SANTA POLA. Nuevo lío a la vista en Santa Pola tras la sentencia que anula el plenario por el que se destituyó a Iñaki Cantonet como inspector de la Policía Local. El PSPV-PSOE, cuyos ediles vieron como se menoscaban sus derechos políticos, según el fallo, considera que si el acuerdo es nulo, Cantonet debe ser restituido de sus funciones. El equipo de gobierno del PP discrepa de la trascendencia del fallo: la sentencia no entra ni modifica el fondo del asunto del dictamen tratado en esa sesión plenaria; es decir, que todo sigue igual y que en todo debe ser el juzgado número 3, donde se investiga el caso, quien debe decidir si hay anomalías en el procedimiento seguido.
Haya o no recurso al fallo, el PSPV ha anunciado que va solicitar la ejecución de fallo. Del comunicado de prensa emitido por el PP se extrae la conclusión de que no habrá recurso, que asume el fallo y que en todo caso "se va a proceder a subsanar el defecto de forma referido en la sentencia, convocando las comisiones informativas e incluyendo el punto discordante añadido en la sesión plenaria extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020, dentro del orden del día de una sesión plenaria ordinaria con el fin de que los grupos políticos tengan el tiempo suficiente para leer los párrafos indicados anteriormente, que a su vez son idénticos a los informados por los técnicos municipales a los diferentes portavoces de los grupos políticos desde al menos un mínimo de cuatro meses antes del pleno extraordinario y urgente".
El problema está en la interpretación de si ese acuerdo plenario, el cese, se hizo con todas las garantías legales. Y ahí viene de nuevo la discrepancia. Para el PSOE, el cese de Cantonet demuestra "la persecución que parece estar produciéndose, por parte del equipo de gobierno, contra el funcionario al que afecta el acuerdo del pleno que ahora anula el Juzgado". Para el PP, lo que hay es el nombramiento “de urgencia” y a todo correr por parte de la anterior alcaldesa, Yolanda Seva. Ese nombramiento fue revisado de oficio por parte del Gobierno popular y anulado en base a un informe del Consell Jurídic Consultiu. Posteriomente, se formalizó una denuncia por parte del Ayuntamiento de Santa Pola, que instruye el juzgado número tres de Elche.
Insiste el PP que el nombramiento de Cantonet "era un tema perfectamente conocido, y que todos los documentos que conforman el expediente eran conocidos por todos los grupos políticos recurrentes, ya que la queja presentada sobre el punto fuera del orden del día del pleno extraordinario de fecha 26 de febrero de 2020 era el último trámite de un procedimiento iniciado cuatro meses antes y tratado con toda clase de detalles en la sesión plenaria de fecha 30 de octubre del 2019 tal y como queda reflejado en las actas y posteriormente en otra sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre en el que se resolvieron las alegaciones concedidas en el primer pleno y que el grupo socialista tuvo oportunidad de manifestar". Afirma que el equipo de gobierno del PP que el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo "vino a ratificar todos los informes jurídicos realizados por los técnicos municipales, se dio cuenta al pleno municipal de las novedades y, por tanto, el nombramiento de Cantonet como funcionario en prácticas no se ajustaba a derecho y por tanto era nulo".
El Consell Jurídic Consultiu viene a decir que Cantonet no podía ser nombrado funcionarios en prácticas como inspector de la Policía Local porque "para poder ser declarado funcionario en prácticas la persona afectada debe estar inscrita en el correspondiente curso de formación". "Para poder ser nombrado funcionario en prácticas se exigen dos requisitos; haber superado las pruebas selectiva; y estar realizando el curso. Ambos preceptos vinculan el nombramiento como funcionario en prácticas a la realización del curso, de manera que si no se está realizando el correspondiente curso no se puede ser funcionario en prácticas", reitera.
Pero el caso es que Cantonet recurrió esa decisión; es decir, al ser cesado en febrero de 2020 no pudo acceder al curso de formación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). Recurrió ese fallo y la Audiencia Provincial le dio la razón el pasado 28 de mayo y obligó al consistorio a inscribir al agente en el curso de formación de inspector del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). Cantonet pudo al fin iniciar el curso el pasado mes de junio, pero sin uniforme oficial porque el propio ayuntamiento se lo retiró.
Argumentó en su momento el Gobierno local del PP que no sólo Cantonet había superado la prueba para ser inspector, que había otro aspirante que había obtenido la plaza, una vez el jurado revisó el procedimiento con el cambio de gobierno tras las elecciones municipales de 2019 y dictaminó que la prueba tenía dos aprobados.
Y así está el panorama: el PSOE insiste en que el inspector, que aprobó las oposiciones en junio de 2019, debe ser restituido. El PP replica que un dictamen del Consell Jurídica valida su decisión de cesarlo en un pleno, que ha sido declarado nulo por haber justificado la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día. Y además, el PP insiste en un juzgado está investigando ese procedimiento y arremete contra el PSOE por tener tanto interés en defender ese nombramiento.
Pues Iñaki Cantonet no es un funcionario cualquiera. Fue declarado por la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana como un testigo protegido y en reiteradas ocasiones ha tenido pronunciarse en favor del agente y, por tanto, exige al consistorio que le reconozca ese derecho de ser funcionario en prácticas. La agencia otorgó esa condición de testigo protegido el 5 de agosto de 2019: el denunciante había detectado una actitud hostil y represalias del equipo de gobierno del PP por su intervención los los procedimientos penales en los que estaban envueltos personal político del Ayuntamiento de Santa Pola. Y con la condición de testigo protegido, "no podrá sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación, ni durante las investigaciones ni después de ellas".
La Agencia recuerda que Cantonnet superó la prueba para ser inspector de la Policía Local de Santa Pola y ante la imposibilidad de hacer el preceptivo curso de Ivaspe, "se ha visto obligado a interponer distintos recursos judiciales para hacer valer sus derechos, que esta Agencia considera obstaculizados como consecuencia de su participación en el esclarecimiento de determinados hechos, a raíz de los cuales esta Agencia emitió la referida Resolución de protección".
Recuerda que la agencia que Cantonnet tuvo que presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto, dictado por la Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Pola, que estimaba parcialmente el recurso de alzada de otro opositor, que fue estimado. También fue estimado otro recurso ante el Juzgado número tres de Elche, que determinó que la adopción de la medida cautelar solicitada por Cantonnet, relativa a su solicitud de inscripción en el curso del Ivaspe, debía producirse en la vía la contenciosa administrativa. Y por todo ello, la Agencia Antifraude solicitó en dos ocasiones que el denunciante fuera inscrito en el curso para seguir con su formación, cosa que hasta el Ayuntamiento de Santa Pola se había negado.
