ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), da el paso y promueve la solicitud de competencias para poder inspeccionar, sancionar y recaudar el importe de las correspondientes multas respecto a los pisos turísticos que no cumplan con la normativa reguladora. El acuerdo se prevé someter a dictamen de la comisión de urbanismo el próximo viernes con la previsión de que pueda elevarse a aprobación en el pleno ordinario de este mes. Es decir, justo un año de que el ayuntamiento firmase su adhesión al convenio marco establecido por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en el marco de la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025 para asumir esa prerrogativa, que queda amparada a través del decreto regulador de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) aprobado en agosto de 2024.

El impulso de esa solicitud, anticipada por el vicealcalde y edil de Urbanismo en funciones, Manuel Villar, el pasado diciembre, se produce después de que se haya ejecutado la reestructuración de ese departamento muncipal con el propósito de disponer de una sección específica dedicada al control de infracciones urbanísticas. Esa reordenación incluyó la designación de un jefe de servicio específico, como adelantó este diario.

Además, la medida de asunción de esa potestad de inspección, sanción y recaudación se justifica a la vista de la tendencia al incremento en la apertura de expedientes que se habría registrado en el margen de los tres últimos ejercicios. Según el informe técnico que sustenta la propuesta que se prevé someter a votación, en 2023 se abrieron 91 expedientes relacionados con supuestas irregularidades en pisos turísticos. Esa cifra se elevó hasta los 128 en 2024, lo que supuso un aumento del 40,6%. Y esa evolución volvió a ser ascendente en 2025 con 199 expedientes, un 55,4% más. Así, en relación con el volumen de actividad del departamento, el informe señala que consta la incoación de un total de 418 expedientes de infracción urbanística en VUT en el periodo 2023-2025 y que en un 80% de los casos las infracciones se confirman con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. En el 90% de estos casos, se procede a la incoación de un expediente sancionador.

Estimación de ingresos

La propuesta de adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicial de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que "no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone". Además, en ese periodo de cinco años, se estima que podría llegar a recaudarse la cantidad de 8,8 millones (8.845.650 euros) a partir de los datos disponibles y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local.

Respecto al incremento de la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles que supondría la adhesión al convenio, la estima en un 20%, según precisan fuentes municipales, a través de un comunicado. Además, el impacto estimado en el presupuesto de gastos es nulo, puesto que, señala el informe, "el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha".

En esta línea, el edil de Urbanismo ha apuntaod que "este convenio es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante". "Asumir las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico nos permitirá disponer de todos los medios para controlar las irregularidades en esta materia y evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante", ha añadido.

La asunción de competencias sancionadoras, recuerda Villar, "se suma a otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, como son la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad".