Terminal de TMS en la ampliación del puerto, donde proyecta los depósitos de combustible. Foto: TMSALICANTE. El Consell sí tendrá que pronunciarse sobre la instalación de los depósitos de combustible que la firma Terminales Marítimas del Sureste (TMS) promueve en el espacio de su concesión en el puerto de Alicante. Más allá de que el Ayuntamiento de Alicante ya ha avanzado que 'elevará consultas' al Gobierno autonómico en el trámite para concederle la licencia ambiental, que es competencia local, la propia Generalitat debe conceder al proyecto la autorización de emisiones, lo que implica que en cualquier caso participará en el trámite.
Según las fuentes consultadas, los depósitos de hidrocarburos que TMS promueve en su terminal necesitan obtener la autorización de emisiones que otorga el Gobierno autonómico al estar incluida en el grupo B de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, según el Real Decreto 100/2011, por el que se aprueba el catálogo de esas actividades. Si bien la actividad prevista es solo la de almacenaje, el propio procedimiento de llenado y vaciado de los depósitos pude provocar estas emisiones, lo que obliga a disponer de dicha autorización.
Al tratarse de una actividad incluida en el grupo B, el trámite es algo más simple que si fuera del grupo A, según estas mismas fuentes. Así, según la normativa, TMS puede tramitar la autorización directamente en la Dirección Territorial de la Conselleria en Alicante, en lugar de hacerlo en València. Es la Dirección Territorial quien en última instancia concede o deniega dicha autorización. Asimismo, el trámite para obtener este permiso no requiere de exposición pública, por lo que no cabe presentar alegaciones, como sí ha sucedido en la modificación sustancial de la concesión otorgada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (que ha rechazado las más de 3.000 recibidas).
Como contó Alicante Plaza la pasada semana, la Autoridad Portuaria de Alicante ha dejado en manos del Ayuntamiento, que ya se ha mostrado contrario al proyecto, la adecuación de los depósitos de combustible. En la respuesta a las alegaciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante el pasado puente de agosto, el puerto remite a la tramitación de la licencia ambiental ante el Consistorio para que se solventen carencias detectadas en dichas alegaciones como la ausencia de informes de Seguridad, de riesgo sísmico o de medidas anticontaminación.
El acuerdo del puerto por el que se concede la modificación sustancial se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que supone que se activan las dos condiciones que adelantó este diario a mediados de mes: un plazo de dos meses para que la empresa constructora de los depósitos, XC Business 90 SL, presente un proyecto constructivo, y el mismo tiempo para que haga llegar un informe de seguridad.
El consejo de administración que aprobó la modificación se celebró en paralelo al pleno de julio del Ayuntamiento, lo que impidió la asistencia del alcalde, Luis Barcala, y los concejales Adrián Santos y Natxo Bellido (este último designado en representación de la Generalitat). Fuera del consejo del puerto, tanto el equipo de gobierno como Compromís se han mostrado críticos con el proyecto de depósitos. Al margen del trámite ante la Dirección Territorial, que corresponde a la empresa, el Consistorio tiene previsto remitir el expediente a la Conselleria de Transición Ecológica y la Agencia Valenciana de Seguridad para que se pronuncien sobre la licencia municipal.
El colectivo Ecologistes en Acció, por su parte, se está mostrando especialmente combativo con el proyecto, que también ha recibido la oposición (como suele ser habitual) de colectivos vecinales y grupos políticos. La asociación tiene previsto acudir en septiembre al Defensor del Pueblo (al tratarse de un proyecto estatal que depende de Puertos del Estado) para denunciar que no se haya considerado a su colectivo parte interesada en el proceso, y por otro lado la fecha escogida por la Autoridad Portuaria para celebrar el consejo que aprobó la concesión y que impidió la participación de representantes municipales. Asimismo, valora presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Fomento porque la modificación de la concesión que se ha publicado en el BOE es un extracto.
