ALICANTE. El Puerto de Alicante ultima el proceso para tratar de cerrar el entuerto de la isla flotante: la estructura construida en la bocana de la dársena interior como elemento de dinamización turística con el que se pretendía completar un circuito de acceso público entre los diques de Levante y Poniente, mediante el desarrollo de un restaurante sobre su superficie como elemento de atracción. Ese proceso dará pie a corto plazo al registro de la demanda de rescisión del contrato de obra suscrito con Vías y Construcciones: la filial del grupo ACS a la que se le adjudicó su construcción por 2,7 millones.

El acuerdo de ruptura de ese contrato quedó aprobado en la reunión del consejo de administración del Puerto celebrada el pasado 18 de diciembre, como informó este diario, tras completar el trámite de audiencia conferido a la compañía después de que, en noviembre, se abriese el expediente de rescisión. Entonces, la decisión se justificó en el incumplimiento atribuido a la constructora, toda vez que no habría efectuado la última prueba de carga solicitada por la Autoridad Portuaria como elemento definitivo para garantizar su estabilidad, después de haber ejecutado reparaciones en las pilastras enclavadas en el lecho marino sobre las que se sustenta.

Al margen de ello, el Puerto también se había pertrechado de diversos informes periciales para calibrar el estado de la estructura en los que se habrían constatado supuestos defectos de ejecución. En esos dictámenes se concluía que el proyecto no se había ejecutado tal como estaba previsto, y que tampoco se había subsanado esos defectos detectados, a pesar de que la Autoridad Portuaria trató de favorecer la correcta ejecución del contrato "instando al contratista a presentar una propuesta de subsanación, y ampliando el plazo de finalización de la obra". Sin embargo, según se informó a la conclusión de la reunión del consejo del pasado diciembre, las dos opciones fueron "rechazadas por el contratista alegando falta de viabilidad".

En ese momento, se concretó que debía procederse a la comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos ejecutados, "debiéndose levantar acta descriptiva de las obras realizadas y recibidas; determinando, junto con la liquidación del contrato, los daños y perjuicios que, en su caso, procedan". Se trata de elementos a incorporar en la demanda de resolución contractual que se estarían concretando ahora. No obstante, ni en diciembre ni hasta ahora se ha llegado a resolver cuál podría ser el futuro de la instalación. De ahí que, por el momento no se haya determinado si se procederá a su derribo y desmantelamiento.

¿Posible reparación?

En principio, fuentes portuarias consultadas indicaron que, a la vista de la resolución contractual y de sus implicaciones en forma de posible reclamación económica, Vías y Construcciones podría optar por efectuar finalmente la prueba de carga con el propósito de calibrar el estado de la infraestructura. Y, en el caso de que resultase necesario, efectuar una nueva intervención de reparación que pudiese reforzar su estabilidad para que pudiese ser recepcionada por el Puerto, toda vez que la alternativa del desmantelamiento podría suponer un coste prácticamente similar al de su construcción, según las mismas fuentes.

En el supuesto de que la compañía explorase la opción de concluir la ejecución del contrato procurando que la estructura pudiese tener el uso público previsto, se abriría un posible camino para el entendimiento que podría conducir a la retirada de la reclamación por parte del Puerto. Sea como fuere, lo cierto es que la Autoridad Portuaria ya ha depreciado su valor en su propia contabilidad, cuando aprobó la liquidación de la contabilidad correspondiente al ejercicio de 2024 y consideró el deterioro de ese activo, que continúa sin tener el fin pretendido tres años después de que se diese por concluida su construcción.