El concejal de Movilidad en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El pleno de Benidorm ha aprobado la incoación del expediente de resolución del contrato de los servicios de la zona azul y la grúa. Después de comprobar los incumplimientos reiterados de la concesionaria, algunos de ellos detectados desde hace años. De este modo, le dan un plazo de audiencia a la empresa para que presente alegaciones si lo estima oportuno, y en ese caso, será el Consell Jurídic Consultiu el que determine cuál es el procedimiento a seguir. Pero eso no es todo, esta misma concesionaria será la encargada de garantizar el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato.
La propuesta del concejal de Movilidad, Francis Muñoz, fue aprobada este lunes por el PP y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo. De este modo, dejan sin efecto el expediente sancionador que se abrió a principios de año cuando salieron a relucir los diferentes incumplimientos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Autobuses Playa de San Juan y SICE.
Hasta siete faltas detectadas por los técnicos en un informe en el que se basan para tomar esta decisión a un año de vencer el contrato. Como se decía, algunas de ellas vienen cometiéndose desde hace años, pero no se ejecutó por parte del Consistorio hasta que la denuncia ciudadana puso el foco en el cobro de una tasa por gestiones en la app de pago de la zona azul. Una cuantía que siguen cobrando a pesar de que se les requirió que no lo hicieran desde el Ayuntamiento y en la que vuelven a insistir ahora, pidiendo que se reembolse a los usuarios el importe de más.
La propuesta está basada en el informe realizado por el Técnico de la Administración General del Ayuntamiento, instructor del expediente. En él se alude a otro realizado por la dirección facultativa el pasado mes de febrero en el que ya se proponía "la resolución del contrato por la comisión de infracciones calificadas de muy graves".
Los siete incumplimientos son los siguientes: Cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable, no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina. Todos estos incumplimientos son calificados como "infracción muy grave" y cinco de ellos, según el informe técnico, conllevan "la resolución inmediata del contrato".
Desde la oposición, el concejal del PSOE, Miguel Soldevila, criticó la forma de actuar del PP en este asunto, afirmando que se trata de "incompetencia inexplicable y dejadez de funciones", además de recriminarles que era una de dos, o "no se han enterado de nada" anteriormente, "o han mirado para otro lado". Así hacían hincapié en que la falta de asistencia técnica se remonta a 2017, es decir, desde hace más de cinco años. Al mismo tiempo, criticó que finalmente el expediente sancionador se cierre sin consecuencias para la empresa.
Por su parte, Muñoz aseguró que el objetivo de la moción era mejorar el servicio a los usuarios y una vez se constató que la empresa seguía haciendo todo igual después del requerimiento del Ayuntamiento. A continuación, aprovechó para censurar el pliego actual: "Tiene cosas que mejorar", dijo. Así, considera que al contener sanciones de pequeña cuantía por las infracciones, la concesionaria había optado por seguir actuando igual. Al mismo tiempo, aseguró que "ya venía dando mala espina" cuando se aprobó en 2015 a días de las elecciones municipales y con gobierno socialista: "Aquí no se viene a hacer negocio, sino a prestar un servicio", concluyó.
