ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), da el paso y promueve la solicitud de competencias para que el Ayuntamiento pueda inspeccionar, sancionar y recaudar el importe de las correspondientes multas respecto a los pisos turísticos que no cumplan con la normativa reguladora del sector. El acuerdo se prevé someter a dictamen de la comisión de Urbanismo este viernes con la previsión de que pueda elevarse a aprobación en el pleno ordinario de este mes. Es decir, justo un año después de que el ayuntamiento firmase su adhesión al convenio establecido por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en el marco de la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025 para asumir esa prerrogativa, que queda amparada en el Decreto Ley 9/2024 regulador de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), aprobado por la Generalitat en agosto de 2024.

El impulso de esa solicitud, anticipada por el vicealcalde y edil de Urbanismo en funciones, Manuel Villar, el pasado diciembre, se produce después de que se haya ejecutado la reestructuración de ese departamento muncipal con el propósito de disponer de una sección específica dedicada al control de infracciones urbanísticas. Esa reordenación incluyó la designación de un jefe de servicio específico, como adelantó este diario.

Además, la medida de asunción de esa potestad de inspección, sanción y recaudación se justifica a la vista de la tendencia al incremento en la apertura de expedientes que se habría registrado en el margen de los tres últimos ejercicios. que se habría producido en consonancia con el aumento de la presencia de VUT en el conjunto del término municipal. En concreto, la misma propuesta justificativa de la solicitud señala que, en función de los datos del censo de VUT facilitados por el Servicio Territorial de Turismo, se estima que existen 4.108 pisos turísticos registrados en la ciudad, lo que representa el 2,31% del parque de viviendas de la ciudad. Además, existirían otros 518 pisos turísticos ilegales, según cálculos del Ministerio de la Vivienda, añade la propuesta.

En este sentido, el informe técnico que sustenta la propuesta que se prevé someter a votación, apunta que en 2023 se abrieron 91 expedientes relacionados con supuestas irregularidades en pisos turísticos. Esa cifra se elevó hasta los 128 en 2024, lo que supuso un aumento del 40,6%. Y esa evolución volvió a ser ascendente en 2025 con 199 expedientes, un 55,4% más. Así, en relación con el volumen de actividad del departamento, el informe señala que consta la incoación de un total de 418 expedientes de infracción urbanística en VUT en el periodo 2023-2025 y que en un 80% de los casos las infracciones se confirman con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. En concreto, según el informe, en 2025 se elevaron a la conselleria 21 peticiones de suspensión. En el 90% de estos casos, se procede a la incoación de un expediente sancionador.

Estimación de ingresos

La propuesta de adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicial de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que "no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone". Además, en ese periodo de cinco años, se estima que podría llegar a recaudarse la cantidad de 8,8 millones (8.845.650 euros) a partir de los datos disponibles y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local.

Respecto al incremento de la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles que supondría la adhesión al convenio, el informe la estima en un 20%, según precisan fuentes municipales, a través de un comunicado. Además, el impacto calculado en el presupuesto de gastos es nulo, puesto que, señala el informe, "el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha".

En esta línea, el edil de Urbanismo ha apuntado que "este convenio es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante". "Asumir las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico nos permitirá disponer de todos los medios para controlar las irregularidades en esta materia y evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante", ha añadido.

La asunción de competencias sancionadoras, recuerda Villar, "se suma a otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, como son la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad". En esa nueva regulación, se fijan límites a la implantación de todo tipo de alojamientos turísticos tras establecer una ratio máxima de 0,187 plazas por habitante en cada distrito censal para que puedan concederse nuevas licencias de actividad para Viviendas de Uso Turístico (VUT), bloques turísticos completos y hoteles, con la excepción de los establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas. Además, se prevé un índice menos restrictivo para los hoteles de tres estrellas, de 0,82 plazas por habitante.