El alcalde, Luis Barcala (PP), junto a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), en el pleno, ante la mirada de los ediles de PSPV-PSOE.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves la creación de una comisión no permanente para realizar las actividades pendientes por la recuperación de la Memoria Histórica que prevé la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, a propuesta del grupo socialista. La iniciativa ha sido rechazada por 16 votos: los del bipartito compuesto por PP y Cs, junto a los dos ediles de Vox, frente a los 12 de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís (en esta sesión, representado por un único concejal, tras la renuncia al acta por parte de Sonia Tirado, ahora designada directora general de Innovación).
El debate de la moción ha dado lugar al cruce dialéctico entre los ediles del equipo de Gobierno y de la oposición. Así, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, que ha abierto el turno de las intervenciones, se ha dirigido a "socialistas, comunistas y pancatalanistas" para "darles la noticia de que Franco ha muerto, pero ha muerto hace cuarenta años aunque ustedes parecen verlo todavía en cualquier lugar". Además, ha proseguido apuntando que "la memoria es individual, no colectiva, y ninguna institución puede imponerla a nadie porque eso supondría volver a los tiempos del totalitarismo". Así, ha adelantado que votaría en contra de todas las propuestas "que conlleven adoctrinamiento" y no un trato igualitario a todos.
A la vista de la intervención de Ortolá, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha emplazado a PP y Cs a decidir en qué lado del debate se sitúan, puesto que la memoria histórica no puede ser solo una cuestión solo de las fuerzas progresistas sino una cuestión democrática. "Deben decidir si se sigue la línea que se sigue en toda Europa de recuperar la memoria histórica" para finalizar la tarea pendiente, ha insistido, en asuntos como el homenaje a las víctimas del bombardeo del Mercado Central.
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha recriminado la actitud antidemocrática de Vox y ha señaldo a PP y Cs que esa es la naturaleza de sus socios "con los que han pactado los sueldos y con los que va a acordar sus políticas". En esta línea, ha expresado su apoyo a la creación de la comisión propuesta por el PSPV-PSOE y ha instado al bipartito a recuperar la Concejalía de Memoria Histórica.
El concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha respondido que el Ayuntamiento ya ha informado al Gobierno central sobre el cumplimiento de los acuerdos necesarios para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y ha apuntado que el área de Memoria Histórica continúa existiendo encuadrada en la Concejalía de Cultura que él dirige con el mismo jefe de servicio al frente. Además, ha recordado que, durante el pasado mandato, ya se creó una comisión no permanente para revocar honores y distinciones a Francisco Franco, entre otros, en un acuerdo que se aprobó en noviembre de 2016. En esta línea, también ha subrayado que en el seno de esa comisión se incluyó la retirada de las denominaciones de calles que contenían referencias franquistas.
Bellido ha replicado que en el trabajo que se llevó a cabo en el pasado mandato no se llegó a completar por lo que "estamos obligados a pedir que se cree esta comisión, porque es una oportunidad de fijar una posición de ciudad y porque hay que aprovechar la instalación del Instituto de la Memoria en Alicante puesto en marcha por la Generalitat en la ciudad en la que acabó la Guerra Civil".
Manresa ha replicado que la memoria de Alicante sigue estando presente, "lo que no queremos es repetir el pasado, la confrontación, se ha hecho un trabajo importante para salir de la lista negra de las ciudades en las que no se cambiaba las calles, otra cosa son las valoraciones que ustedes digan que les gusta o que no les gusta, pero el trabajo está hecho". "No tiene sentido retrotraernos al pasado con las intenciones de revivir una confrontación que no existe en la calle, como ustedes pretenden", ha concluido.
El edil socialista Manuel Marín ha explicado que la propuesta trata de solventar la reparación de los derechos que todavía no se ha producido y que se seguirá en esa dirección. Además, ha señalado que no se trata de instaurar la confrontación y ha reivindicado la necesidad de "hacer pedagogía" al respecto.
La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha insistido en que la moción que se plantea trata de crear una comisión que ya existió, que hizo su trabajo y que se cerró. "Otra cosa es que ustedes quieran adornarlo como quieran", ha dicho, y ha aludido al malestar que, a su juicio, puedan percibir los grupos progresistas por el hecho de que fuese el PP quien ejecutase esos cambios "ante el fracaso del tripartito".
El pleno sí ha aprobado por unanimidad la propuesta de estudio de detalle sobre una parcela del PAU 2 en la que se proyecta la construcción del centro de salud del barrio. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, se ha felicitado de que se proceda a la aprobación del acuerdo "como habíamos reclamado hace unas semanas" para que se pueda agilizar su cesión a la Generalitat y, así, desbloquear la construcción del edificio sanitario.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha respondido con un reproche a Bellido sobre los casi tres años de gestión del anterior tripartito del que él formaba parte sin que se hubiese impulsado ese acuerdo y ha sostenido que parece que "la Generalitat no tiene intención de construir los centros de salud pendientes tanto en el PAU 2, como en el Garbinet o en la Playa de San Juan, puesto que la Conselleria de Sanidad no deja de plantear nuevos requerimientos y de poner impedimentos para su construcción". En todo caso, ha insistido en que el Ayuntamiento aprobaría todos los pasos y modificaciones que resulten necesarios para que se construyan.
La portavoz adjunta del PSPV, Trini Amorós, ha negado ese supuesto bloqueo por parte de Sanidad y ha insistido en que la prueba de que la conselleria "no podía hacer nada" es que todavía no se había podido ceder el suelo hasta que no se aprobase este estudio de detalle que afecta a la volumetría a la que se da cabida en el solar para la construcción del futuro edificio del centro de salud.
Santos Pérez ha insistido en el turno de réplica en que la cesión de los terrenos sí fue acordada en Junta de Gobierno antes de que finalizase el pasado mandato, aunque después de ese trámite Sanidad haya planteado nuevos requisitos. Eso sí, ha remarcado que en todo caso ya se ha modificado los criterios de planeamiento que se han planteado por lo que respecta al solar del PAU 2 y se ha cuestionado sobre el tiempo en el que tardará en construirse el centro de salud a partir de ahora.
El alcalde, Luis Barcala, ha intervenido para asegurar que, tras su encuentro institucional mantenido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado martes, se había establecido que se iba a seguir el mismo procedimiento que con la parcela en la que se contempla la construcción del nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia, de modo que se aclare desde un principio las necesidades que existen para que pueda construirse esa dotación. En esta línea, ha señalado que ahora lo importante es que se acelere la licitación de la redacción y el concurso de obra para que su construcción se incluya en los presupuestos de la Generalitat y se materialice cuanto antes, ya que, según ha insistido, sí se ha cedido la parcela para el centro de salud de Garbinet y todavía no se ha licitado.
El pleno también ha aprobado por unanimidad el reconocimiento extrajudicial de crédito que resulta necesario para el pago de los trabajos de reforma de un local de la calle Cisneros propiedad del Patronato de la Vivienda como sede provisional de la Concejalía de Juventud. Se trata de los trabajos que dieron lugar a la formación de una comisión de investigación, a la vista del informe emitido por el interventor municipal en el que se apuntaba la posible existencia de un fraccionamiento de contratos.
El PSOE, con la intervención del edil Raúl Ruiz, ha planteado un ruego por el que se solicita la retirada inmediata de las algas acumuladas en la Playa de San Gabriel. El edil de Limpieza, el popular Manuel Villar, ha contestado que el pliego lo que prevé es el acopio de las algas para que se produzca su secado previo a su retirada, "como ya pasaba bajo su mandato". Así, ha señalado que la UTE concesionaria "está cumpliendo con lo que dice el pliego".
Los socialistas, a través de la edil Dolores Vílchez, también han cuestionado al equipo de Gobierno sobre los problemas de retraso para resolver los expedientes de concesión de la renta valenciana de inclusión, que ha provocado el reproche de la Sindicatura de Greuges. La regidora ha reclamado la dotación de más personal para solucionar el estudio de esas ayudas.
La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha explicado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas externalizó la labor burocrática de la concesión de esa renta, al igual que hizo con las ayudas a la dependencia "ante la incapacidad de gestión que ha demostrado Compromís". Llopis ha señalado que el foco del problema es la sobrecarga de trabajo de los técnicos de la concejalía, con 82 personas, "que lo único que nos piden a nosotros es estabilidad", puesto que los fondos de la Generalitat para su contratación llegan tarde y sus contratos no se renuevan hasta meses después. Además, ha planteado dudas sobre el tiempo en el que tarda en asignarse esas ayudas, una vez que el Ayuntamiento eleva los expedientes tramitados.
Por su parte, Vox ha preguntado sobre el grado de cumplimiento en la prestación del servicio de limpieza de colegios y edificios públicos municipales. El edil de Infraestructuras, el popular José Ramón González, ha explicado que el periodo pactado por contrato establece que la labor termina con el fin del curso escolar y se retoma con el inicio del próximo. Así, ha apuntado que en el contrato está prevista una limpieza extraordinaria en el mes de agosto y que son los organizadores de las actividades extraescolares que se organicen durante el verano los responsables de la limpieza de las instalaciones. Además, ha añadido que los índices de valoración de los inspectores municipales y de los directores de colegios sobre la contrata "son de un aprobado alto".
En segundo lugar, Vox ha cuestionado sobre el contenido del área LGTBI y cuál es la partida presupuestaria prevista para su funcionamiento. La edil titular de ese departamento, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que las personas de este colectivo siguen padeciendo situaciones de desigualdad y ha subrayado que se llevarán a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias contra la LGTBI fobia". Ha señalado que es una labor colectiva para "avanzar hacia una sociedad más tolerante y libre de violencia de cualquier tipo" y ha confiado en que Vox también apoyaría ese objetivo. Respecto al presupuesto de 2019, ha respondido que son los que ya están consignados para la Concejalía de Igualdad.
Compromís ha preguntado por las medidas de refuerzo de la limpieza que se pretenden impulsar ante la "situación alarmante de suciedad existente". Su portavoz, Natxo Bellido, ha reprochado con ironía que Cs no hubiese asumido las competencias sobre Limpieza pese que, según ha dicho, fue el único tema que les preocupó en campaña, en la que exhibieron fotografías sobre la situación de la ciudad. Además, ha insistido en que hasta el alcalde ya reconoce que la ciudad está sucia.
Los ediles del PP, Villar, Jiménez y Llopis, en el pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAEl edil de Limpieza, Villar, ha respondido que Compromís tiene una memoria selectiva puesto que solo pregunta sobre el periodo de gobierno del PP, pero no recuerda sobre el tiempo en el que ellos asumieron responsabilidades municipales. En todo caso, ha señalado que, tras la constatación de las quejas sobre la situación de suciedad, se han adoptado medidas como la reestructuración de la concejalía de Limpieza con la designación de Manuel Marco como nuevo jefe de servicio y la del técnico, Sebastián Chicote, como responsable del control y seguimiento del contrato.
Compromís también ha cuestionado sobre cuándo se va a proceder a la firma de la adenda al convenio con la sociedad Avant sobre la deuda de las obras de la llegada del AVE a Alicante, negociada desde antes de las elecciones autonómicas y municipales.
El alcalde ha señalado que la adenda se encuentra en revisión en el departamento de Intervención para que elabore su informe. En el momento en el que se emita ese informe, se procederá a la firma. Con todo, ha apuntado que ya que la adenda está aprobada en el consejo de administración de Avant, "ya es plenamente operativa".
La coalición valencianista también ha preguntado sobre el estado del proyecto de producción de compostaje. Villar ha respondido que, en una primera fase, el Ayuntamiento puso en marcha once puntos de compostaje repartidos en la ciudad, en contenedores especiales, ya ha sostenido que no han funcionado de manera correcta por la falta de concreción de su operativa, cedida en gran parte a voluntarios. Así, ha apuntado que se prevé acordar una nueva regulación que permita impulsar su prestación.
La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha cuestionado sobre los servicios de la zona de baño de San Gabriel y sobre las mediciones de la calidad del agua. Villar ha contestado que los análisis los elabora la Conselleria de Medio Ambiente y que, según esos informes, la calidad del agua se encuentra dentro de los parámetros normales de baño. Respecto a los servicios, ha explicado que la zona no se considera una playa, sino una zona de baño, puesto que sus fondos no se encuentran estabilizados, y, además, se encuentra dentro de la zona de afección del Puerto de Alicante. De ahí que, según ha explicado, sólo se dote de unos servicios mínimos acordes con esa calificación: instalación de papeleras y servicio de limpieza.
La confluencia también ha cuestionado sobre las medidas adoptadas para atender situaciones de pobreza infantil y sobre necesidades nutricionales en vacaciones. La edil de Acción Social, Llopis, ha respondido que se han vuelto a poner en marcha los servicios de almuerzos en centros escolares.
Unides Podem EU también ha cuestionado sobre las medidas puestas en marcha para garantizar la adecuada limpieza de todos los barrios de Alicante y si se iba a sancionar a la actual concesionaria. Además, su portavoz, López, ha expresado que su grupo no iba a tolerar que se concediese una hipotética prórroga en la concesión en la parte del contrato que afecta a la limpieza y ha recriminado la autocomplacencia del conjunto del bipartito, pese a las críticas de Cs manifestadas antes de elecciones. Villar, de nuevo, ha contestado que no se contempla la concesión de esa hipotética prórroga, que ya se ha puesto en marcha la reestructuración de la concejalía para mejorar la prestación y que se reforzará la inspección para aplicar sanciones en los casos en que resulte necesario.
Respecto a actuaciones en los barrios, ha señalado que se va a "apretar a la contrata puesto que el contrato debe dar más de sí, en las reuniones periódicas que mantenemos con ellos, así como con la renovación de maquinaria para que se limpie mejor", ha concluido.
El alcalde, por su parte, ha tomado la palabra por alusiones a las palabras que se le habían atribuido respecto a la situación de la limpieza para asegurar que lo que él había dicho "era que después de Hogueras había flojeado la limpieza de forma generalizada y que se estaba trabajando en todas las medidas, puesto que en campaña ya se dijo que Alicante estaba más limpia que hacía un año, pero no todo lo limpia que debería estar". Después, ha señalado que fue Guanyar quien acordó el relevo de su ya exconcejal Víctor Domínguez "para que no se agravara el problema".
Los dos ediles de Vox se quedan solos en su rechazo a la declaración institucional presentada por PSPV, Unides Podem y Compromís para defender los derechos del colectivo LGTBI
En el turno de preguntas in voce, el PSPV-PSOE también se ha vuelto a cuestionar sobre la contrata de la limpieza y la contratación de la auditoría que prevé el contrato. Y Villar ha explicado, como ya informó Alicante Plaza, que el informe que afecta a la evaluación económica del contrato se contratará en breve, cuando el interventor proponga la empresa que debe realizarla. Por último, ha señalado que no se producirá el estudio de evaluación sobre la calidad de la prestación, puesto que esa labor la elaborarán los propios inspectores municipales. En esta línea, ha insistido en que se está trabajando en la elaboración del nuevo proyecto de gestión para la retirada y el tratamiento de residuos, de modo que esté listo en enero de 2021, como exige el Plan Integral de Residuos de la Generalitat.
En el turno de las declaraciones institucionales, Compromís ha planteado la adhesión de la corporación, o de sus concejales a título individual, al Código del Buen Gobierno del Consell de la Generalitat.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá ha explicado que su partido no votaría esa propuesta porque ese código "es papel mojado" como, a su juicio, ha demostrado el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en alusión a la quita acordada en favor del Grupo Zeta sobre el diario Mediterráneo de Castellón, del que Puig es propietario de acciones, "en un claro conflicto de intereses", antes de su venta a Prensa Ibérica. Así, ha manifestado que Vox sólo firmaría su adhesión al código si se produjese la dimisión de Puig.
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE, Trini Amorós, se ha mostrado contrariada por el hecho de que alguna formación política pueda oponerse a la firma del código y ha instado a recapacitar.
El edil de Modernización, el popular Toño Peral, ha reciminado a Compromís que vuelva a traer una propuesta que ya fue debatida el pasado mandato, en la que "ya se le contestó que la adhesión en todo caso debería ser a título particular".
La propuesta ha sido rechazada por 16 votos (PP, Cs y Vox), frente a los 12 votos favorables de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
Por último, el pleno ha debatido una declaración institucional en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, firmada de manera conjunta por PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís. En el turno de palabra, los representantes de las tres formaciones han aludido a los acuerdos suscritos en otras autonomías por PP y Cs con Vox, a distintos niveles, para afear las iniciativas impulsadas en alusión al colectivo LGTBI, como la petición de información sobre los cursos de orientación sexual, entre otros aspectos.
Por su parte, el portavoz de Vox, Ortolá, ha reprochado que se les equipare con la ultraderecha en otros países y ha insistido en que, en el caso de la Comunidad de Murcia, "lo que les duele es que por primera vez las familias tengan derecho a decidir la educación de sus hijos". También se ha referido a la polémica sobre la petición de información registrada en les Corts, que llevó a su presidente a trasladar esa solicitud a la Fiscalía para que dilucidase si era objeto de delito, para asegurar su sorpresa al respecto, puesto que se trataba de una solicitud de información de datos a una administración pública. Además, ha señalado que la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también pidió datos sobre profesores de religión. Y por último, ha señalado que en la manifestación del Orgullo celebrada en Alicante este sábado "los que hablan de defender los derechos, discriminaron a los representantes del partido político Ciudadanos".
Tanto la portavoz de Cs, Sánchez, como el alcalde, Barcala, han señalado que sus respectivas formaciones se mantenían en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Finalmente, la iniciativa ha quedado aprobada por 26 votos a favor y dos en contra, los de los concejales de Vox.
