El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Limpieza, Manuel Villar, en la presentación de los últimos vehículos incorporados a la prestación.ALICANTE. Primer escollo confirmado en la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante: el contrato por el mayor importe de los que dependen del Ayuntamiento, por un precio de salida de 347 millones y ocho años de duración. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda responsable de dirimir conflictos en materia de contratación) ha resuelto conceder la suspensión cautelar del procedimiento tras la petición registrada por el colectivo Ecologistas en Acción en su recurso frente al pliego del concurso, interpuesto el pasado 19 de mayo.
La suspensión se concede por el plazo en el que se demore la resolución sobre el fondo de esa impugnación, lo que podría conllevar al menos un compás de espera para que se puedan registrar avances en el proceso de contratación de entre uno y dos meses. Con ello, podría postergarse la adjudicación más allá de finales de 2022: la previsión con la que se contaba inicialmente. No obstante, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no paraliza el plazo de presentación de ofertas, de modo que cualquier licitador interesado en asumir la prestación puede registrar su propuesta hasta la fecha establecida inicialmente (el 27 de junio) sin ninguna consecuencia. Así, si el TACRC acaba rechazando el recurso, y decide mantener la validez de los pliegos sin requerir correcciones adicionales en su resolución definitiva, el proceso podrá reanudarse con la valoración de las propuestas ya presentadas.
¿En qué se basó la impugnación de Ecologistas en Acción? Portavoces del colectivo ecologista concretaron, al informar sobre su presentación, que "las principales razones" que lo motivaron "son de orden ambiental, pues los pliegos de esa licitación incumplen la normativa ambiental estatal, autonómica y local (Plan Local de Residuos)". Según Ecologistas en Acción, "los pliegos de la licitación, tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el de Cláusulas Administrativas incumplen las determinaciones ambientales de la normativa vigente respecto a la recogida de los residuos municipales".
El acuerdo no conlleva la paralización de la admisión de ofertas por parte de empresas interesadas en asumir la prestación
Además, añadieron que "no atienden a las determinaciones de la recientemente aprobada Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues no priorizan los sistemas de recogida más eficientes determinados por su artículo 25: el sistema de recogida 'puerta a puerta' o el de recogida en contenedores cerrados, con identificación del usuario". Y, entre otros argumentos, añadieron que "también se incumpliría el artículo 14 del Decreto 55/2019, por el que se revisa el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana".
El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), elevó un escrito de alegaciones para oponerse a la admisión del recurso y a la concesión de medidas cautelares en el que, entre otros motivos, se argumentaba que el colectivo carecía de legitimidad para ser parte en el procedimiento de licitación, de modo que no tendría capacidad para impugnar el pliego.
De igual modo, se emplazaba al TACRC a no admitir la suspensión cautelar solicitada al considerar que "dicha medida causaría retrasos de imposible recuperación para implantar servicios de obligada y prestación en materia de recogida de residuos municipales y, por otra parte, en lo que afecta a los servicios de limpieza retrasaría igualmente la puesta en marcha de un servicio que es necesario actualizar para dar respuesta a las nuevas y mayores necesidades del municipio habida cuenta de que el contrato actual ha quedado desfasado después de haberse cumplido ya el plazo previsto inicialmente y se encuentra en periodo de prórroga".
No obstante, el TACRC ha decidido ahora asumir la petición de los conservacionistas. En todo caso, el suyo no sería el único recurso presentado contra la convocatoria del concurso. Existe al menos una segunda impugnación registrada por el grupo municipal del PSOE, en la que también se solicitaría la rectificación del pliego.
Por su parte, el grupo municipal de Unides Podem EU ha reaccionado a la suspensión del proceso de contratación para señalar que, a su juicio, se trata de "un asunto más relativo a la gestión de residuos que se hace mal por parte de este equipo de gobierno". "La política de Barcala, del PP, ha sido la de facilitar que algunos se enriquezcan con esta contrata en lugar de defender el interés general de la ciudadanía, que pasa por limpiar más y reciclar mejor". Según fuentes de la confluencia, "la admisión de la suspensión cautelar de la licitación de la contrata de gestión de residuos y limpieza evidencia que, tal y como advirtió Unides Podem EU, se tramitó con muchas carencias, sin tener en cuenta si quiera el propio Plan de Residuos Local, que ya era absolutamente insuficiente para llegar al 50% del reciclaje que nos exige la UE. Esperamos que rectifiquen, y rehagan la contrata con la intención de mejorar tanto la limpieza como el reciclaje en nuestra ciudad", concluyen las mismas fuentes.
