De Gea, Díez y Echávarri, al acceder al Palacio de Justicia el día de su comparecencia, de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (AP/EFE). Los siete técnicos municipales que, este lunes, comparecieron en el juzgado en el marco de las diligencias seguidas contra el alcalde, Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio, declararon ante la jueza que sí habían avisado al asesor delegado de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea, de la incorrección del procedimiento seguido en algunos de los 25 encargos bajo sospecha. Es más, según fuentes jurídicas consultadas, precisaron que ellos no habrían dado los pasos que se dieron (aunque algunos de ellos sí admitieron que habían dado su visto bueno al menos a dos facturas) y aseguraron que tanto los encargos relacionados con la instalación de nueva señalética en los mercados municipales, como los vinculados a la celebración de la Gala de entrega de Premios al Comercio debían de haberse tramitado como un contrato único.
De hecho, según las mismas fuentes, los funcionarios de la concejalía -que acudían como testigos- también ratificaron que, en 2015, la celebración de esa gala se tramitó a través de un procedimiento distinto: se firmó un convenio por el que se concedió una subvención y se convocó un concurso único para contratar toda la organización. Ese acto de entrega de premios corrió a cargo del Grupo Idex, dentro de un paquete en el que también se incluían acciones publicitarias, según informaron fuentes municipales y pudo confirmar Alicante Plaza. Como informó este diario, la jueza responsable de las diligencias solicitó al Ayuntamiento copia del expediente administrativo instruido en referencia a ese evento para poder comparar las diferencias entre las dos últimas ediciones, pero, según las fuentes consultadas, esa documentación todavía no habría sido entregada.
Los funcionarios, que comparecieron como testigos, explicaron que ellos no habrían seguido los pasos que se dieron
Los funcionarios, igualmente, explicaron que De Gea actuaba como un concejal y que ellos se dedicaban a seguir directrices. La jueza tiene previsto interrogar el próximo jueves a otros cinco testigos, en este caso responsables de agencias de publicidad y medios de comunicación, y el 6 de noviembre hará lo propio con otra decena de proveedores de los servicios concertados entre noviembre y diciembre de 2016 de manera directa, sin concurso, como contratos menores permitidos por la Ley de Contratación del Sector Público, por un importe inferior a los 18.000 euros.
La jueza investiga si Echávarri, que ejercía en esa época como concejal de Comercio, De Gea y el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, incurrieron en un delito de prevaricación al fraccionar, presuntamente, 25 contratos por un importe total próximo a los 190.000 euros para la promoción del comercio local. Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por los grupos municipales del PP y Ciudadanos (C's), y tanto el alcalde como sus dos asesores declararon como investigados (antes imputados) el pasado 6 de octubre.
Los tres negaron entonces haber incurrido en un delito de prevaricación, al sotener que las adjudicaciones podían realizarse a través de contratos menores sin necesidad de recurrir a un concurso público al no formar parte de una misma "unidad funcional". La jueza tomó declaración esta lunes a siete técnicos de la concejalía, cuatro de ellos adscritos a diferentes mercados municipales, para conocer su intervención en estos expedientes.
