Mazón salud a Puig en presencia de Barcala y Mari Carmen Sánchez. Foto RAFA MOLINAALICANTE. La historia suele ser cíclica, y máxime se gobiernan partidos de signo diferente instituciones que están condenadas a coordinarse y a mantener una relación fluida. Y eso es lo que sucede o ha sucedido entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana. Cambió el presidente de la institución, con la llegada de Carlos Mazón, del PP, y comenzó una etapa de cierta normalidad institucional con el Gobierno de Ximo Puig -algo que nunca se dio con César Sánchez, ni al principio ni al final-, que estalló la semana pasada, después de que la Diputación haya decidido no consignar en su presupuesto de 2020 los 13,7 millones que ese dinero vaya al Fondo de Cooperación Municipal y de ahí a todos los municipios para su libre disposición.
La polémica del Fondo de Cooperación tiene dos derivadas: la primera, la política, con la creación de una comisión Diputación-Generalitat para abordar la cuestión (y otras); y la segunda, la presupuestaria, derivada de las competencias impropias que gestiona la institución provincial, pero que corresponde financiar la Generalitat Valenciana. Al no avanzarse en estos último, no se despeja la incógnita presupuestaria.
El Fondo de Cooperación Municipal es un instrumento que se puso en marcha en el anterior mandato, con 80 millones de euros de presupuesto, de los que 40 son aportados por la Generalitat -20 millones proceden de Fondos europeos- y los otros 40 por tres las diputaciones; Castellón consigna más de 5 millones; Alicante, 13,7 y Valencia, más de 20. Todos los ayuntamientos reciben ese dinero en función de su población y con una serie de requisitos, aunque con bastante libertad en su destino final: puede ir desde una obra hasta cancelar un crédito. En el mandato pasado, las diputaciones de Castellón y Valencia sí que entraron en el Fondo; Alicante nunca. Lo que hizo César Sánchez fue repartir con esos mismos criterios -los de población- una parte de los remanentes de los presupuestos para obras denominadas financieramente sostenibles, que sí que están condicionadas a proyectos que no generan gastos de personal en su mantenimiento.
El actual mandato empezó con otro brío. Desde el principio, la Diputación de Alicante sí que ha mostrado predisposición a aportar esos 13,7 millones de euros para el Fondo de Cooperación de 2020. Sin embargo, el presupuesto no lo ha reflejado, y desde entonces se han producido muchos varios reproches, sobre todo, desde el PP hacia la Generalitat. Y después de un fin de semana de intercambio de acusaciones entre los dirigentes de PP y PSPV, sobre la polémica ha seguido este lunes, después de que el propio Carlos Mazón haya verbalizado la postura de la Diputación: en resumen, la institución no ha aportado los 13,7 millones con el argumento de que eso debía negociarse o hablarse en una comisión bilteral entre ambas instituciones que no se ha reunido. ¿Por qué no se ha reunido? Según Mazón, porque es el presidente de la Generalitat quien la tenía haber creado mediante un decreto, algo que no se ha producido. Según el Gobierno valenciano, ese órgano no se ha reunido porque la Diputación de Alicante no ha aportado los nombres para confirmar ese foro. "Es muy fuerte que reproche que no se ha constituido la Comisión Mixta de Presidencia cuando, si no lo ha hecho, es porque estamos a la espera de que la Diputación de Alicante designe a sus representantes en este órgano para convocarlo", han recordado desde el Palau de la Generalitat. Unos por otros, la comisión sin reunirse.
Mazón acusa a Puig de volver a la vía de la imposición al no convocar la mesa Diputación-Generalitat
La otra derivada de esta polémica es la cuestión presupuestaria. Hasta finales de noviembre, el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos sí que tenía claro que iba a aportar los 13,7 millones de euros para el Fondo de Cooperacion Municipal. Sin embargo, el gabinete de Mazón esperaba que esa comisión bilateral con la Generalitat hubiera avanzado en el traspaso del centro Doctor Esquerdo o el Hogar Provincial a la Conselleria de Sanidad o de Igual, respectivamente, lo que le hubiera permitido despejar el presupuesto y de esta manera, poder destinar esas cantidades al Fondo de Cooperación. Pero al producirse lo primero no se ha producido lo segundo. Y claro, posiblemente tener que buscar 13,7 millones en unas cuentas de la Diputación, las de 2020, que además descienden por un error en las previsiones del Gobierno central, no era tarea fácil, y máxime si esa cantidad había que buscarla en una área gestionada por Ciudadanos, como es Infraestructuras y Coordinación de Municipios.
Lo reconoció el viernes el propio portavoz del PP, Eduardo Dolón. Si las consellerias del PSOE, especialmente, Sanidad, hubiera hecho un gesto o intención sobre el futuro del Doctor Esquerdo, se podrían haber liberado más de 13 millones, que es el coste del funcionamiento del centro enfermos mentales que gestiona la Diputación, pero que, por competencias, sufraga la Diputación de Alicante.
Desde el pasado viernes no hay diálogo entre Generalitat y Diputación de Alicante. Ximo Puig y Carlos Mazón se vieron las caras por última vez el pasado 6 de diciembre, en el acto del Día de la Constitución. Y entonces, ya se comenzaron las muestras de las divergencias: se rompió la cordialidad que había reinado hasta entonces. Mazón recriminó algunas fases del discurso de Puig sobre el federalismo, algo que no gustó al dirigente del PP. Además de las divergencias mencionadas, ha aparecido un nuevo elemento: que el Fondo de Cooperación se convierta en ley, algo que en estos momento está en debate en las Cortes Valencianas. A ello, Mazón cree que ese texto legislativo "podría incumplir la propia Constitución española".
Mazón ha asegurado que el borrador de esta normativa que se les ha enviado "dice que es obligatoria" la participación de las diputaciones, algo que, a su juicio, podría vulnerar "el principio de autonomía financiera de los entes locales y provinciales", algo que ya dejó entrever el pasado viernes el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez. "Que altos cargos de la Generalitat" digan que el Fondo de Cooperación no se negocia, se cumple o no se cumple"no es la mejor la mejor condición para realizar esfuerzos en común", ha aseverado el titular de la Avenida de la Estación.
"Me gustaría saber", ha continuado, "qué pasa con Presidencia" de la Generalitat, "que quiere volver a la vía de la imposición, y no de la coordinación". Y ese es el temor: volver al principio. Al comienzo del mandato 2015-2019, unos decretos de coordinación sobre Turismo, Cultura y Servicios Sociales se lo llevaron todo por la borda. La justicia dio la razón a las diputaciones -a las de Alicante y Castellón, que impugnaron-, aunque bien es verdad que el contexto era otro: la izquierda, en forma de tripartitos y bipartitos, había acaparado bastante poder en las instituciones y la medida del Botànic generó escozor, de ahí que se dirimiera en los juzgados. Lo de estos días, con el Fondo de Cooperación, parece un nuevo intento, pero con un viejo debate. Hasta el 30 de diciembre hay tiempo (este miércoles hay una primera oportunidad). Pero la música no suena bien. El amor se ha roto.
Toni Francés (PSPV): "Si la Diputación de Alicante se pusiera en la piel de los alcaldes se sumaría al Fondo de Cooperación"
