ALICANTE. El litigio enquistado en torno a la construcción de la isla flotante del Puerto de Alicante queda abocado a un futuro incierto en el que ya se abre la puerta a su posible demolición. Cuando menos, así queda contemplado en el informe de liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2024, aprobado este jueves por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, en el que se refleja en términos contables el deterioro del valor de esa estructura flotante, situada en la bocana de la dársena interior, a la vista de que continúa sin ser utilizable cerca de dos años después de que la empresa adjudicataria, Vías y Construcciones (Grupo ACS) diese sus obras por completadas.
De este modo, el informe contable prevé la posibilidad de que se acabe acordando su desmantelamiento "y, por tanto, del deterioro 100% del valor de lo invertido" en su ejecución, con un coste de 2,7 millones. Eso sí, de igual modo, ese informe comprende que pueda plantearse el ejercicio de acciones legales frente a la compañía responsable de su construcción con el fin de promover la "posible recuperación de las cantidades invertidas".
Por el momento, el escenario de la demolición -y de la posible reclamación judicial posterior- es solo una de las alternativas que siguen sobre la mesa, sin que se haya adoptado ninguna decisión definitiva, según fuentes portuarias consultadas por Alicante Plaza. La primera opción por la que se sigue apostando en esta fase es la de conocer el estado real de esa estructura, con la que se pretendía completar un circuito de uso público que conectase toda la dársena interior, entre los muelles de Levante y Poniente, con la implantación de un restaurante sobre la superficie de esa isla como aliciente turístico, que quedó adjudicado a Forty Group en 2022.
Informe pericial
En este sentido, como informó este diario, el Puerto ya ha encomendado la contratación de un último informe pericial al gabinete de ingeniería Artic Infraestructure Managment por 17.908 euros con el propósito de calibrar la estabilidad de la construcción, después de que se constatase el hundimiento de al menos una de las pilastras enclavadas en el lecho marino en las que se sustenta. Según las mismas fuentes, el encargo de ese estudio llega ante el rechazo de la empresa contratista a efectuar una última prueba de carga que permite evaluar su estabilidad, después de que ya ejecutase una primera actuación para corregir los problemas detectados en esa pilastra.
Así, se confía en que las conclusiones de ese informe pericial permitan avanzar hacia una nueva fase en la resolución del conflicto. Bien con un acuerdo con Vías y Construcciones que permita consolidar la estructura para que pueda tener el uso público pretendido, tras la firma de la recepción de las obras, o bien con una hipotética resolución contractual que abocaría al inicio de un proceso de reclamación judicial, además de desembocar en su previsible derribo, sin ninguna garantía de que vaya a promoverse un segundo proceso para volver a construirla desde cero. Todo ello, además, en un contexto en el que la Autoridad Portuaria ya se ha provisto del barco-taxi con el que se preveía organizar los desplazamientos hasta esa estructura flotante: una embarcación construida por la empresa Nasai Marine por un importe de 463.430 euros (impuestos incluidos).
