VALENCIA. La Comunidad Valenciana necesita una reforma del modelo de financiación. Sin que este fuera uno de los puntos a tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, votó 'no' a ampliar una décima más el déficit autorizado (al 0,6%) de las Comunidades Autónomas. Y lo hizo, de la mano de Baleares y Cataluña. Así, nacía un frente mediterráneo que parecía amenazado por la posición titubeante y de buscar una bilateralidad en el acuerdo por parte del ejecutivo independentista catalán.
Unos lazos que el president de la Generalitat, Ximo Puig, amplió ayer, pero con el líder del PSC, Miquel Iceta. Pese a las diferencias orgánicas –Puig apoyó la abstención a un gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Iceta se mantuvo firme en el 'no es no' de Pedro Sánchez-, se ha tejido una alianza que pone de relieve la doble estrategia de Puig: fiel internamente a la presidenta andaluza Susana Díaz, pero buscando la complicidad en cuestiones clave con la financiación con Cataluña y Baleares. Incluso, con las federaciones socialistas, aunque estas no gobiernen.
El encuentro de este lunes, cuyo objetivo en palabras de Iceta era "poner en común preocupaciones relativas a la financiación autonómica y las inversiones del Corredor Mediterráneo" se produce después de que Puig no asistiera, por motivos médicos, al XIII congreso ordinario que el PSC celebró en Barcelona en noviembre, aunque sí lo hizo el vicesecretario general y de Organización del partido en Valencia, Alfred Boix.
Así, con estas dos reivindicaciones como telón de fondo para construir un frente común hacia a Madrid, la cita también servía para limar las asperezas surgidas en las últimas semanas. De hecho, Puig se manifestaba en esta dirección el 5 de noviembre -después de que los socialistas catalanes rompieran la disciplina de voto- al considerar que no podía "haber un divorcio" entre el PSC y el PSOE porque son "lo mismo".
Como president de la Generalitat Valenciana había comenzado semanas atrás a elaborar una hoja de ruta clara que incluía tender puentes con sus socios geográficamente más cercanos. Y, aunque el pasado septiembre habría intentado que su homólogo catalán, Carles Puigdemont, se sumara a la principal reivindicación que él quiere que se aborde después de dos años de modelo caduco, finalmente no se encontró plenamente respaldado. El president de la Generalitat de Catalunya advertía que la reforma de un sistema de financiación no era una cuestión que él mismo fuera a liderar puesto que ya lo había hecho en anteriores ocasiones y "no fue bien".
No obstante, en esta ocasión, aunque el apoyo de Iceta fue discreto, el líder de la federación catalana señalaba que la apuesta valenciana en materia de financiación era "valiente y adecuada", trasladó su comprensión con la votación en el CPFF y alentaba a que la Generalitat de Catalunya se animase "a participar en esta negociación en beneficio de todos".
Puig, por su parte, le agradecía su apoyo y ponía sobre la mesa la propuesta valenciana para debatirla con la finalidad de que de esta surja una solución que pase por "la singularidad de los territorios e igualdad entre los ciudadanos" ya que, para él, "en estos momentos" no se da tal situación "porque hay lugares que tienen una financiación muy asimétrica que hace que algunas comunidades autónomas tengan menos oportunidades, por lo que los valencianos continuamos teniendo una gran brecha de renta per cápita".
En este sentido, ambos dirigentes apostaron también por una reforma de la Constitución de 1978 que caminase hacia un modelo federal similar al "aprobado por los socialistas en la Declaración de Granada de 2013". Tanto Puig como Iceta se opusieron a que esta reforma tuviera que esperar a que se celebre el congreso del PSOE, tal como habría considerado el presidente del Gobierno central.
"Para Rajoy puede esperar todo", ironizaba Puig, mientras Iceta apuntaba que esta modificación debía ser abordada de manera inmediata. Puntos de encuentro que demuestran que la federación catalana y valenciana se necesitan y se complementan por intereses comunes.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral