Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. PSPV y Compromís vuelven a chocar por la regulación del comercio. Tras el sonado enfrentamiento que los dos socios del Consell del Botànic protagonizaron el año pasado hasta aprobar el Patsecova, la Conselleria de Hacienda, controlada por los socialistas, ha vuelto a bloquear una iniciativa de la Conselleria de Economía por la misma razón que entonces: la falta de consenso con los empresarios.
El motivo de discordia en esta ocasión es la Ley de Comercio Sostenible que el departamento que dirige Rafael Climent pretendía que fuese aprobada en el pleno del Consell de este viernes pero que ni quiera se someterá a examen porque la Conselleria de Hacienda pidió este jueves su retirada del orden del día para revisar su contenido.
En concreto, la polémica se refiere a uno de los aspectos centrales de la norma, la que tiene que ver con la creación de las áreas de promoción económica urbana (APEU), una figura jurídica equiparable a las Entidades de Gestión y Modernización que ya existe en el caso de los polígonos industriales con la que se pretende revitalizar áreas de especial intensidad comercial.
Estas APEU pueden crearse por acuerdo entre la mayoría de los comercios ubicados en un área territorial concreta y por un periodo de hasta cinco años. Aunque su constitución es voluntaria, la pertenencia a la misma sí es obligatoria para todos los negocios de su ámbito de influencia y, por ende, el pago de las correspondientes cuotas aprobadas por cada Ayuntamiento para financiar sus actividades.
Su misión sería la gestión, mediante colaboración público-privada, de los servicios de las empresas pertenecientes a la misma y para sus clientes, así como la mejora de su entorno urbano.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) alegó contra el anteproyecto de ley y pidió la supresión de los cinco artículos que tienen que ver con los centros comerciales urbanos, entre los cuales están los artículos que regulan la forma de constituir la APEU y el pago obligatorio de cuotas por parte de todos los locales comerciales dentro de sus límites.
Según la patronal que preside Salvador Navarro, la regulación de esas APEU debe establecerse mediante una ley específica "fruto del consenso entre los diferentes sectores afectados (comercio, hostelería, servicios...)" dejando únicamente para la Ley de Comercio Sostenible los "principios generales" pero no se desarrollo reglamentario.
El Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat, en su dictamen sobre el mismo anteproyecto, también concluyó que las APEU de la Comunitat deberían regularse mediante una ley específica –como ya ha ocurrido en alguna comunidad autónoma– de carácter transversal y que esté "consensuada entre los diferentes sectores y agentes afectados, respetando en todo caso la libertad de asociación de los establecimientos afectados por el ámbito territorial del APEU".
Además, el CES refuerza su postura poniendo de manifiesto que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya está tramitando una Ley de áreas de promoción de iniciativas económicas (APIE), cuyo objetivo es establecer un marco común que siente las bases para su creación y funcionamiento.
Sin embargo, la Conselleria de Economía ha obviado tanto las alegaciones de la CEV como las observaciones del CEV y ha mantenido la regulación de las APEU porque considerar que son uno de los ejes de la Ley de Comercio Sostenible.
Ante ello, el PSPV ha movido ficha para ganar tiempo y tratar de buscar un mayor consenso como ya ocurrió con la aprobación del Patsecova, que fue sistemáticamente frenado por los socialistas hasta que Compromís se avino a renegociar algunos aspectos con la patronal de los supermercados (Asucova). En concreto fue el subsecretario de Hacienda y en nombre de la secretaria autonómica de Economía, Empar Martínez, quien este jueves pidió una semana extra para analizar el proyecto de ley.
Compromís defiende la obligatoriedad de pertenencia de los negocios a la APEU porque su creación es voluntaria y requiere de un acuerdo explícito y mayoritario de los locales comerciales de una determinada zona. Además, la coalición recuerda que el sector comercial venía reclamando desde hace tiempo la regulación de este tipo de figuras de gestión y que el propio Gobierno central las ha promovido desde el Ministerio de Comercio con una "propuesta normativa" para la creación de lo que en inglés se conoce como Business Improvement Districts (BID).
Con independencia de si finalmente se trata de un retraso de solo una semana o de si se acaba aceptando alguna modificación en el proyecto de ley, desde el propio Consell se reconoce que este nuevo enfrentamiento entre PSPV y Compromís era evitable, pues a estas alturas de la legislatura es prácticamente imposible que la norma pueda completar el trámite parlamentario antes de la disolución de Les Corts para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2023.
