Vicente Barrera. Foto: ROBER SOLSONA/EPLa estrategia electoral de los partidos que configuraban el gobierno del Botànic, y particularmente el PSPV, se basó en no hacer demasiado ruido, no tensionar. No provocar a la derecha, intentar que la campaña no se contaminase de la política nacional. Presentar los éxitos de gestión y un gobierno centrado y sensato, mimetizado en la figura del president Ximo Puig, como principal argumento para revalidar la mayoría progresista en Las Cortes.
Nunca sabremos qué habría pasado si se hubiera adoptado una estrategia diferente desde la izquierda, pero sabemos que la que se llevó a cabo no funcionó. Por dos motivos, fundamentalmente. El primero, que no logró desmovilizar el voto de la derecha. La derecha, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, logró un excelente resultado en las elecciones municipales y autonómicas. Un resultado que se leyó como un castigo al Gobierno central y al "sanchismo", y frente al cual el Botànic poco habría podido hacer. El segundo motivo del fracaso electoral, en cambio, sí que es imputable al Botànic y, más específicamente, al espacio a la izquierda del PSPV.
Los cálculos para revalidar la mayoría de izquierdas que dieran lugar a un Botànic III pasaban ineluctablemente porque Unidas Podemos lograse superar el 5% que daba acceso a Las Cortes. Como es sabido, esta formación se quedó muy lejos del objetivo, con un 3,5% de los votos. UP finalmente fue en solitario, pero no sin que antes hubiera conversaciones con Compromís para elaborar una candidatura conjunta, descartada por la formación valencianista. Tampoco ayudó que en los prolegómenos de estas elecciones se escenificara claramente el enfrentamiento entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la cúpula dirigente de Podemos, así como que quedara claro que Sumar en ningún caso se conformaría como tal de cara a las autonómicas. Así, lo acabaría haciendo poco después de la debacle electoral, para afrontar las elecciones generales anticipadas que convocó Pedro Sánchez al día siguiente de los comicios municipales y autonómicos.
En todo caso, hay que decir que, incluso si UP hubiera obtenido ese 5% de los votos, no habría sido suficiente para obtener una mayoría (el resultado en ese caso habría sido 50 para PP y Vox y 49 para PSPV-Compromís-UP). Es decir, que estamos ante una victoria clara y contundente de los dos partidos que han formado coalición de Gobierno y llevan desde finales de julio al frente de la Generalitat. Una victoria tan clara que, de hecho, también se ha extendido a las tres capitales de provincia y -por sorpresa- en las tres diputaciones provinciales.
El Gobierno de PP y Vox no ha alcanzado los dos meses, muy por debajo de los 100 días de gracia que habitualmente se concede a un Gobierno entrante. Es pronto para hacer un balance de gestión, y en esto entran fallos tan clamorosos como la imprevisión con la que se ha llevado todo lo referente al inicio del curso escolar, para el que a estas alturas aún sigue habiendo vacantes pendientes de cubrir. Pero no es pronto para constatar dos características definitorias del nuevo Gobierno en los inicios de su andadura, y de las cuales son muestra el mencionado caos en el inicio del curso escolar.
La primera es que, claramente, el PP no esperaba recuperar la Generalitat en estas elecciones. Tanto ellos como el Botànic tenían en mente que lo más probable sería la continuidad del Gobierno actual, y tanto es así que a Carlos Mazón le ha costado muchísimo llenar los puestos de gestión del Gobierno autonómico. Y no sólo por su proclamado afán por "adelgazar" la Administración, sino porque parece que no contaban, ni él ni su partido, con algo parecido a un Gobierno en la sombra que pudiera hacerse cargo de la gestión de la Generalitat en la eventualidad de que obtuviesen una mayoría suficiente, como así ha sido.
Cuestión aparte es el enorme problema que está siendo incorporar la cuota de Vox en el Gobierno, pues este partido, sencillamente, no tiene gente disponible ni para cubrir los puestos del segundo escalón que obtuvo en el reparto, porque muchos de los potenciales gestores afines no están dispuestos a mancillar su hoja de servicios viéndose asociados con Vox. Y de ahí que los nombramientos de Vox llamen casi siempre la atención, bien sea por el perfil de los nombramientos (a menudo manifiestamente alejados o inadecuados para las funciones que se supone que han de asumir), bien sea por las persistentes vacantes, que al final ha tenido que rellenar, como buenamente ha podido, el PP.
La segunda constatación de lo poco que llevamos de legislatura es que al PP no le ha quedado más remedio que contar activamente con Vox en el Gobierno. Y además desde el minuto uno, cuando Núñez Feijóo estaba intentando dilatar lo máximo posible los inevitables pactos autonómicos con Vox, para que no perturbasen la inminente campaña de las Elecciones Generales (y vaya si la acabaron perturbando). Y eso implica contar con la aportación política de Vox, que viene a ser una versión intensificada de lo que era el PP de toda la vida mezclada con una serie de aportaciones de la derecha trumpista y la ultraderecha europea que, a decir verdad, no se adaptan demasiado bien a las características de la política española.
De manera que Vox, como pudimos visualizar nítidamente en las recientes elecciones generales, o como puede constatarse día a día en la inexistente negociación de investidura de Núñez Feijóo, es un socio problemático para el PP, que puede granjearle defecciones en su espacio político y, sobre todo, avivar la llama de la movilización electoral de la izquierda. Y en el caso específico de la Comunitat Valenciana, además, Vox cuenta con perfiles particularmente irritantes, como su cabeza de cartel electoral, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psicológica contra su exmujer hace veinte años, que tuvo que renunciar para hacer mínimamente aceptable ante la opinión pública el pacto de Vox con el PP valenciano, y su sucesor y actual vicepresidente autonómico, Vicente Barrera, que representa los intereses del mundo del... toreo.
Ahora tal vez podría decir hipócritamente que tampoco hay nada malo, à priori, en que un torero sea vicepresidente de un Gobierno autonómico, pero aquí hemos venido a decir las cosas como uno cree que son: un vicepresidente torero se ubica en el mismo espacio conceptual que el de un futbolista o una folklórica: profesiones que nunca han estado vinculadas, desde ningún punto de vista, con la gestión de los asuntos públicos.
Además, el vicepresidente Barrera es un torero que ejerce como tal, y que tiene claro que su papel ahí es potenciar el mundo del toro, "preservando" los bous al carrer, potenciando la tortura de los toros en todas sus formas; en definitiva, poniendo la tauromaquia en primer plano. Y eso, cuando sólo una tercera parte de los españoles consideran que las corridas de toros y demás aparataje torturador deberían preservarse, es una apuesta electoralmente perdedora, además de ridícula.
Puede que a Vox le compense, porque seguro que sus votantes se encuadran, en su inmensa mayoría, en ese tercio de la población (en acelerado descenso conforme visualizamos los datos en las generaciones más jóvenes), pero al PP seguro que no. Y cuando proliferen, como ya lo están haciendo, las decisiones y declaraciones absurdas, irritantes o contraproducentes, de Vox y también del PP, habrá que ver si está tan claro como parecía la noche del 28M que el PP ha recuperado la Generalitat para quedarse. Porque un Gobierno de ocurrencias y freaks es lo último que necesita el PP si quiere que la izquierda no se le soliviante como en 2015. Igual tampoco les funciona la estrategia de adormecer al rival, como no le funcionó recientemente al PSPV.
