El Alcoyano ve "una absoluta injusticia" los tres partidos a Álvaro Vega y estudia recurrir

ALCOY (EFE). El Alcoyano cree que la sanción de tres partidos al central Álvaro Vega que le impuso el Juez Disciplinario de la RFEF tras su expulsión en el partido ante el Algeciras es "una absoluta injusticia" y estudia la opción de presentar recurso.

En el tramo final del encuentro, el jugador del Algeciras Yac Diori se dirigió al árbitro, acusó a Vega de haberle proferido un insulto racista además de haber mentado a su madre, que ha fallecido, y se retiró al banquillo del equipo andaluz.

Tras constatar el colegiado que ningún miembro del equipo arbitral había escuchado las palabras denunciadas por Diori, el choque se reanudó siete minutos después, con el futbolista del Algeciras de nuevo en el campo pero al finalizar hubo una tangana en la que Vega fue expulsado.

El club andaluz presentó alegaciones al acta e hizo suya la acusación de Diori pero el Vega negó cualquier insulto al ser el Alcoyano invitado a dar su versión de los hechos.

En su resolución, el Juez Disciplinario recogió que ningún árbitro escuchó los presuntos insultos del jugador del Alcoyano aunque deslizó que "puede entenderse que algún hecho grave debió producirse como para que el jugador el jugador nº 15 del Algeciras CF reaccionase en la forma y términos en que lo hizo". En cualquier caso y ante la falta de pruebas no sancionó al defensa por esa acusación.

En cambio, le sancionó por la pelea que se produjo al acabar el partido al entender que al enzarzarse con un adversario provocó "una confrontación multitudinaria" en la que tuvo que "ser sujetado y llevado hacia la zona de vestuarios por sus propios compañeros".

Según el Juez Disciplinario la conducta de Vega "constituye una conducta contraria al buen orden deportivo, tipificada en el artículo 129 del Código Disciplinario y sancionada con suspensión de hasta cuatro partidos".

Finalmente le impuso tres partidos de sanción y una multa, una decisión que el Alcoyano cree que es "una barbaridad" y que se plantea recurrir en los diez días hábiles que tiene para hacerlo desde que se le comunicó la decisión.