Montepego.PEGO. El Tribunal Supremo ha rechazado un contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Pego, en que alega en contra de una resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que responsabiliza al consistorio de permitir vertidos ilegales en dos depuradoras de una urbanización, Montepego.
Pero, el alcalde de Pego, Enrique Moll, niega la mayor y asegura que esa urbanización “no está recepcionada” y que, por tanto, las dos depuradoras que hay en su término municipal son responsabilidad de los propietarios y no del Ayuntamiento. “En cambio de la depuradora que hay en Dénia de la misma urbanización, nadie dice nada, es curioso”, ha agregado.
Moll ha recordado que han mantenido varias reuniones con la CHJ, organismo que asegura que Pego firmó la recepción de estas depuradora: “No supieron decirnos, ni quien lo firmó ni donde está ese documento, porque en el Ayuntamiento no está. Lo tenemos bien claro, y por eso estamos luchando tanto”.
El alcalde de Pego ha indicado que la población lleva ganados tres pleitos en este tema, en tribunales más cercanos, pero que, al parecer, y no sabe el porqué el Supremo no ha admitido su contencioso contra la decisión de la CHJ de culpar a Pego de esta situación. “Vamos a ver, si cuando vienen a hacer visitas a las depuradoras, les abren las puertas los empleados de la urbanización Montepego, nosotros no tenemos llave, cómo vamos a haberla recepcionado”.
La resolución en contra de Pego, tomada por la CHJ fue en marzo de 2019, momento en que arrancaron todos estos trámites que han acabado en el Supremo. De hecho, hay sentencias como la TSJ que dan la razón a Pego, al no ser de su propiedad las depuradoras y, mucho menos, haber recepcionado la urbanización en estas décadas.
En Montepego hay tres depuradoras, dos en el término de Pego y otra en Dénia, pero son las dos primeras las que están en conflicto, algo que hace pensar en “intereses ocultos” a Moll. “Tenemos tres sentencias a nuestro favor, no hemos recepcionado esta urbanización de montaña y, por tanto, nada pertenece a Pego, ni las depuradoras”. La CHJ tiene que dirigirse a esa urbanización privada y exigirles lo que estime oportuno, no al Ayuntamiento de Pego.
Sobre la decisión del Supremo, Moll ha indicado que estudiarán qué medidas tomar. De todas formas ha precisado que se trata de un contencioso administrativo, aunque bien es cierto que el fallo especifica que no cabe recurso.
