ALICANTE. Proceso de actualización en fase de culminación. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), ha aprobado este martes en la reunión semanal de la Junta Local (el órgano de representación política en la que se adoptan la mayor parte de las decisiones municipales en una ciudad del tamaño demográfico de Alicante) el proyecto de modificación del Reglamento de Usuarios del Transporte Colectivo Urbano de Alicante, aprobado en 1997, con el objetivo de actualizar y mejorar del marco normativo regulador del uso del transporte colectivo urbano. En suma, se trata de una actualización con la que se pretende incorporar todas las novedades legislativas sobre el sector, así como las condiciones de accesibilidad de elementos no previstos hasta ahora, como los patinetes eléctricos, al margen de incorporar medidas relacionadas con la protección de datos personales.

De acuerdo con esa nueva regulación, los ciudadanos que pretendan acceder a un autobús provistos de un patinete eléctrico o una bicicleta solo podrán hacerlo siempre que ese vehículo de transporte personal (VMP) quede plegado y guardado en una bolsa. Esa medida se extiende también a los usuarios que porten monopatines, patines o patinetes: podrán subirlos a bordo de los autobuses solo si van introducidos en sus correspondientes bolsas. Además, la revisión de la regulación establece que sí podrán acceder los usuarios acompañados de carritos de bebé desplegados, simples y dobles, así como las sillas tipo bebé para menores con movilidad reducida y con andador.

Al tiempo, entre las principales novedades, también se permite el acceso de personas que se desplacen en sillas de ruedas eléctricas, siempre que el peso de ese medio y el de su usuario no sobrepase los 300 kg de peso. De igual modo, se establece que las personas que viajen solas y en sillas específicas para grandes dependientes, es que podrán utilizar la validadora trasera para sus títulos de transporte.

Multas por no pagar el billete

Al margen de ello, la revisión de la normativa comprende la actualización de las sanciones por acceder al vehículo sin abonar el importe del viaje, que pasa de estar contemplado en pesetas (el equivalente a seis euros actuales) para elevarse hasta los 100 euros. Esas son las principales novedades del texto, que se elevará a aprobación inicial al pleno de enero para que pueda abrirse el plazo de presentación de alegaciones, lo que abriría la puerta a posibles revisiones, según ha precisado el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que la modificación "resulta necesaria, asimismo, para garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte público urbano; para definir de manera clara y precisa los derechos y deberes de las personas usuarias, con especial atención a las personas con movilidad reducida; para regular el uso de los vehículos de movilidad personal en el ámbito del transporte público; y para establecer un régimen sancionador adecuado, proporcionado y acorde con la normativa vigente".

El proyecto de reglamento se promueve como parte de las medidas para actualizar y modernizar el transporte público en la ciudad, tras la adjudicación de la concesión del servicio de autobús urbano el pasado 23 de noviembre de 2022 para un periodo de 10 años y de ponerse en marcha el proceso hacia la electromovilidad con la incorporación de nuevos vehículos, así como la digitalización de los títulos de transporte, según inciden fuentes municipales, a través de un comunicado.