En el momento de la formalización del convenio, una parte significativa de las actuaciones incluidas en su anexo no contaba con proyectos redactados ni con las tramitaciones ambientales preceptivas finalizadas. Esta falta de definición, junto con la situación administrativa de los expedientes, ha provocado desviaciones relevantes respecto a las previsiones iniciales, tanto en los plazos de ejecución como en la inversión estimada", precisaron las mismas fuentes. 

Renuncia o fondos propios

De ahí que se trate de persistir en la búsqueda de la complicidad del ministerio con un segundo acuerdo que permita ampliar la consignación económica para abordar la totalidad de las actuaciones, después de haber logrado ganar tiempo para su ejecución, ya que la duración del acuerdo vencía este próximo 31 de diciembre. De no lograrse esa nueva financiación extra, sería el Consell quien tendría que asumir esas partidas. O, en su defecto, renunciar a parte de esos proyectos.

De hecho, así se refleja en la adenda del convenio en la que se establece la posibilidad de que la Generalitat pueda proponer a la comisión de seguimiento la minoración del número de actuaciones financiables o, en su caso, la asunción de los importes con cargo a sus presupuestos ordinarios, en función de la disponibilidad presupuestaria, según reseñaron este viernes fuentes autonómicas.

Así lo reseña el articulado de la adenda al apuntar, de forma literal, que: "Por parte de la Generalitat Valenciana, en el caso de requerir financiación adicional, al límite máximo de 200.000.000,00 euros aportados por la Administración General del Estado, podrá o bien proponer a la comisión de seguimiento la minoración del número de actuaciones financiables, o bien ser absorbida, en el caso de disponibilidad presupuestaria, con los presupuestos ordinarios de la Generalitat". 

La pretensión del departamento que coordina el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, sería la de poder ejecutar la totalidad de las actuaciones previstas, sin renunciar a ninguna. Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de que Transportes amplíe su aportación a futuro? En principio, no estaría previsto, según apuntaron también este viernes fuentes del ministerio. De hecho, es una hipótesis que ya se ha puesto sobre la mesa en las negociaciones previas hasta que se pudo concretar la concesión de la prórroga por otros cuatro años más para la materialización de las obras. Y en esos contactos ya se puso de manifiesto la preocupación por el bajo ritmo que el ministerio habría constatado en la ejecución de las actuaciones previstas. Así lo trasladó la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en una comunicación dirigida a Martínez Mus el pasado octubre, en la que señalaba que hasta junio solo se había ejecutado trabajos por un importe de 75 millones de los 200 que debe aportar el ministerio.