BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este martes la moción del concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, sobre los precios de la planta de transferencia. La propuesta pide el ajuste de los importes que cobran al municipio por parte de Vaersa, la entidad pública dependiente de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Además, reclama que se haga una auditoría sobre su gestión. Una ofensiva del gobierno local que se suma a la de los pliegos del nuevo contrato de la recogida de basura en el que se contempla la salida de los camiones hacia la planta de eliminación de Campello, sin pasar por la de transferencia ubicada en Terra Mítica.
Todo ello con el fin de rebajar el precio que paga el Consistorio por tonelada para este servicio. Hay que tener en cuenta que la planta recibe la basura de camiones de pequeña capacidad de Benidorm para aglutinarlo en otros de mayor tamaño para transportarlo a El Campello, donde se eliminan, y así facilitar la logística. La moción se sustenta en un informe del ingeniero técnico municipal sobre la situación actual del servicio de transferencia y transporte de residuos. La moción del PP surge de no haber obtenido una respuesta de Vaersa satisfactoria, con los que se sentaron en abril, meses después de haberlo solicitado, para tratar el asunto.
En su moción, el edil denuncia que los precios de la planta de Benidorm en 2022 son un 21,81% más caros que en el de Dénia, a pesar de estar más lejos: los dos transportan los residuos a El Campello. El primero está a unos 26 kilómetros mientras que el segundo a unos 70 kilómetros.
En este sentido, señala que Benidorm representa el 57,25% de la producción total de la misma (datos de 2021) en la planta de la localidad, por lo que además de ser la que más afectada se ve por estos precios, también es la que sustenta su continuidad, como así dijo en el pleno el concejal.
Como se recordará, la moción iba a debatirse en el pleno de abril, sin embargo, quedó sobre la mesa ya que se estaba produciendo en ese momento la reunión entre las partes. Fruto de ello, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental remitió una respuesta que González de Zárate considera "amenazante para la ciudad" asegurándoles que están obligados a pasar por la planta de transferencia. Sin embargo, el regidor recuerda que "la Vila Joiosa, Orxeta, l'Alfàs del Pi, Calp, Relleu, Sella... todos ellos van directos con sus camiones hasta El Campello". Apuntó así que eran cuestiones políticas por gobernar el PSOE en estos municipios mencionados.
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Los ciudadanos de Benidorm, recuerda, tienen que pagar 18 euros por tonelada, por lo que cree que "se les cae el negocio entero" si salen de esta planta. A su vez, remarcó que la ley de residuos "tiene una cosa clara, donde está la planta nos tienen que pagar", aseguró, como ocurre con El Campello. Un nuevo informe traído a colación por el concejal les ofrecen que dan al Consistorio un euro por tonelada pero, "¿por qué no dos o tres?", reseñó, al tiempo que afeó que "Vaersa gana dinero en Benidorm con la planta de transferencia" y se enorgulleció de "haber levantado la alfombra". "Queremos que nos devuelvan el dinero que desde 2015 nos ha cobrado de más", mencionó.
Por su parte, la oposición reclamó que se dejara para otro momento el debate debido a que el último informe se les había entregado minutos antes de comenzar el pleno y no pudieron analizarlo. "No es de imperiosa necesidad", dijo la portavoz del PSOE, Cristina Escoda. Sin embargo, el alcalde, Toni Pérez, aseguró que por dos meses el Ayuntamiento se podría ahorrar 40.000 euros.
Con todo, el ingeniero técnico municipal se ratificó en sus consideraciones tras el análisis de la propuesta de Vaersa, considerando que "las condiciones económicas de la propuesta no cubren las expectativas y la transparencia que correspondería con lo que se espera de una empresa pública sujeta a condiciones legales". A continuación, no aceptó que se proponga un precio único para todo el servicio, "sin diferenciar qué corresponde a la transferencia y qué al transporte "como marta la ley de Residuos". Para el edil, la propuesta es humo.
La moción salió adelante con el voto a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE. Este último argumentó que la propuesta estaba encaminada a "desprestigiar" al gobierno autonómico presidido por el socialista Ximo Puig. Además, tuvo tiempo para afear la gestión que hizo Vaersa durante los años de gobierno del PP en la Comunitat que llegó a ir a los tribunales.
Como despacho extraordinario, el pleno aprobó una nueva modificación presupuestaria por valor de 18.115.369,07 euros. Hay que recordar que el Consistorio funciona con el presupuesto de 2022 prorrogado. De este modo, se incorpora parte del remanente de tesorería para dotar al presupuesto prorrogado de crédito adecuado y suficiente. En la propuesta, según ha indicado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, “se incluye el suplemento de crédito destinado a gastos con financiación afectada como el Plan de Sostenibilidad Turística, la EDAR, el Plan de Movilidad y Transporte o el proyecto de renovación de la catenaria de Levante, entre otros, por un importe de 5.900.433,92 euros”.
Por su parte, la portavoz del PSOE aseguró que la medida excepcional aprobada por el gobierno central ha permitido "salvar el presupuesto" a los populares. Así, explicó que esta medida aprobada en su día por la pandemia, permite utilizar el remanente de tesorería para gastos generales, y no ha rebajar deuda como hasta entonces. Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, advirtió de la "situación caótica y grave" de la economía local asegurando que en 2024 se tendrán que subir los impuestos para asumir los gastos de la ciudad, entre otros, con el pago de intereses de préstamos o el incremento del coste del contrato de la recogida de basura.
