Todos contra el informe de Intervención que cuestiona la gestión interna del Ayuntamiento de Benidorm

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sigue a vueltas con el informe presentado por el departamento de Intervención sobre la gestión económica del Consistorio. Un documento que salió a la luz en noviembre de 2022 y analizaba la Cuenta General del ejercicio 2021. Entre otras cuestiones, como ya adelantó este diario, lanzaba acusaciones sobre la prórroga y el precio del contrato de la limpieza y recogida de basuras, así como otros expedientes relacionados con el empresario Enrique Ortiz. Unas conclusiones que el gobierno local quiso comprobar con cada departamento, que ha tenido todo este tiempo para defender su postura, negando todas las afirmaciones del área económica.

El pleno de este lunes daba cuenta de los escritos de respuesta, divididos en cinco informes, firmados por separado por los letrados municipales, Tesorería y siete funcionarios de Ingeniería. Todos ellos alegan punto por punto las manifestaciones de Intervención.

En el caso del letrado municipal, asegura en sus conclusiones que el informe en cuestión contiene "defectos de forma evidentes y graves" porque no viene firmado por el que era interventor municipal a 30 de abril, fecha límite para su confección y entrega. Asimismo, dice el abogado que asumen la responsabilidad del escrito los dos funcionarios que lo suscribem cuya rúbrica "no los identifica" y recuerda que debería haber sido firmado digitalmente.

Otro de los asuntos que destacaba era la tasación de la expropiación de terreno del Moralet. Intervención pedía un informe sobre la defensa que se hizo para analizar si fue de manera adecuada y asegura que se le había abonado a Incobe, de Enrique Ortiz, dos veces el pago de 155.867,58 euros. El letrado rechaza que se haya pagado dos veces ni que se tenga que reclamar a la empresa ninguna cantidad. Así, señala que Incobe fue abonando a través de Suma el importe por diversos recibos de IBI de los terrenos expropiados.

Para el abogado, lo que debería de investigarse es la responsabilidad de los servicios económicos por la "tardanza" en la intervención formal y material de la ordenación del pago. Algo que asegura, dio lugar a la retasación de los terrenos con un sobrecoste de 4.341.270,7 de euros, apunte que hacían desde Secretaría, cuyas advertencias dice que se ignoraron. Sobre este asunto menciona además que es falsa la argumentación de que el pago de 40 euros de más fuera error de la expropiada "máxime cuando sería la propia Intervención municipal la que tiene la responsabilidad de comprobar la exactitud del gasto y que este se ha efectuado correctamente".

Acusaciones sobre FCC

Otro de los escollos está en la famosa sentencia de FCC del 28 de mayo de 2021 a favor de la empresa. Dejaba sin efecto el acuerdo plenario de 2017 y fijaba la forma de cálculo de los precios. En consecuencia, el Ayuntamiento tenía que abonar 7,7 millones de euros a la mercantil: 1,1 millones por el periodo de 2012 a agosto de 2013 y otros 6,6 millones de euros desde entonces hasta 2019. Para el letrado "los que asumen el Informe de la Intervención municipal constituyen un ataque directo" sobre él. Afirma que es falso que se "favoreciera" a la mercantil FCC. Hay que tener en cuenta que señalaban que algunas decisiones tomadas en aquel momento se habían vuelto "contrarias al interés público". 

A continuación, el letrado indica que ha trasladado el informe de Intervención al magistrado que emitió el fallo, solicitando testimonio de todos los autos a "fin de poner en conocimiento de la Fiscalía tanto el resumen de resultados de control interno de 2021" como "el testimonio de los autos del procedimiento" en cuestión. Es por esto que pide al alcalde, Toni Pérez, que si lo estima conveniente, inicie una investigación interna abriendo un expediente informativo para "determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de los firmantes". Finalmente, añade que se reserva las acciones legales oportunas, tanto penales como civiles.

Al contrario de lo que mantenía Intervención, asegura que es incierto que la fórmula polinómica de revisión de precios constituyera  “cosa juzgada” según la sentencia y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. "Se utiliza el instituto jurídico de 'cosa juzgada' de forma maliciosamente errónea, pudiéndose deducir que, o bien carecen de la formación jurídica suficiente para emplear dicho término, o bien lo utilizan de forma perversa, para inducir a confusión", dice el escrito de 40 páginas al que ha tenido acceso este diario. También niega que no se presentaran los informes de contestación al criterio para el cálculo de precios.

Inquina personal

El letrado asegura que la mayoría de los datos y apreciaciones del informe faltan a la verdad en la narración de los hechos y advierte que esto podría constituir una infracción penal tipificada en los supuestos de falsificación de documento oficial, calumnias e injurias debido a que se les acusa de posible delito de tráfico de influencias o cohecho pasivo impropio, y por tanto, podría acarrear responsabilidades penales, disciplinarias y civiles. Todo ello, afirma, "sin aportar ningún argumento jurídico y demostrando mala fe, al mentir de forma palmaria en la exposición de los hechos". Por lo que considera que lo hacen para perjudicarle. Así, resalta que los firmantes del informe se les presupone conocimientos jurídicos suficientes para desarrollar el cargo que ostentan, por lo que concluye que actúan por inquina personal hacia él.

Por su parte, desde el área de Ingenieria también aluden al desconocimiento de Intervención sobre su trabajo, lo que, dicen, les permite errar en sus conclusiones. Además, reconocen que si hay rertasos es debido al adelgazamiento de la plantilla así como a haber asumido tareas de otros departamentos que están saturados. Con todo, dicen que "no ha acertado ni en su valoración, ni en su inclusión en el referido informe, más allá de alguna cuestión en la que podamos estar errados en  nuestra valoración".