El exterior del edificio del antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución de Alicante.ALICANTE. El edificio del antiguo cine Ideal deberá someterse otra vez a trabajos de mantenimiento, reparación y consolidación. El departamento de Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante acaba de instar a su propietario actual, el Grupo Baraka, a intervenir otra vez en el edificio para evitar el riesgo de caída de fragmentos de cornisa sobre la vía pública, bajo el apercibimiento de incoar expediente sancionador con posibilidad de imposición de hasta diez multas coercitivas por una décima parte del valor de la actuación estimada que corresponde ejecutar, según pudo constatar este diario. De este modo, será el propio Ayuntamiento el que acabe actuando sobre el edificio de forma subsidiaria tras recaudar el importe de esas diez multas ante la hipótesis de que Baraka no llegase a ejecutar esa intervención por voluntad propia.
La resolución por la que se conmina a ejecutar obras de consolidación sobre el inmueble se adopta a la vista de un último informe de inspección técnica girado el pasado mes de noviembre. Es decir, cinco meses después de que el holding empresarial fundado por Trinitario Casanova hubiese ejecutado una actuación sobre la cubierta del edificio por la que instaló una malla protectora precisamente con el fin de evitar el desprendimiento de cascotes.
No obstante, esa actuación no habría solventado por completo las necesidades de mantenimiento del antiguo cine, a tenor de la evaluación de los técnicos municipales. Así, al margen del requerimiento de subsanación, en el decreto de notificación de la obligación de conservación se apremia a Baraka a comunicar la realización de esas reparaciones para que puedan ser evaluadas y se pueda expresar conformidad respecto a los trabajos ejecutados.
El apercibimiento -que, al parecer, no se habría notificado todavía al grupo empresarial- llega, además, sin que se haya despejado cuál puede ser el futuro del edificio una vez descartada la posibilidad de que la Generalitat ejerciese el derecho de retracto para recomprar el inmueble y procurar su recuperación para un uso público ligado a la cultura, ya que el informe emitido por la Junta de Valoración de Bienes Patrimoniales concluyó que no podía justificarse que la administración autonómica pagase un precio de compra superior al de su valor de tasación. Como informó este diario, los estudios encargados por la Generalitat tasaban el precio del antiguo cine entre los 1,5 y los 1,8 millones, frente a los cerca de 5 millones que el Grupo Baraka pagó a la antigua sociedad propietaria del inmueble (Herederos de Josefina Mingot).
La Plataforma Salvem l'Ideal reaccionó en el mes de marzo frente a ese descarte para sostener que la Generalitat erró en el procedimiento seguido al abordar esa evaluación, en la medida en que en esa tasación no se tuvo en cuenta el valor patrimonial y cultural del edificio, por lo que se debió haber encargado un informa adicional en el que sí se cuantificase ese aspecto. Con todo, no ha trascendido que esa apreciación haya tenido consecuencias posteriores.
Entre tanto, tampoco se ha resuelto la solicitud de licencia presentada por Baraka en diciembre de 2019 con el fin de transformar el antiguo cine en un hotel boutique de unas 60 habitaciones. En principio, la respuesta a esa petición continúa supeditada a la revisión de la ficha del edificio recogida en el catálogo de protecciones que el pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente en septiembre de 2020 para que puedan incorporarse los nuevos requisitos de conservación planteados por la Conselleria de Cultura. Fuentes consultadas indicaron que la modificación de esa ficha no se abordará hasta que la Generalitat emita su informe global sobre la propuesta de catálogo.
Pero, además, tampoco se ha resuelto la propuesta alternativa planteada por Baraka para convertir el edificio en un centro cultural asociado al nombre de la baronesa Thyssen y alquilarlo a la Diputación para que se hiciese cargo de su gestión. La institución provincial dejó que venciese el plazo concedido por Baraka para contestar a ese ofrecimiento sin ofrecer ninguna respuesta. Y, después, solicitó más tiempo para poder pronunciarse. Sin embargo, esa contestación definitiva tampoco se ha producido hasta ahora tres meses después.
